Fue creada cuando Vicente Fox asumió la Presidencia, la cual se empeñó en investigar a los presuntos responsables de crímenes cometidos en la década de los 60 hasta principios de los 80, época denominada “guerra sucia”.
La malograda Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), solo sirvió para “exhibir” a políticos y militares que desempeñaron cargos importantes, pero no pudo demostrar su responsabilidad en algún delito.
La fiscalía fue creada con el primer gobierno federal de oposición, cuando Vicente Fox asumió la Presidencia, administración que se empeñó en investigar a los presuntos responsables de crímenes cometidos en la década de los 60 hasta principios de los 80, época denominada “guerra sucia”.
Todos los asuntos que se llevaron a tribunales se vinieron abajo, entre ellos, el más representativo: el caso del ex presidente Luis Echeverría Álvarez, a quien se señaló como probable responsable de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.
Tampoco pudo sostener la acusación contra el titular de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), Miguel Nazar Haro, a quien pretendió responsabilizar por la desaparición de Jesús Piedra Ibarra.
De igual manera, no logró comprobar nueve acusaciones contra el capitán en retiro del Ejército, Luis de la Barreda Moreno, subdirector de la DFS, de quien dijo fue el supuesto responsable de la desaparición del estudiante del politécnico, Héctor Jaramillo, entre otros.
El capitán acreditó que no tuvo algo que ver, porque el 30 de septiembre al 4 de octubre de 1968, él permanecía internado en el Hospital “20 de Noviembre” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
La Femossp fue encabezada por el fiscal Ignacio Carrillo Prieto, quien dejó pendientes más de 234 averiguaciones previas, 200 de éstas relacionadas con delitos de desaparición forzada. Asimismo, se le denunció por “fabricar” pruebas.
Otro de los casos que vino abajo fue el de Wilfrido Castro Contreras, ex director de la Policía Judicial del estado de Guerrero y ex colaborador del General Mario Arturo Acosta Chaparro.
Por la desaparición de Jesús Piedra Ibarra también acusó al ex director de la Policía Judicial del estado de Nuevo León, Carlos Solana Macías, y al ex agente Juventino Romero Cisneros, ‘El Tiburón’, quienes abandonaron el penal de Topo Chico, en Monterrey, porque fue derogado el delito de violación de garantías.
En 2005, la Femospp consignó ante un juez un expediente donde responsabilizó al general Francisco Quirós Hermosillo por la desaparición del activista Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida el 25 de agosto de 1974, y quien estaba relacionado con líder del Partido de Los Pobres, el guerrillero Lucio Cabañas.
El juez Segundo de Distrito con sede en Acapulco, Guerrero, concedió la orden de aprehensión, pero el general murió un año después víctima de cáncer, por lo que no se pudo comprobar que realmente fuera responsable.
En 2006, un Tribunal Federal canceló de manera definitiva la orden de aprehensión contra el ex procurador general Alejandro Straffon Arteaga, señalado por de la desaparición de seis integrantes de la Brigada Campesina Lacandona, vinculada a la Liga Comunista 23 de Septiembre.
La magistrada del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, Herlinda Velasco Villavicencio, determinó que la Femospp no aportó pruebas de su presunta responsabilidad.
El 30 de noviembre de 2006, la PGR tomó la decisión de desaparecer la Femospp porque ya había cumplido su objetivo, acción que se concretó el 27 de marzo de 2007 a través de un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, mientras que el fiscal Carrillo Prieto comenzó a ser investigado por presunto mal uso de recursos públicos.
Información por MILENIO
