*¿Jaime Quiñónez tras los paros magisteriales?
*Inician los foros sobre hospitales; piden anulación
*Los casos aislados se le rebelan a las autoridades
FRANCISCO CHIQUETE
EL gobierno federal se llevó la nómina educativa para acabar con irregularidades y hacer las cosas bien, pero empezó con el pie izquierdo: dejó de pagar a cuarenta y ocho mil maestros y trabajadores de apoyo en el país, desatando la ola de protestas perfectamente entendibles, aunque nada justifica que los niños queden sin clase, como ocurrió en diversos días de las dos semanas anteriores.
Vinieron las investigaciones, las gestiones, las explicaciones y justificaciones. La culpa, dijo el gobierno federal, es de los gobiernos de los estados, que mandaron sus nóminas plagadas de irregularidades que hacían imposible pagar todo, pero el asunto se resolvería sin falta para la segunda quincena de enero.
Pero resultó que tampoco la segunda quincena llegó bien, de modo que los maestros, oficialmente cegados por la indignación y la solidaridad para con ¡cuarenta maestros afectados!, siguieron con paros escalonados y suspensión de actividades como los viernes de planeación que se realizan una vez por mes. Y como hubo nuevas irregularidades, los profes anuncian que estarán vigilantes y viendo qué se hace para exigir que todas las fallas se corrijan.
Pero resulta que entre los malas pagas del gobierno federal y los mal organizados del gobierno estatal, h surgido una versión muy creíble que da nombres y causas a la movilización de un magisterio como el sinaloense, que durante muchos años fue mostrado como motivo de orgullo porque “mientras en otros estados los maestros están en la calle, los nuestros están en las aulas”.
Los paros escalonados supuestamente suspendidos, pero ejecutados, motivaron al profesor Arturo Cundapí Ramos, supervisor de escuelas secundarias, para llamar por teléfono a Fórmula Noticias Mazatlán y denunciar al aire que todas estas protestas están motivadas no sólo por la falta de pagos, que resulta entendible como causa, sino por la sucesión en la sección 27 del SNTE, donde hay varias corrientes en disputa.
Se refirió concretamente al grupo del exdirigente Jaime Quiñónez, cuyo interés por hacerse de la dirigencia le ha llevado no sólo a generar una movilización por los sueldos omitidos, sino también a llamar a luchar para cambiar las disposiciones legales que dan lugar a la famosa reforma educativa.
El señor Quiñónez y sus activistas saben que esas leyes ya están aprobadas y en operación, así que no es cosa de ir a pedirlo para que se cambien o eliminen, advierte Cundapí.
Es una denuncia grave, valiente en un medio en que unos se tapan a otros incluso cuando están enfrentados, y especialmente en el ámbito del SNTE, que oficialmente está a favor de la reforma educativa, aunque por tal de ganar adeptos sea capaz de contradecir esa posición.
Aquí las autoridades tienen la palabra: o aplican las leyes derivadas de la propia reforma educativa, sancionando a quienes se han ido con la inercia de haber lo que sea, lo que se les ocurriese hacer en función de sus intereses personales o de corriente, o dan vía libre para que siga la prevalencia de los nuevos elboesteres, por más pequeños e insignificantes que algunos de ellos sean.
LOS HOSPITALES ¿LA
ÚLTIMA LLAMADA?
Hoy martes, a las nueve de la mañana, se inicia el primer foro de análisis sobre los hospitales generales que el gobierno sinaloense pretende construir en Mazatlán y en Culiacán, y que han sido sumamente controvertidos, sobre todo a partir de que se sometió al Congreso del Estado una reforma para ofrecer como garantía del financiamiento de las obras, nada menos que una cuarta parte de las participaciones federales de un fondo federal muy principal.
Aunque hoy son controversiales los términos de los contratos concedidos a dos constructoras nacionales, los compromisos ya estaban firmes. Amparados en la figura de las Asociaciones Público Privadas, los diputados de la legislatura anterior aprobaron los proyectos. El problema fue que se solicitó una ampliación de garantías en los términos ya mencionados.
Hoy grupos empresariales, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos en general, advierten que se trata de operaciones excesivamente costosas, con precios sobre elevados respecto del mercado de los hospitales, con poca transparencia en las operaciones futuras y encima de todo eso, con empresas que fueron vinculadas a licitaciones aún más controversiales, como la ya anulada del tren rápido México-Querétaro.
Aunque la ampliación de garantías tiene ya un dictamen aprobatorio en el Congreso y recibió la primera lectura (es decir, se encuentra a un paso de ser aprobado), el gobernador Mario López Valdez pidió la suspensión del proceso legislativo para evitar, dijo, que prevalezca la impresión de que se trata “del robo del sexenio”.
Hoy finalmente se realiza el primero de los foros con que se pretende aclarar y transparentar cada uno de los temas controversiales. El diputado Víctor Díaz Simental precisó que se trata de hacer un análisis que vaya más allá de la aprobación o el rechazo, para llegar al fondo en cada uno de los renglones en que hay dudas. Lo que se busca es beneficiar a Sinaloa, señala el presidente de la Comisión de Salud del Congreso, quien se ha caracterizado por mantener una posición sumamente crítica e independiente.
El debate sobre los hospitales se había realizado en medio de una relativa normalidad económica. Ayer la diputada perredista Imelda Castro Castro llamó la atención pidiendo que se suspendiese la licitación de los hospitales atendiendo al recorte presupuestal, que seguramente va a generar nuevas afectaciones a lo largo del año, y que se convierte en un inconveniente muy grave.
Aunque el secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal, había adelantado ya una política de austeridad para enfrentar los problemas que se vislumbraban, todavía falta saber con precisión cómo va a responder el gobierno del estado a la situación de emergencia económica en que nos han colocado la caída internacional de los precios petroleros y otros pequeñísimos detalles internos..
MUCHO CUIDADO CON
LOS CASOS AISLADOS
Mazatlán ha vivido varias jornadas en que el número de muertes se dispara a pesar de los operativos que se han mantenido y que ciertamente han dado a nuestra ciudad un nivel de tranquilidad que se perdió durante más de un lustro.
Seguramente escucharemos de nuevo la explicación oficial de que se trata de casos aislados que no afectan la percepción general de seguridad que Mazatlán ha logrado alcanzar gracias a un esfuerzo sostenido.
Quizá sea cierto que no hay conexión entre el asesinato del viernes en Lomas de Mazatlán y el de este lunes en la Mazatlán I y los dos asesinados cuyos cuerpos aparecieron el sábado en la Maxipista Mazatlán-Culiacán, pero la abundancia de casos genera una percepción en contrario, y hay que recordar que en materia de seguridad la percepción, aunque esté equivocada, es la que manda y la que al final puede terminar por desatar una nueva ola como la que ya necesitamos superar y olvidar.
