Para revertir los efectos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá presentar una controversia constitucional ante la SCJN.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) puede sufrir un recorte presupuestal en los próximos años, como consecuencia del acuerdo presidencial en el cual están incluidas las obras de infraestructura del sector como de interés público y seguridad nacional, advirtió Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET).
El pasado lunes, en el Diario Oficial de la Federación el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un acuerdo por el que se instruía a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican en el mismo, en relación con los proyectos y obras del gobierno considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional.
En entrevista, el especialista en legislación explicó que incluir a las telecomunicaciones en el acuerdo es un grave error, además de que el mismo mandato viola en todas sus vertientes a la propia Constitución y a la autonomía del órgano regulador.
“El decreto es inconstitucional. Seguramente por ignorancia del Presidente y su gente incluyó a las telecomunicaciones. En telecomunicaciones no tiene el Presidente ninguna atribución respecto al otorgamiento de concesiones, autorizaciones o permisos”, explicó Soria.
El acuerdo presidencial no debería de tener ningún efecto en el sector; sin embargo, tras no contar con las puntualizaciones para la industria, éste puede impactar de manera directa en el presupuesto del IFT con el fin de “castigar” al sector de las telecomunicaciones, explicó el presidente del IDET.
El acuerdo señala que serán prioritarios los proyectos de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos y aeropuertos.
Además de los anteriores, se tomarán todos aquellos proyectos que por su naturaleza, complejidad, magnitud y características particulares sean considerados “prioritarios y/o estratégicos” para el desarrollo nacional.
Ante esto, Soria comentó que “el Presidente pretende suplantar a todas las leyes y establecer plazos que no están fijados en ninguna ley y además cambiar lo que expresamente dicen las leyes y atribuirle efectos positivos al silencio administrativo”.
