Las medidas cautelares otorgadas aún pueden ser impugnadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por la Secretaría de Energía.
El juez Rodrigo de la Peza López Figueroa otorgó 11 suspensiones definitivas a igual número de empresas, con lo que suman dos jueces federales que ordenan paralizar de manera indefinida la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica.
juzgador coincide con su homólogo Juan Pablo Gómez Fierro, en el sentido de que el estatuto impugnado y que entró en vigor el 9 de marzo, puede afectar la competencia y libre concurrencia, el medio ambiente y genera incertidumbre.
Las medidas cautelares otorgadas aún pueden ser impugnadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por la Secretaría de Energía, a través de un recurso de revisión que corresponderá resolver a un Tribunal Colegiado.
Hoy el juez Gómez Fierro otorgó seis suspensiones definitivas más, con las que suman en total 29 las concedidas por ambos juzgadores.
López Figueroa, juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en toda la República Mexicana, mencionó en una resolución previa (suspensión provisional) que los cambios en el sector eléctrico buscan dar prioridad a la Comisión Federal Electricidad (CFE).
«Parece probable que se esté activando una barrera a la competencia con la finalidad de que los interesados en ingresar al sector eléctrico, ya no lo hagan, o los que se encuentran operando lo abandonen, con la consecuencia de privilegiar el uso de energías convencionales”, detalló.
El juez estimó que las empresas ofrecieron pruebas que hacen presumir que la Ley de la Industria Eléctrica genera una afectación a sus planes de negocio, “pues incluso una de las finalidades de la reforma consiste precisamente en eliminar el mercado colateral que se ha desarrollado a raíz de la continuación de la vigencia de los permisos de autoabastecimiento”.
Las compañías del sector mencionaron que la Ley de la Industria Eléctrica representa un retroceso en la protección al medio ambiente, por frenar o restringir la entrada al mercado de empresas productoras de energía limpia, situación que puede afectar a la sociedad por no contar con un medio ambiente sano, y por ende, puede provocar un daño a la salud.
«Además, también existe un interés social en que se mantenga una diversificación de generadores de energía en el mercado, pues la desaparición de centrales eléctricas de energía limpia, mediante una barrera a la competencia económica, podría provocar el alza injustificada de precios y la reducción en la eficiencia en el funcionamiento del mercado, en perjuicio de los usuarios finales”, indica el documento.
Información por MILENIO
