A quien viole mencionada ley se le impondrá pena de prisión de cuatro a 10 años y de cien a ciento cincuenta días multa.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen que reforma el artículo 225 del Código Penal Federal, para tipificar y sancionar la difusión de información o material audiovisual de delitos relacionados con violencia de género, así como evitar la revictimización por parte de las autoridades o personas que deban impartir justicia.El recién dictamen aprobado en la Cámara de Diputados es conocido comúnmente como “ley Ingrid” debido a la filtración de imágenes del feminicidio a Ingrid Escamilla, quien tenía 25 años, ocurrido en 2020.
El documento, enviado al Senado de la República, que contempla la reserva aceptada por el pleno, establece en la fracción XXIX que son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos:
“Cuando por sí o por interpósita persona, a través de cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley, fotografíe, copie, filme, audiograbe, videograbe, reproduzca, difunda, entregue, revele, remita, comparta, distribuya, publique, transmita, exponga, oferte, intercambie o comercialice imagen, audio, video, documento, información, indicio, evidencia u objeto alguno relacionado con un procedimiento penal, las condiciones personales de una víctima o las circunstancias de hecho o hechos que la ley señale como delitos”.
A quien cometa los delitos en esa fracción se le impondrá pena de prisión de cuatro a 10 años y de cien a 150 días multa. Las sanciones aumentarán en una tercera parte, en su mínimo y en su máximo, si la información que se difunda se refiere a mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad, de acuerdo con un comunicado de la Cámara de Diputados.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen que reforma el artículo 225 del Código Penal Federal, para tipificar y sancionar la difusión de información o material audiovisual de delitos relacionados con violencia de género, así como evitar la revictimización por parte de las autoridades o personas que deban impartir justicia.
El recién dictamen aprobado en la Cámara de Diputados es conocido comúnmente como “ley Ingrid” debido a la filtración de imágenes del feminicidio a Ingrid Escamilla, quien tenía 25 años, ocurrido en 2020.
El documento, enviado al Senado de la República, que contempla la reserva aceptada por el pleno, establece en la fracción XXIX que son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos:
“Cuando por sí o por interpósita persona, a través de cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley, fotografíe, copie, filme, audiograbe, videograbe, reproduzca, difunda, entregue, revele, remita, comparta, distribuya, publique, transmita, exponga, oferte, intercambie o comercialice imagen, audio, video, documento, información, indicio, evidencia u objeto alguno relacionado con un procedimiento penal, las condiciones personales de una víctima o las circunstancias de hecho o hechos que la ley señale como delitos”.
A quien cometa los delitos en esa fracción se le impondrá pena de prisión de cuatro a 10 años y de cien a 150 días multa. Las sanciones aumentarán en una tercera parte, en su mínimo y en su máximo, si la información que se difunda se refiere a mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad, de acuerdo con un comunicado de la Cámara de Diputados.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen que reforma el artículo 225 del Código Penal Federal, para tipificar y sancionar la difusión de información o material audiovisual de delitos relacionados con violencia de género, así como evitar la revictimización por parte de las autoridades o personas que deban impartir justicia.
El recién dictamen aprobado en la Cámara de Diputados es conocido comúnmente como “ley Ingrid” debido a la filtración de imágenes del feminicidio a Ingrid Escamilla, quien tenía 25 años, ocurrido en 2020.
El documento, enviado al Senado de la República, que contempla la reserva aceptada por el pleno, establece en la fracción XXIX que son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos:
“Cuando por sí o por interpósita persona, a través de cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley, fotografíe, copie, filme, audiograbe, videograbe, reproduzca, difunda, entregue, revele, remita, comparta, distribuya, publique, transmita, exponga, oferte, intercambie o comercialice imagen, audio, video, documento, información, indicio, evidencia u objeto alguno relacionado con un procedimiento penal, las condiciones personales de una víctima o las circunstancias de hecho o hechos que la ley señale como delitos”.
A quien cometa los delitos en esa fracción se le impondrá pena de prisión de cuatro a 10 años y de cien a 150 días multa. Las sanciones aumentarán en una tercera parte, en su mínimo y en su máximo, si la información que se difunda se refiere a mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad, de acuerdo con un comunicado de la Cámara de Diputados.
Mencionó que la finalidad es que no se repitan esos terribles casos en que los servidores públicos encargados de resguardar lo que sucedió y la escena, sean los primeros en divulgar y publicar las imágenes, videos e información de la víctima, lucrando con la tragedia y haciendo más terrible ese momento para familiares y seres queridos.
