El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, enfrenta una de las etapas más críticas de su carrera política luego de que el Supremo Tribunal Federal ordenara medidas cautelares en su contra como parte de una investigación por intento de golpe de Estado.
La Corte, encabezada por el juez Alexandre de Moraes, determinó que Bolsonaro deberá portar una tobillera electrónica, permanecer bajo arresto domiciliario nocturno (de 7 p.m. a 6 a.m.), no utilizar redes sociales, y no acercarse a embajadas ni a ciertas personas, incluidos excolaboradores y su propio hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro. Esta decisión responde a la acusación de que el exmandatario habría buscado el apoyo del expresidente Donald Trump para desestabilizar el poder judicial brasileño tras perder las elecciones de 2022.
Las autoridades también allanaron su residencia y la sede de su partido. La Policía Federal argumenta que existen riesgos reales de fuga y destrucción de pruebas, lo que motivó las medidas extremas.
Por su parte, Bolsonaro calificó las acciones del Supremo como una «suprema humillación» y reiteró que es víctima de persecución política. Negó haber intentado huir del país o haber participado en cualquier conspiración.
La situación ha escalado al plano internacional: Donald Trump ha calificado el proceso como una «caza de brujas» y amenazó con imponer un arancel del 50% a las importaciones brasileñas a partir del 1 de agosto si el juicio continúa, lo que ha sido visto por muchos como una injerencia directa en la soberanía de Brasil.
En medio de este escenario, el país se encuentra dividido: mientras algunos aplauden la acción de la justicia, otros consideran que se está vulnerando el derecho a la defensa del exmandatario.
