José Gabriel Martín Hernández aseguró que Palma Salazar ha cumplido «injusta e indebidamente» una prisión preventiva de cinco años; agregó que tramitarán un amparo contra el arraigo a su cliente.
La defensa jurídica de Héctor El Güero Palma Salazar acusó que el proceso que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) está lleno de irregularidades, porque alargó el proceso de “manera dolosa, violando el debido proceso”.
Durante una entrevista con Alejandro Domínguez, el abogado José Gabriel Martín Hernández aseguró que el ex líder del cártel de Sinaloa fue acusado de asociación delictuosa y delitos contra la salud, en la modalidad de extracción de psicotrópicos y estupefacientes o narcóticos fuera del país, imputaciones por las cuales permanece actualmente en el Centro Nacional de Arraigos de la Ciudad de México.
El litigante aseguró que su cliente ya cumplió con una sentencia en Estados Unidos, misma que abarca delitos cometidos desde antes de 1995, “incluyendo temas que se hubieran cometido en territorio americano y territorio mexicano”.
“Se nos hizo llegar el documento de California, es una documental donde las autoridades judiciales de los Estados Unidos sancionaron y se cumplió en todos sus términos tanto el convenio como la sentencia, con lo cual el señor Héctor Palma Salazar obtiene su libertad ”, señaló.
Indicó que Palma Salazar se encontraba en un nivel 1, es decir , “que no tiene delitos probados en Estados Unidos y que esa información queda secreta para dicho gobierno, la cual obra en el expediente de ellos. No tiene antecedentes penales en ese país antes de esa sentencia, el nivel 1 significa que no tiene ninguna peligrosidad”, dijo.
Los documento establecen que El Güero Palma ya cumplió con su proceso en Estados Unidos, para después ser extraditado y por ende “obtener su libertad”, de acuerdo con Hernández Rodríguez.
“Aquí se demuestra que el señor Palma ya fue sujeto a un juicio por extracción de narcóticos, pero él fue sujeto bajo a estos cargos a una conspiración para distribuir, tomando en cuenta los hechos desde 1995”, señaló.
Asimismo, expresó que cuando su cliente estuvo en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, se demostró que no cometió algún delito relacionado con el narcotráfico.
Además, el abogado pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, a nombre de Héctor Palma Salazar, “le den cuenta real de la documentación para que no se cometa una injusticia”, al tiempo que “no crucifique a su cliente.
“Se demostró, durante todo ese proceso, que había sido objeto de una imputación por parte de cuatro testigos falsos”, denunció.
Entre los elementos presuntamente falsificados, se encontraron “firmas, huellas (y) la suplantación de una persona que a la postre se demostró que era falso el testimonio, y que esa persona nunca había declarado”.
El abogado precisó que los testimonios presentados «fueron recabados en 2001 de dos testigos protegidos, otros dos testigos que nunca los presentaron y unos testigos también de EU que tampoco los presentaron, y que incluso había declaraciones de ellos pero jamás le habían imputado un hecho delictivo” a El Güero.
De acuerdo con el defensor, el proceso iniciado desde 2016 contra Palma Salazar debió acabar en menos de un año, «de acuerdo con el artículo 17» de la Constitución, «por hechos que supuestamente acontecieron en diversas épocas».
El abogado aclaró que no existe una sentencia contra El Güero Palma, y que su absolución el 1 de mayo por delincuencia organizada –único delito del cual era acusado– se debió a que «un secretario en funciones de juez analizó todas las pruebas, fueron 55 tomos, cada tomo con 2 mil hojas más 22 tomos de pruebas».
Asimismo, aseguró que Palma Salazar cumplió injustamente o indebidamente una prisión de cinco años.
“Una de las motivaciones supuestas que quiso hacer la Fiscalía era de hechos por los cuales él ya había sido juzgado en Estados Unidos (…) pero también aquí en México ya había sido juzgado por esos mismos hechos en otra temporalidad”, precisó.
Presentarán amparo ante arraigo en CdMx
La defensa de Palma Salazar mencionó que promovieron amparos contra el arraigo de 40 días por la privación ilegal y la incomunicación.
Añadió que la defensa y la familia se presentaron en el Centro Nacional de Arraigo, pero no se les permitió el acceso ni ahí ni cuando se encontraba en la Seido.
Puntualizó que los hechos, por los cuales fue iniciada una averiguación a Palma Salazar, son de 1996 y que también ya fueron sujetos a un juicio del que existe sentencia.
“Ya cumplió o ya fue procesado y sentenciado, esos hechos están en causas penales que la misma fiscalía debe de tener un representante en el país”, sentenció.
Información por MILENIO
