El Químico Benítez fue sometido a juicio, finalmente. El juez que lleva su caso decidió vincular a proceso al exalcalde y a su primer comité de adquisiciones. A pesar de ello, sobre el caso flota un tufo de impunidad que irrita a la sociedad.
Ha sido tanta la confianza en el manto protector del aparato político, que no pocos creían que efectivamente podría haber una resurrección política que prolongaría esa impunidad. El círculo más cercano del defenestrado político se sintió sorprendido y defraudado con la decisión de este martes.
La vinculación a proceso significa, hablando en cristiano, que el juez considera que existen elementos para juzgarlo, en este caso por la contratación irregular de servicios y productos que serían pagados con dinero público, y que por tanto es sospechoso de haber incurrido en actos de corrupción. La fiscalía Autónoma del Estado dispone de cuatro meses para aportar las pruebas correspondientes.
Cualquiera sabe (hasta la fiscalía) que el gobierno de Benítez Torres contrató la adquisición de luminarias por más de cuatrocientos millones de pesos, sin licitar la operación y presuntamente a precios inflados. Pero una cosa es que todo mundo lo sepa (hasta la fiscalía, insisto) y otra que haya capacidad para demostrarlo jurídicamente, sobre todo con el reto de probar ante la sociedad que no existe protección al imputado.
Juzgar al exalcalde significa abrir las puertas a la moralización de la vida pública. Sería muy importante que las acusaciones no se quedaran ahí, que se aprovechara la oportunidad para acabar con todas las lacras que están tan incrustadas en la forma de gobernar. Un ejemplo muy claro es la expedición de permisos de construcción, donde es fama pública que corre dinero a raudales, dinero ilegal por supuesto, y donde los cochupos llegaron al nivel de la extorsión. Si los constructores se supieran protegidos, seguramente presentarían las denuncias correspondientes y necesarias.
Proceder en ese sentido no sólo resolvería las irregularidades en que hubiese incurrido el exalcalde sometido a proceso, sino todos los demás, y sobre todo, los que vengan en el futuro.
Es muy positivo que el caso haya avanzado al punto de imputar al exfuncionario. Infortunadamente el problema de la corrupción en los municipios ha sido visto con disimulo, incluso a pesar de algunos casos de reprobación de las cuentas públicas por ´parte de las últimas legislaturas. Se debe evitar que las obras se realicen con menos calidad o más caras, que se autoricen construcciones y desarrollos que van contra el crecimiento armónico de la ciudad. En general se deben manejar los recursos públicos con honestidad, una honestidad verificable, no sólo existente en el discurso. Esa es la mejor aportación que se puede hacer a una sociedad tan agraviada como la nuestra.
Mazatlán ni Sinaloa merecen más personajes como este que hoy está encausado, cuya gestión se caracterizó por la prepotencia, la tozudez, la idea de que ser presidente municipal equivale a ser un jeque árabe que a cuenta del erario puede viajar a donde quiera, puede tratar a sus colaboradoras como si manejara un harém y darse vida de lujos y excesos.
