*Vino Plascencia y no pasó nada con los penales
*Cómo ha evolucionado el famoso año de Hidalgo
*Los regidores juegan vencidas contra los alcaldes
FRANCISCO CHIQUETE
Vino Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y lejos de precisar situaciones, causas y soluciones del autogobierno en los penales de Mazatlán, Culiacán y Guasave, el encuentro con el gobernador Mario López Valdez sirvió para establecer que Sinaloa ha avanzado de manera espectacular en el respeto a los derechos humanos, precisamente en los penales.
Las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son una especie de consejo que sanciona moralmente a quienes incurren en violaciones a los derechos humanos, porque no son sentencias vinculatorias, es decir, no es un tribunal que obligue a atender las sanciones correspondientes a la irregularidad detectada.
Lo único que debe hacer el señalado es aceptar la recomendación. Cuando se niegan y se revuelven sobre su salsa, sólo consiguen hacer más notorio el señalamiento, pero tampoco pasa de ahí.
En el caso de Sinaloa, fueron tres cárceles las que aparecieron en un listado de sesenta y cinco penales de todo el país donde según la CNDH, el gobierno del lugar está en manos de los internos y no de los jefes administrativos.
El gobernador rechazó que hubiese razón para esos señalamientos y luego se anunció la visita del presidente de la comisión, quien vendría a firmar algunos convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil y con las insti5tuciones oficiales de Sinaloa, desde el propio gobierno estatal, hasta la desconcentrada Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Todo muy bien, porque de lo que se trata es precisamente de eso, de que se generen los espacios necesarios para conseguir una convivencia más armónica, que por supuesto pasa por el respeto a los derechos humanos, donde quiera que sea, incluidos los penales, que no pueden ser la excepción a una regla universal por cuya vigencia tanto se ha luchado.
Pero que venga el señor ombdusman y no diga nada sobre el tema, y que por el contrario, el gobernador establezca las mejoras sustanciales que a juicio de su administración existen en los penales, y más aún, que haga esa defensa basado en estadísticas, calificaciones y estudios de la propia CNDH, indica que algo estuvo mal en el estudio, o que el presidente de la Comisión prefirió jugar un papel políticamente correcto, de visitante comedido, o de político que anda en busca de apoyos tempraneros para tratar de permanecer en la presidencia de la Comisión.
Por supuesto, no se trata de que los involucrados se la pasen profundizándose las heridas, que los temas difíciles permanezcan como tema no sólo central, sino único de sus encuentros. Alguna otra cosa tienen que hacer cuando se ven, y la firma de los convenios mencionados constituye una prueba positiva de ello.
Pero tampoco se pueden hacer diagnósticos y echarlos a rodar solos por el mundo, como los malos padres. Hay que ver que tengan una vida útil, que den resultados, pues de lo que se trata no es sólo de exhibir las fallas, sino de hacerlo para que la sociedad cuente con respuestas y soluciones. Lo contrario sería absurdo, y eso es lo que está pasando, ni más ni menos.
LOS PRETENDIDOS
BONOS DE MARCHA
Lo que hoy es motivo de escándalo, los famosos bonos de marcha, han sido una práctica de todo el tempo, que sin embargo ha ido evolucionando, por más que no hay registros oficiales ni de los orígenes ni de las transformaciones que ha registrado esta práctica, que es tan rechazada como en su momento lo ha sido cualquier posibilidad de aumentos en las tasas impositivas.
Lo primero que la gente supo de los famosos bonos de marcha es que los políticos, sobre todo los de altos vuelos, se repartían el dinero puesto bajo su cargo y a esa práctica le llamó “año de Hidalgo”, por aquel juramento de que “mingue a su chadre el que deje algo”.
Hubo un tiempo de opacidad absoluta en que un gobernante podía meterle mano al tesoro público sin que pasara nada. Cada quien hacía sus cuentas, reportaba lo que quería reportar y como siempre el relevo era en familia, aún con los gruñidos de las familias, no pasaba nada si se les pasaba la mano a la hora de darse un regalito a cuenta de los ciudadanos. Claro que una cosa era el autoregalo, otro lo que había que llevar a la superioridad, y luego la reciprocidad, lo que la superioridad bajaba a sus colaboradores de más confianza y a los que quería ayudar más.
Luego vinieron los tiempos en que había que empezar a justificar los gastos. Tampoco era mucha la exigencia, el detalle, pero había que hacer cuentas. Entonces los servidores públicos empezaron a sacar la lana de manera “legal”.
Quienes pusieron el mal ejemplo fueron los diputados federales, pues la asignación de presupuestos primero a la legislatura y luego a las bancadas, permite que los señores se repartan los remanentes y se hagan sus bonos de marcha, sin ocultarlo, sin estar en riesgo de que se les finquen responsabilidades y por supuesto, sin justificar absolutamente nada.
Luego vino el bono de marcha para los cuadros superiores del gobierno federal, que se autorizaban pagos de despedidas, es decir, indemnizaciones, a quienes terminaban su encargo, independientemente de que pudieran seguir en el gobierno o no. Ese bono se extendió luego a quienes tenían garantizada la continuidad en el empleo.
Ahora, aunque hay modo de evadir la obligación de transparentar, ya hay más elementos para detectar este tipo de pagos absurdos, de modo que ya los responsables de las finanzas prefieren enfrentar a sus subalternos, antes que verse en riesgo, y sobre todo antes que verse en situación de tener que repartir de aquello que ya cayó en la buchaca particular.
En la legislatura anterior los diputados priístas descobijaron a su coordinador, exigiéndole la entrega de una partida que consideraban les debió ser entregada mensualmente, sin que ello ocurriera. Por supuesto, se quedaron con un palmo de narices.
Pero si a los priístas les fue mal, a los del PAN la cosa les resultó redonda, pues se pusieron de acuerdo entre ellos, sin que se supiera mucho. Al final hasta encontraron la justificación que ya habían utilizado sus correligionarios federales: no es que se estén dando un bono de marcha, sino que ahorraron a lo largo de la legislatura y se entregan el resultado hacia el final.
Cada tres años los señores regidores de todos los partidos dan una titánica lucha no por la ciudadanía a la que se supone representan, sino por obtener un bono que en esta ocasión, para el caso de Mazatlán, han tasado nada más y nada menos que en doscientos mil pesos, que significarían tres millones ochocientos mil pesos para al ayuntamiento de Mazatlán, uno de los que presumen que tienen buenas finanzas, aunque el alcalde asevera que por más bien que anden de lana, no les va a pagar nada.
No es la primera vez que se da este jaloneo y tampoco sería la primera vez que pierde el alcalde, si se da el caso. Ha bastado en otras ocasiones con que los regidores se nieguen a firmar la última cuenta pública, aunque el alcalde sea de su partido, para doblegar la codencia alcalderil.
Vamos a ver cómo termina este caso.
