*Rueda de prensa de Gustavo Rojo
*”Crisis de confianza” en administración
El gobierno de Mazatlán se coloca entre los 20 municipios más omisos y opacos en materia de transparencia y por el rezago que enfrenta lo colocan como un “foco rojo” a nivel estatal debido a la resistencia para abrir la información, señala en conferencia de prensa el director general de Observatorio Ciudadano, Gustavo Rojo Navarro, quien agrega que además esta administración “incumple sistemáticamente la ley vulnerando derechos humanos y se mantiene bajo el escrutinio de la ciudadanía”. Lo anterior lleva a una “crisis de confianza y de rendición de cuentas”, subraya el especialista.
Rojo Navarro ofreció la conferencia titulada “Transparencia en Mazatlán: Un Diagnóstico a 300 Días del Nuevo Gobierno Municipal” de Estrella Palacios Domínguez.
El experto de la sociedad civil dice que buena parte de la información fue cruzada con la Comisión Estatal de Acceso a la Información (CEAIP), en donde se hizo un análisis de todas las solicitudes de información a la administración porteña desde el año 2018 en que hubo mil 238 peticiones hasta este año en que se cayeron a la fecha y llegan a 972. En total 15 mil 130 solicitudes de acceso a la información.
En los análisis se señala que a partir de las solicitudes de acceso a la información en Mazatlán se refleja que hay un incumplimiento sistemático a proporcionar datos; que hay opacidad selectiva, respuestas evasivas y nula transparencia proactiva en acciones nuevas.
Dijo que Operadora de Playas y Jumapam son las dependencias que no tienen ninguna información en las plataformas de gobierno.
En las preguntas de reporteros, Gustavo Rojo dijo que la “información no es de los funcionarios de gobierno; es información que se genera a partir e los recursos públicos de la gente que deben conocerse en que se gastan los impuestos”.
El titular de Observatorio Ciudadano también tuvo críticas para los responsables del Órgano Interno de Control (Everardo Velarde Miller) y la síndico procuradora (Minerva Osuna), de que no están haciendo bien su trabajo de verificar en origen y destino de los recursos; que los funcionarios estén cumpliendo con lo que marca la legalidad y una buena administración.