Detalló que hay una agravante de hasta una tercera parte más, cuando se trate en caso de mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad. “Así avanzamos y luchamos juntos para erradicar este tipo de violencia contra la mujer, que es la revictimización; felicito el compromiso para erradicar la violencia contra la mujer”.
Una contribución para penalizar la revictimización
La diputada Ana María Balderas Trejo (PAN), promovente de una iniciativa sobre el tema, destacó que la ley castigará, tipificará y penalizará a todo servidor público, al reconocer este acto como delito.
Será una contribución para penalizar la revictimización que se produce a través de los funcionarios, y abona a atender víctimas indirectas. “No olvidemos que esas imágenes quedan de por vida en las redes sociales; no debemos permitir que existan otras historias como la de Ingrid en videos tan trágicos”, enfatizó.
El dictamen configura demandas de miles de mujeres
La también promovente, diputada Laura Imelda Pérez Segura (Morena) señaló que en el dictamen se configuran las demandas de miles de mujeres que a lo largo de años han enfrentado la revictimización y la violencia institucional de un Estado que ha tenido por obligación garantizar su seguridad. “La incidencia de los delitos se agravó por la incapacidad de una tendencia institucional hacia la impunidad sistemática en el procesamiento judicial”.
Rememoró el caso de Ingrid, víctima de feminicidio, a quien no se le dio la protección jurídica adecuada ante la revictimización que sufrió cuando servidoras y servidores públicos filtraron a medios las fotografías de la escena del crimen. Se exponía de forma explícita el cuerpo de la víctima, dañando el debido proceso y en agravio de la dignidad, intimidad e identidad. Es necesario castigar la revictimización, estereotipar, discriminar y estigmatizar a mujeres, niñas y adolescentes, así como a las personas con discapacidad. “Hoy la Ley Ingrid será una realidad”.
Discusión en lo particular
Se aceptó la reserva de la diputada Yolanda de la Torre Valdez (PRI), a nombre propio y de la diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD) y el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT), para modificar el artículo el artículo 225 del Código Penal Federal.
De la Torre Valdez expuso que la reserva inquiere una precisión de técnica legislativa a fin de fortalecer el dictamen, cuyo objetivo es la protección de la dignidad de las víctimas, con una precisión que ya considera el dictamen de agravante, cuando se trate de mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad, y ayuda a erradicar otro tipo de violencia contra la mujer, como es la revictimización, prohibir la crueldad y el amarillismo con el que se ha manejado la información, las imágenes y los videos referentes a las víctimas del delito.
Para hablar a favor, la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) señaló que hoy se concretan dictámenes programados desde el 8 de marzo para conmemorar la lucha por la erradicación de la violencia hacia las mujeres; el tema de hoy, dijo, es necesario, ya que el dictamen no solamente busca sancionar este tipo de conductas sino inhibirlas.
Fabiola Rafael Dircio, diputada del PRD, expresó que su grupo parlamentario respalda la reserva ante la urgente necesidad de tipificar estas conductas y evitar que las investigaciones de los delitos se vean entorpecidos por quienes desean mofarse de delitos degradantes y dolorosos para la sociedad. “Hay que respetar la dignidad de quienes se vieron presa de un delito”.
La diputada Mirza Flores Gómez (MC) argumentó que el grave problema que afecta a las mujeres y niñas del país es que, a pesar de que “cada vez tenemos más y mejor legislación para prevenir y erradicar la violencia, pareciera que vamos a contracorriente”. Llamó a reforzar el procedimiento penal con la finalidad de salvaguardar los derechos de las mujeres y evitar la revictimización.
Por Morena, la diputada Andrea Chávez Treviño indicó que la reforma tiene como antecedente el feminicidio de Ingrid Escamilla, cuando publicaron imágenes que revictimizaron no solamente a la agraviada sino a sus seres queridos. “Tenemos que usar el espacio de representación para transformar la vida de las mujeres”.
Del PT, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez argumentó que es necesario que en los casos de feminicidios no se siga revictimizando. Se manifestó por construir el andamiaje jurídico para preservar la vida y la libertad de las mujeres.
Previamente, se desechó la reserva de la diputada Martha Alicia Arreola Martínez (Morena), para modificar el artículo el 225 del Código Penal Federal. En tanto, las diputadas Mirza Flores Gómez (MC) y Lilia Aguilar Gil (PT) pidieron retirar sus reservas.
