El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral reconoció que la consulta popular no tendrá todos los estándares previstos porque no se pueden asumir sin presupuesto.
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, sostuvo que si el INE no ha comenzado con la difusión de la consulta popular es porque están impedidos, pues la Cámara de Diputados estableció como fecha permitida el 15 de julio, y reconoció que la primera consulta popular legal en el país “no se hará como se debe de hacer”.
En entrevista, Córdova señaló que ante los cuestionamientos del por qué el INE no ha convocado a la consulta, es simple y sencillamente porque no pueden hacerlo, pero en cuanto llegue la fecha legal, se desplegará “toda la maquinaria” de espacios con que cuente la autoridad electoral.
“La convocatoria surge efectos a partir del 15 de julio, antes, el INE tiene que organizar la consulta, pero no hay consulta, entonces lo que se diga en los medios es producto de la libertad de expresión y ya veremos el 15 de julio cuando empezará formalmente la consulta a desplegar todos nuestros mecanismos de arbitraje, de garantía y de difusión. Fíjate, nosotros no podemos difundir en este momento que va a hacer consulta, lo hacemos a través de ustedes con espacios como este privilegiados, pero no podemos emitir spots porque todavía no surte efecto de la convocatoria.
“Será hasta el 15 (de julio) cuando se desplegará toda la maquinaria de divulgación y disfunción del instituto para convocar al mayor número de personas, ciudadanas y ciudadanos a que ejerzan ese derecho político inédito que por primera vez podremos ejercerlo”.
El consejero presidente dijo que aunque la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda y la Suprema Corte de Justicia de la Nación no les otorgaron un solo peso a pesar de las peticiones y controversias constitucionales que interpusieron, la consulta popular que busca preguntar si se investigan a actores políticos del pasado, incluidos ex presidentes de la República, será una realidad porque si hay una instancia que cumple con sus obligaciones constitucionales, es el INE.
Córdova enlistó que entre los cambios que, “lamentablemente” por falta de recursos, el INE tendrá que aplicar que realizar la consulta popular en una menor dimensión de como estaba prevista.
A diferencia de las 162 mil 500 casillas instaladas el 6 de junio, se pondrán alrededor de 57 mil mesas receptoras de votación, “eso quiere decir que habrá ciudadanos que tendrán que recorrer un trecho más largo para poder llegar a votar probablemente”; se convocará a las mismas personas que participaron como funcionarios de mesa de casilla en la elección, número que se reducirá de seis a tres.
La papeleta tendrá sólo algunos de los mecanismos de seguridad de la boleta y los consejos distritales y locales no se mantendrán, pues esto implica pago de dietas, además de que los asistentes electorales pasarán de 50 mil a 10 mil.
“Es decir, hay que decirlo, vamos a hacer una consulta no como se debe hacer una consulta, pero no hay otra manera porque se requerirían mejores mecanismos de seguridad, el INE trabaja con altos estándares de seguridad que hoy no se van a ver eliminados pero sí se van a ver reducidos, para poder hacer digámoslo así, el mejor ejercicio y que por cierto, frente a las consultas que se han hecho en el pasado, la legales y las no legales, es decir las que se hicieron fuera de la ley, esta va a ser la mejor consulta que va a tener la sociedad mexicana porque se va a hacer conforme lo que dice la Constitución.
“Pero claro, esto no es y que quede claro, cómo se tienen que hacer las cosas, porque si al INE se le pide que haga cosas, los otros órganos del Estado tienen que proveer los recursos necesarios para que se pueda cumplir ese servicio público que es el desarrollo de la democracia en las mejores condiciones”.
Aunque la consulta inicialmente se preveía en mil 499 millones de pesos, con la nueva organización que reduce las casillas y el personal, se invertirán 500 millones de pesos que, de acuerdo a lo que reveló el consejero presidente, previenen de ahorros del 2020 como congelar las vacantes en el instituto a pesar de estar en medio de una elección, cancelar proyectos y mantener las buenas prácticas administrativas como licitar todo lo que adquiere el INE.
“Todos esos recursos, en esta ocasión, en vez de devolverse a Hacienda, como habría ocurrido en un contexto ordinario, se van a utilizar para la consulta. Como sabíamos que no podíamos depender de la solidaridad y de la responsabilidad de otros órganos del Estado, desde el año pasado cuando la Cámara de Diputados nos dio cero pesos de presupuesto, decidimos utilizar todas las economías que la pandemia había traído consigo.
“En lugar de devolverlas a Hacienda, adelantamos pagos a Talleres Gráficos de México para la producción del material de la elección, al contrario de lo que se diga, el INE es una institución austera, se dice lo contrario afuera, pero si revisas la cantidad de recursos que las medidas de austeridad han generado, es una cantidad muy consistente”.
Información por MILENIO
