*Los jaloneos por la redistritación electoral
*¿Hay alguien a quien beneficie realmente?
*¿Cómo sacar de la callea Ejército y Marina?
FRANCISCO CHIQUETE
Durante muchos años, PAN y PRD pugnaron por una redistritación que diese al voto el mismo valor en todas partes, pues encuentran injusto que en un municipio como Cosalá, un diputado local gane con cuatro mil ciento sesenta y siete votos, mientras en el décimo noveno, del norte de Mazatlán, al ganador le cuestan 49 mil 286.
De acuerdo con las teorías de PAN y PRD, el criterio geográfico en que están divididos los distritos electorales de Sinaloa era la base del predominio priísta en el Congreso del Estado. Hasta el momento, ningún otro partido ha dominado por completo al Congreso y sólo lograron compartir el mando en la legislatura anterior, cuando la Coalición Malovista casi empató en el número de curules. La coalición priísta tuvo más votos, pero los diputados del Panal hicieron fracción propia, lo que le desbarató la mayoría inicial.
En realidad el control absoluto del Congreso se empezó a perder por las diputaciones de distritos loa, El Fuerte, Escuinapa, Rosario, han sido lugares donde los partidos opositores al PRI han obtenido curules y por supuesto alcaldías. Desde hace mucho tiempo se rompió el monopolio del voto verde (en la elección del 2000, la dirigencia nacional priísta, con todo y sus encuestas de salida, mantenía la esperanza de un repunta a cargo del voto verde. No llegó).
Uno de los campeones de la picaresca política de Sinaloa, Joaquín Vega Acuña, despidió con cajas destempladas a los sanignacenses que lo fueron a ver para reclamar las candidaturas que se perfilaban, EL entonces presidente del CDE priísta rechazó las presiones y las amenazas de diáspora: “mire amigo, en San Ignacio, si yo mando de candidato a una vaca, esa vaca gana”. Se equivocó: la vaca fue lanzada por los opositores, y ganó.
Aunque haya todavía quejas sobre cacicazgos y controles ilegales, debe reconocerse que el valor del voto ha avanzado en las poblaciones pequeñas, a tal punto que sólo hay cuatro municipios en que no ha habido alternancia: Mocorito, Badiraguato, Elota y Cosalá. Y en esta última ya el PAN ganó una diputación local en alianza con el PAS.
Como quiera que sea, la redistritación es un hecho indetenible. Está establecido en la Constitución, y si no se aplicó antes fue por prácticas jurídicas del PRI. Con hábil huizacheo se fue dejando para más adelante, ante la desesperación de los partidos promotores.
Por cierto que fue hasta cómico ver que esa desesperación llevó a PAN y a PRD a disputar en la mesa de compromisos por Sinaloa la posibilidad de obligar a que el Congreso legislara en ese sentido. Martha Tamayo se dio el gusto de reírse de sus homólogos recordándoles que esa tarea ya está asignada al INE y que será este organismo el que determine las fechas y términos, pero panistas y perredistas no quisieron oír. Hicieron la pataleta, acusaron de parcial a la mesa (y de antidemocrático al PRI, pero eso ya es historia muy conocida).
Ahora que ya se anunció formalmente la redistritación, fue el PRI el que hizo el oso, pues a sabiendas de que ya no hay nada qué hacer, doña Martha Tamayo salió a defender el derecho de los municipios a tener esa mínima representación.
En realidad el asunto de la representación está siendo sacrificado por la conveniencia de los partidos y el criterio poblacional. Durante los noventas, cuando la que entonces era oposición insistía en la redistritación, sus propias bases en los municipios pequeños los rechazaban, pues aunque fuese de otro partido, siempre era esperanzador tener a la mano a un diputado.
Los cambios van a violentar situaciones culturales, regionalismos y sobre todo, van a desplazar a políticos que quedarán sujetos a decisiones que se van a tomar en otros centros, y no sólo en función de sus respectivos municipios. Finalmente es la evolución de la política.
¿CUÁL ES LA VÍA PARA
RESOLVER LA VIOLENCIA?
Con mucha frecuencia aparecen estudiosos que nos advierten sobre la necesidad de sacar al ejército y la marina de las calles, de quitarles las funciones policíacas que desempeñan, porque esa tarea vulnera las disposiciones constitucionales y porque con frecuencia sus integrantes violentan todas ls disposiciones legales que tienen que ver con los derechos humanos.
Existe, en efecto, muchos antecedentes en ese sentido. Hay quienes creen que durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, a
l declarar la guerra contra el narco y entregársela al Ejército, borraron lo que el país había avanzado en materia de derechos humanos, más específicamente en el uso de la tortura como elemento fundamental para las investigaciones.
Salvo los casos de políticos oportunistas que toman el tema para ganarse adeptos, los que promueven el retiro del ejército y de la marina son estudiosos, analistas que buscan el respeto absoluto a las disposiciones jurídicas que rigen o que deben regir en el país. No son improvisados que saquen una teoría de la manga.
El problema es que las autoridades responsables no han tomado en serio el asunto o por lo menos no han acompañado a este debate con acciones que ayuden a concretar la meta.
El propio Calderón explicó que se echaría mano de la milicia en tanto el estado mexicano estaba en capacidad de reconstruir las corporaciones policíacas para que se encarguen de las tareas correspondientes. Se fue Calderón, llegó Peña y las corporaciones siguen siendo punto menos que proyectos viables.
A estas alturas todavía estamos viendo cómo los gobiernos locales malabarean con los agentes para saber cuál es la mejor manera de evitar la obligación de las depuraciones. Ya ven el debate en Sinaloa por el caso Chuytoño, que pasó de la discusión sobre sus exámenes reprobados versus resultados reconocidos, al affaire de las amenazas contra un periodista.
No hay hasta este momento un proyecto real, viable, de reconstrucción de las policías y en esa medida es muy difícil que la milicia salga de la calle.
Por cierto que con todos esos antecedentes, Felipe Calderón todavía se da el lujo de presmir que su gobierno transformó al país.
