La prisión tomó relevancia tras los atentados del 11 de septiembre de 2001; sin embargo, muchos de los sospechosos ya han sido liberados ante la falta de pruebas y los pocos avances en la investigación del caso.
Washington.-
Veinte años después de los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos sigue librando su «guerra contra el terrorismo» en un terreno montañoso en el sudeste de Cuba conocido como Bahía de Guantánamo.
Pocos meses después de los ataques, Estados Unidos detuvo a cientos de personas con presuntos vínculos con el perpetrador de los atentados, Al Qaeda, y las trasladó a la base naval que controla en la isla caribeña.
Fueron etiquetados como «combatientes enemigos» y encerrados por tiempo indeterminado, según dijo el entonces vicepresidente Dick Cheney, «hasta termine la guerra contra el terrorismo», que oficialmente todavía está en curso.
La mayoría de los 780 sospechosos que llegaron a estar encarcelados en celdas como jaulas han sido liberados, a menudo después de pasar más de una década en la base sin haber sido jamás acusados formalmente de algún delito.
Hoy permanecen en Guantánamo 39 detenidos.
A algunos de ellos se les ha prometido una liberación que nunca llegó. Una docena son considerados por Washington como peligrosos dirigentes de Al Qaeda, incluido Jalid Sheij Mohammed, el supuesto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre.
Una justicia costosa y fallida
Bajo la presidencia de Joe Biden, los procesos judiciales se reanudaron después de un retraso causado principalmente por la pandemia de covid-19. El 7 de septiembre, tras una interrupción de 17 meses, se retomaron las audiencias previas al juicio de Mohammed y otras cuatro personas, cuatro días antes del vigésimo aniversario del ataque.
Mohamed y sus supuestos cómplices, Amar al Baluchi, Walid bin Atash, Ramzi bin al Shibh y Mustafa al Hawsawi, comparecieron ante un tribunal militar en Guantánamo por primera vez en más de 18 meses, una pausa forzada por la pandemia de covid-19 en un proceso que lleva nueve años de audiencias previas.
Pero el flamante magistrado militar del caso, el coronel de la Fuerza Aérea Matthew McCall, levantó la sesión después de solo dos horas y media por cuestiones de procedimiento relacionadas con su nombramiento.
Y el fallo de un tribunal de apelaciones militar, que apoya la destrucción de un sitio clandestino de la CIA donde algunos de los acusados pueden haber sido torturados antes de llegar a Guantánamo, devolvió al caso a su tema central: ¿pueden personas que fueron sometidas a torturas metódicas ser juzgadas de manera justa con el debido proceso que promete la ley estadunidense?
El sistema de comisiones militares que supervisa a los 12 acusados de Al Qaeda ha demostrado ser caótico, difícil de manejar y, a menudo, contrario a la ley estadunidense, hasta el punto de que en 20 años sólo dos han sido condenados.
El nuevo juez militar que preside en Guantánamo el juicio por los ataques del 11 de septiembre dijo el miércoles que no forzaría el proceso a un desenlace, pero advirtió que quiere ver «acción» tras nueve años de audiencias. Sin embargo, no hay certeza de que se dicte un veredicto para los cinco antes del 21 aniversario de los atentados, en 2022, o el vigésimo primero, en 2023.
Benjamin Farley, un abogado del Departamento de Defensa que representa a uno de los cinco acusados en el juicio del 11 de septiembre, calificó a las comisiones como «un experimento costoso y fallido de justicia ad hoc».
Marcado por acusaciones de que el gobierno ha retenido y falsificado pruebas y de que el contacto de los abogados con sus defendidos ha sido únicamente telefónico, el proceso se ha visto enturbiado sobre todo por las denuncias de brutales torturas formuladas por los detenidos.
Información por MILENIO
