La Bandera, principal escisión de Guerreros Unidos, mantiene una lucha armada frente a Los Tlacos por el control de Iguala, la región Norte y la zona de explotación minera.
Iguala vuelve a estar bajo fuego. A un mes de que se cumplan siete años de la desaparición de 43 normalistas de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la región Centro de Guerrero está sumergida de nuevo en un contexto de violencia generado por la atomización de Guerreros Unidos: el cártel se convirtió en un semillero de células criminales que ahora se enfrentan entre sí por el control de la zona.
Entre otras organizaciones que se han derivado de Guerreros Unidos, de acuerdo a funcionarios con conocimiento del tema, así como informes de inteligencia federal y estatal, se encuentran La Bandera, Los Tlacos y Los Tilos.
Según los datos obtenidos, La Bandera se escindió de Guerreros Unidos a finales del sexenio pasado y aunque se presentó públicamente en septiembre de 2020 como una “organización nueva” a partir de la colocación de mantas en diferentes puntos de la ciudad, entre sus filas se encuentran viejos integrantes de Guerreros Unidos.
En una lucha intestina, esta organización se halla confrontada ahora con otras células remanentes de Guerreros Unidos, que han comenzado a operar con Los Tlacos para hacerse del control de la ciudad, considerada como el centro político y comercial de la región Centro de Guerrero.
A la par, otro remanente de Guerreros Unidos dio nacimiento ya a un grupo de sicarios conocido como “El señor fantasma”, que se dedica a la ejecución de integrantes de grupos delictivos antagónicos.
La metástasis y crisis de seguridad ya fue detectada por el gobierno federal, que ha notado un incremento en la violencia entre los distintos grupos de la zona.
“Hay que entender que el problema de la violencia en esta región del estado de Guerrero, particularmente de Iguala y Tierra Caliente, tiene que ver no solamente con este ajuste de cuentas o este pacto de silencio para borrar toda huella en el caso de Ayotzinapa, sino también la recomposición de los grupos: la división de Guerreros Unidos con La Bandera”, reconoció la semana pasada el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas.
La escisión de Guerreros Unidos también se refleja en la estadística. La violencia en el municipio de Iguala mantiene un ritmo rampante en los últimos años, pero en 2021 ha alcanzado niveles récord: Las cifras del SNSP señalan que entre enero y julio del presente año se cometieron 131 homicidios dolosos, lo que representa una cifra mayor que los 128 asesinatos registrados en todo el año pasado.
De mantenerse este ritmo de muertes violentas, el municipio cerrará el año con al menos 225 asesinatos, lo que representaría un incremento anual de 75 por ciento con respecto al registro de 2020.
Desde el año pasado, cuando se anunció la irrupción de La Bandera, se presentó un repunte de la violencia en Iguala, ya que los homicidios dolosos pasaron de 56 casos en 2019 a 128 en 2020; es decir, se incrementaron en 128.5 por ciento, según las cifras oficiales del gobierno mexicano.
En ese sentido, el coordinador del Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUCPEG), Salvador Alanís Trujillo, admitió recientemente que La Bandera tiene interés en controlar Iguala, pero que se ha confrontado con células de Guerreros Unidos que se han reagrupado, particularmente tras la liberación de Gildardo Astudillo, El Gil.
De acuerdo a la información obtenida, en febrero de 2021, por medio de varias mantas colocadas en diferentes puntos de Iguala, La Bandera denunció una alianza entre Los Tlacos y los hermanos Osiel, Mateo, Orbelín y Salvador Benítez Palacios -antiguos integrantes del Guerrero Unidos- a quienes acusó de asociarse con los grupos delictivos de la Sierra para tratar de recuperar el control de la región, lo que desató un nuevo momento de confrontación.
La descomposición de Guerrero Unidos se ha visto alimentada por la liberación de medio centenar de ex integrantes del grupo criminal y policías a los que se detuvo, en el sexenio pasado, por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero cuyos procesos jurídicos colapsaron debido al uso de tortura.
Por ejemplo, se estima que al menos una veintena de policías detenidos tras los hechos de 2014 han recuperado su libertad, ya estaban de regreso y peleaban por medio de abogados que se les cubrieran sus salarios, que representaban poco más de un millón de pesos en cada caso.
El 11 de febrero de 2020, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno del estado, David Portillo Menchaca, declaró a diferentes medios, que si bien no todos, una buena parte de los policías recientemente liberados y que fueron vinculados a la desaparición de los 43, estarían relacionados con el repunte de la violencia desatada en parte importante de la región Norte, pero particularmente en el caso de Iguala.
Aunque no mencionó las siglas de ninguna organización delictiva, Portillo Menchaca sí señaló que se trataba “de algunas personas que recientemente salieron de prisión y que tratan de recuperar los espacios que antes controlaban”.
Información por MILENIO
