*La diputada no entiende que exijan transparencia
*Intercambian denuncias hasta con la Presidencia
*Mobiliario Urbano sólo para propaganda comercial
FRANCISCO CHIQUETE
¿Usted sabe por qué se le busca ruido al chicharrón? La diputada Yudith del Rincón tampoco. Y como no lo sabe, tampoco lo entiende, según dijo ayer en el Congreso, a propósito de la polémica desatad en torno a la construcción de un elevador en el edificio de la Cámara de Diputados de Sinaloa.
En términos generales puede establecerse que el ruido de este chicharrón no es otra cosa que la transparencia. El elevador fue construido sin el correspondiente proceso de licitaciones; sin planeación, si quiera. Es producto de una observación empírica del diputado Francisco Solano Urías, cuyas dificultades para subir escaleras le recordaron que de acuerdo con la ley, se debe dotar al lugar de espacios dignos para las personas de la tercera edad.
Él mismo narró que apresuró a la administración del Congreso para que se ejecutara la obra y hasta ofreció su asesoría profesional para que las instalaciones se concretaran: hombre práctico, Solano Urías dio el remedio y el trapito, es decir, dijo cómo se debía hacer, y llevó a quien lo debía hacer. Que el indicado hubiese sido el hijo del diputado, y que por supuesto haya cobrado por sus servicios, es algo que genera mucho ruido, tanto como el chicharrón más dorado.
Pero a la diputada, que durante sus primeras incursiones se especializó en denuncias estridentes, en señalamientos sin más respaldo que la palabra (usualmente válidas), no le cae el veinte. No entiendo, dice, porqué le buscan tanto ruido al chicharrón.
Por supuesto, el ingeniero Solano Urías es del PAN y por mucho tiempo ha sido símbolo de la militancia blanquiazul, de modo que el asunto del elevador llega y pega. A la diputada le parece sospechoso que haya tanto ruido mediático en tiempos electorales, cuando la construcción del elevador tiene meses de haberse iniciado.
Es un hecho que quien denunció lo hizo con todo el ánimo de influir en las consideraciones de los electores, sobre todo ahora que el tema de la corrupción parece tan rentable (para los corruptos y para los denunciantes).
El que sí entendió fue Edgardo Burgos Marentes. El presidente del comité directivo estatal del PAN lanzó cuatro denuncias y otras tantas exigencias para que el procero electoral tenga piso parejo, según dijo ante la mesa de discusión que armó el gobierno del estado para evitar en lo posible, los conflictos e orden político.
Lo más estridente es la demanda de despido para el director de Ceapas, Ernesto García Cota, a quien acusan de estar, haciendo trabajo electoral para el PRI en el segundo distrito, que tiene fama de ser uno de los dos verdaderamente complicados para el PRI,y favorable para las aspiraciones de Acción Nacional.
El golpe es bueno. Es evidente de García Cota fue llevado al gabinete estatal (o a sus alrededores) para dividir las fuerzas blanquiazules de Ahome y todos los mochitecos saben que tiene capacidad y contactos para realizar esa labor. El problema de Burgos Marentes es que como dice Martha Tamayo, se trata de un militante del PAN, no del PRI, así que la denuncia debería ser interna.
García Cota, como se sabe, fue diputado de la alianza malovista y luego fue candidato a presidente municipal mochiteco. Estuvo muy cerca de romper la línea del tercer piso a favor de Arturo Duarte y defendió las posturas del PAN con tanto ardor, que todos lo consideraron la nueva figura de Acción Nacional, incluso por encima de Zenén Xochihua Enciso, incluso desde antes de que se autoliquidara, pero al final el tercer piso sigue siendo el eje sobre el que giran los personajes de aquella alianza que en 2010 sacudió a la vida política sinaloense.
HASTA LA PRESIDENCIA
IMPUGNA LOS SPORTS
Vivimos una campaña electoral que si bien en las calles, en las palabras de los candidatos no se ha traducido en enfrentamientos, ni siquiera verbales, en tanto que las cúpulas de los partidos se trenzan en acusaciones, señalamientos de diversa índole en cuyo debate ya intervino, por primera vez, hasta la Presidencia de la República.
Como todos saben, se determinó el retiro de un spot del PAN, en que lanzaba críticas contra el presidente Enrique Peña Nieto por su viaje a Inglaterra, a donde según la fama pública, llevó a doscientos invitados.
Acción Nacional reaccionó diciendo que se trata de un ataque a la libertad de expresión. Es en efecto, la primera vez que un presidente interviene en estos menesteres para defender su honra. La verdad es que si el equipo de Peña Nieto intervino, fue porque sabía que el caso era ganable jurídicamente. No se iban a exponer a una nueva –enésima- derrota.
La verdad es que si no es cierto que se llevaron doscientos invitados a ese viaje, la Presidencia tenía modo de impugnar el spot. Lo raro es que después de tantas semanas nunca habían hecho la menor aclaración al respecto, de modo que habían aceptado tácitamente la acusación.
Hasta el momento ninguna de las partes ha presentado una propuesta concreta y efectiva. Los partidos que a nivel nacional son oposición insisten en denunciar la corrupción, pero mantienen congelado el proyecto de le y con que se pretende combatir sin impulsar uno propio, mientras el gobierno insiste en que transforma al país mientras sus elementos dan qué decir y sobre todo qué denunciar en esa materia.
Los agarrones empiezan a dar el espectáculo en que se han convertido los procesos electorales de los últimos años, con la gente a la espera de nuevos escándalos de los que nadie está a salvo porque hay practicantes de la corrupción en todos los cuarteles y amparados por todos los colores.
Mientras tanto, en los ámbitos locales los ejemplos se siguen los ejemplos aunque en menor escala. En Guasave encontraron a los campañistas del PAN amarrando la propaganda a los postes, lo que constituye un uso indebido del mobiliario urbano,. Cuando les ordenaron corregir ls cosas, el dirigente dijo que los habían denunciado porque van adelante. No asumió en ningún momento la responsabilidad de una violación legal. El caso por cierto se repitió en Mazatlán, donde alguna propaganda de Martín Pérez fue colocada de la misma manera y se les ordenó retirarla.
LAS DISPOSICIONES LEGALES
CONTRA LA POLÍTICA ELECTORAL
Por cierto que la limitación al uso del mobiliario urbano parece una de esas medidas conservacionistas que los profanos consideran exageradas.
Todos los ciudadanos nos inconformamos por las enormes cantidades que se destinan a los partidos políticos y a las campañas electorales, pero la verdad es que en cada reforma electoral se establecen cada vez más limitaciones que terminan por encarecer las actividades de proselitismo.
El hecho de que no se puedan usar los postes, árboles y demás mobiliario urbano, obliga a los partidos a comprar o construir mamparas de hierro para colocar sus pendones; hay una prohibición adicional: hacer la propaganda en materiales que no sean reciclables; no regalar utilitarios que no sean textiles y una larga serie de restricciones que en realidad no abaratan, sino que encarecen la búsqueda del voto, sin llegar a dar certidumbre de que se trabaja sin trampas y sin ventajas indebidas.
Y total para qué. Mientras las disposiciones establecidas en el Congreso por los partidos supuestamente controlan a los partidos, las calles aparecen llenas de retratos de candidatos en marcos muy caros, mientras los anuncios comerciales penden de postes, semáforos, árboles, puentes peatonales, para anunciar bailes con el Komander, cerveza, casinos y otras chuladas cívicas de esa misma naturaleza.
