A través de un desplegado, la Conferencia Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) refrendó su solidaridad con la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en su lucha por la defensa de la autonomía universitaria, además de reconocer las crecientes dificultades que enfrentan las Universidades Públicas del país en materia presupuestal, y los efectos del deterioro laboral que esto ocasiona en lo relativo a la insuficiencia de los incrementos salariales.
El documento va dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador; la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya; a las y los diputados y senadores integrantes del Congreso de la Unión, a la comunidad universitaria del país y a la opinión pública. En él también se destacaron las diversas restricciones que han surgido en el otorgamiento de las prestaciones sociales, incluyendo el retiro laboral en las Universidades.
En el Desplegado, firmado por el secretario general del CONTU, Enrique Levet Gorozpe; Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano, secretaria general de la Asociación Nacional de Asociaciones y Sindicatos de Personal Académico Universitario (ANASPAU), y Luis Manuel Hernández Escobedo, presidente de la Asociación Nacional de Sindicatos Administrativos Universitarios (ANSAU), se expresa el rechazo total a la intervención de las autoridades con la UAS.
“Expresamos nuestro rechazo total a la política intervencionista del Gobierno del Estado y de su Congreso Legislativo en los asuntos de gobernanza que competen por constitucional a la comunidad universitaria”, indica el documento en relación al hostigamiento político al que ha sido expuesta la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Dichas decisiones surgieron de manera unánime en su asamblea ordinaria celebrada el pasado 11 de agosto en la ciudad de Guanajuato, en el marco del Congreso Nacional de Capacitación y Actualización.
También se hace la insistente demanda por un mayor presupuesto federal ordinario para las Universidades Públicas, de acuerdo con las necesidades derivadas de su proceso de crecimiento desarrollo institucional y organizacional, así como la restitución urgente de los programas de recursos extraordinarios de apoyo a la atención de la problemática estructural. A ello se le suma que se le dé continuidad al trámite de la Iniciativa Ciudadana “Por la dignificación del salario de los trabajadores universitarias”, entregada desde noviembre del 2022 y de la cual no se ha tenido respuesta en el Congreso de la Unión.
