FRANCISCO CHIQUETE
La Suprema Corte de Justicia tomó ayer una decisión de gran importancia.
No se trata sólo de la primera parte del Plan B electoral, ni de que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya perdido esta careada. Es algo mucho más importante: es la ratificación de que en México subsiste una división de poderes, y por tanto hay contrapesos en el ejercicio del gobierno.
Cuando López Obrador se vaya de la Presidencia, quien lo suceda sabrá que hay un punto en que su poder se ve acotado y que debe respetar a los otros dos pilares de la estructura mexicana. No importa si el sucesor o sucesora es también de Morena o de la oposición o de las oposiciones, lo importante es que no puede insistir en la vía Lópezobradorista de dictar las leyes y que éstas sean aprobadas “sin moverles ni una coma”.
La parte negativa de esta experiencia es que el gobierno y su partido parecen no haber entendido nada. El secretario de Gobernación acusó a la Corte de perseguir intereses particulares y anunció que entra en acción el Plan C; su dirigente partidista, Mario Delgado, dijo que es un atentado “contra la división de poderes”.
El Plan C es una muestra de que no entendieron. Consiste en llamar a toda la población para que no vote por la oposición, sino que lo haga solamente por los candidatos de Morena para que ellos solos puedan cambiar la Constitución y por supuesto las demás leyes.
Es aspiración de todo partido, que toda la población vote sólo por ellos, pero pretenderlo como programa de gobierno es ignorar la condición de pluralidad, de diversidad de pensamientos, que existe en el país.
Veremos si en el 2024 la sociedad les hace tan grande obsequio.
NO AVANZA EL
ASUNTO DEL MAÍZ
Ni una llamada transmitida en vivo detuvo a los agricultores, que iniciaron su protesta anunciada. El secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández se comprometió a recibirlos en la semana, para que le manifiesten sus demandas. En realidad, la oferta es de una gran amabilidad, pero no contiene nada nuevo. El secretario conoce ya las demandas y el gobierno ha dado las respuestas que consideró pertinentes.
A como están las cosas, la única salida posible es que el gobierno subsidie la compra de la cosecha, lo que no ocurriría por primera vez, pero este régimen no parece dispuesto por varias razones: una, es el presidente quien determina los subsidios que da, y no los demandantes; en segundo, él decide a quién se los da, y ya decidió que a los grandes productores comerciales no les quiere dar, porque son ricos y fifís; en tercero, el dinero de este año ya está comprometido por decisión del presidente, sobre todo ahora que el crecimiento va por debajo de lo calculado por Hacienda, y ha habido menos ingresos fiscales.
CUIDADO CON LA SEGURIDAD
Día tras día se presentan casos de asesinatos y de desapariciones en diversos puntos del estado y aunque por fortuna no hemos llegado a los dolorosos niveles de los años 2008-2017, el riesgo siempre está latente. Ante la cascada de asuntos policíacos que se nos presenta, tenemos que preguntarnos de dónde sale ese logro de no estar ya entre las entidades más violentas del país.
En los últimos días los asesinatos han menudeado en las diversas zonas del estado, pero además hay otros delitos también importantes. En Culiacán, en pleno centro, una chamaca fue despojada de su auto. Es la hija del vicefiscal de la zona centro. El antecedente de esto es el despojo de una camioneta propiedad del gobierno, al hijo del secretario de agricultura con Malova.
Todos los estudiosos coinciden en que si Sinaloa no está en llamas es porque el Cartel de Sinaloa ha logrado evitar la competencia en su territorio, pero las autoridades no han podido estructurar programas efectivos ni mucho menos corporaciones suficientemente fuertes, pese a la creación de la Universidad del Policía.
Si encima vemos que la Fiscalía no ha dado el ancho, por más que el gobernador insista en gastar su capital político en protegerla, tenemos genuino derecho a preocuparnos por nuestro futuro.
¿QUÉ PASA EN LA JUMAPAM?
Por unos días, los mazatlecos vimos esfuerzos y algunos resultados en el combate a las fugas del drenaje, pero evidentemente el problema ya los rebasó de nuevo.
El alcalde Edgar Augusto González ya nos dijo que el sistema de drenaje está colapsado y que arreglarlo cuesta un titipuchal de millones (como tres veces más de lo que anda volando con las cuentas anteriores), pero nadie nos ha dicho a qué se está apuntando, qué esfuerzo se está haciendo o planeando para tratar de alcanzar una solución.
Para acabarla de fregar, el organismo está en una condición indefinida. Los administradores fueron enviados de fuera y responden a jefes políticos de fuera. El alcalde no puede ni ir a preguntar la hora porque lo van a mandar por un tubo (ni de agua ni de drenaje). Su propio hermano, que era funcionario, fue echado de ahí como una muestra de que Edgar no tiene nada qué hacer ahí adentro.
