CNDH, en proceso de revisar queja ante exgobernador César Duarte por indebida procuración de justicia; no se han resuelto irregularidades ni castigado a funcionarios
Este 16 de diciembre se cumplen 10 años del feminicidio de la activista Marisela Escobedo Ortiz, cometido frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, y el balance actual del caso es desastroso: no se han resuelto omisiones e irregularidades ni se ha castigado a funcionarios y exfuncionarios que operaron durante la administración del exgobernador César Duarte Jáquez.
Tampoco los daños provocados a los familiares —quienes actualmente viven en Estados Unidos por amenazas a su integridad— han sido reparados, menos aún se les ha ofrecido una disculpa pública. Es decir, el suceso quedó en la impunidad y no se impartió justicia para Marisela, ni tampoco para su hija Rubí Frayre, quien también fue asesinada y por quien Escobedo inició una defensa férrea por todo el país entre 2008 y 2010.
Así lo revela la investigación que derivó en el documental Las tres muertes de Marisela Escobedo, coproducida por Netflix, Vice y Scopio —basada en la revisión de 3 mil 707 fojas de expedientes, 21 horas de audiencia y los diarios de la familia, así como más de 100 solicitudes de información y la elaboración de una línea del tiempo de 342 eventos suscitados—, y cuya versión extensa se puede consultar en el interactivo de El Gran Diario de México.
En entrevista, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, señala que no se ha hecho justicia, no se han reparado los daños ni tampoco el gobierno de Chihuahua ha ofrecido una disculpa pública tras una década.
Por lo anterior, han comenzado a revisar la recomendación 44/2013 —que documentó cómo el gobierno de Chihuahua violó el acceso a la justicia, a los derechos, a la legalidad, a la seguridad jurídica, al trato digno, a la debida procuración de justicia y a la verdad—, con el fin de conocer su estatus y, en caso de que sea necesario, reabrirla.
“Estamos en ese proceso de revisión de esa queja que culminó en una recomendación de esta comisión el 28 de octubre de 2013. Esta CNDH emitió la recomendación 44/2013 y está dirigida al gobernador de aquel entonces, César Duarte.
“En ella se le acusa de indebida procuración de justicia en agravio de Marisela Escobedo y de tres víctimas ofendidas por este delito (…) Estamos revisando esa recomendación para ver qué pasó, si se le dio el seguimiento. Estamos analizando y, en caso de ser necesario que encontremos puntos débiles, algo que se dejó de atender, nosotros la vamos a reabrir”, afirmó Piedra Ibarra.
“Aquí lo que hay que indagar (…) es qué está pasando, no sólo para la reparación integral del daño que incluye la disculpa pública, sino para garantizar la no repetición”, agregó, y señaló que la reciente recomendación general 43/2020 al Estado mexicano es uno de los ejes de su administración para fortalecer las políticas públicas contra el feminicidio.
Ahora, el caso Escobedo se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que recientemente notificó al Estado mexicano sobre la petición inicial, y por la cual tendrá que responder en un periodo de tres meses.
Es decir, el 2 de febrero próximo deberán tener una respuesta en torno a las acusaciones vertidas que interpusieron el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), así como Mexicanos en Exilio (Mexenex).
Por ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, para que tome el caso. Sin embargo, no respondió a la petición de entrevista que este medio realizó desde el 17 de noviembre.
Consultada al respecto, la titular de la CNDH abundó que colaborarán junto con el equipo de Encinas, pero aclaró que, como organismo autónomo, estarán del lado de la familia Escobedo.
Por su parte, durante este décimo aniversario, el abogado de la familia Escobedo, Carlos Spector, ofrecerá una conferencia de prensa a las 10:00 de la mañana sobre los avances y entregará un documento al Consulado de México en El Paso, Texas.
También, a las 6:00 de la tarde se llevará a cabo el evento #UnaVelaParaMarisela, en el que se encenderán veladoras frente al Palacio de Gobierno y habrá un acto virtual con artistas como Alejandro Fraire Escobedo —hijo de Marisela—, Lavinia Ekaterina, Vivir Quintana y Narce Dalia.
Omisiones e irregularidades
La investigación de Netflix, Scopio y Vice detectó que una de las principales omisiones de la carpeta de investigación 21783/2010 radica en que, en esta década, no ha sido interrogado el principal sospechoso señalado por la familia Escobedo: Andy Barraza Bocanegra, hermano de Sergio —feminicida de Rubí Fraire.
El delegado estatal de la entonces Procuraduría General de la República en Chihuahua entre 2010 y 2015, César Peniche, quien hoy es fiscal General del Estado, no logró encontrar y hacer declarar a Andy en 10 años, pese a que el equipo del documental lo localizó y lo entrevistó en una cárcel de Estados Unidos.
Sumado a lo anterior, la fiscalía mintió en dos ocasiones: presentó en fechas distintas a dos personas como las culpables del feminicidio, sin acreditar ninguna evidencia contundente que concluyera que ocuparon el arma de fuego.
Las autoridades señalaron a Héctor Flores Morán, El Payaso, el 15 de diciembre de 2011, y a José Enrique Jiménez Zavala, El Wi-cked, el 4 de octubre de 2012. Ambos fueron mencionados ante los medios de comunicación, sin un debido proceso y sin que se llevaran a cabo las investigaciones correspondientes. El exgobernador Duarte Jáquez apoyó la versión de la fiscalía, aunque el Ce-dhem apeló a esa verdad oficial.
Los dos fueron asesinados en condiciones sospechosas, sobre todo El Wicked, quien fue estrangulado dentro del Penal de Máxima Seguridad Aquiles Serdán. Esto sucedió luego de que él solicitara el protocolo de Estambul el 17 de octubre de 2014.
Jiménez Zavala tomó esa decisión porque aseguró a su defensa que agentes de la fiscalía lo habían torturado a él y a su esposa para que se inculpara en el asesinato de Escobedo. Esto significaba derrumbar la versión de Duarte Jáquez y de la fiscalía ante un juicio oral.
Información por EL UNIVERSAL
