*¿Debe irse la secretaria del ayuntamiento?
*Embestida contra doña Esperanza Kazuga
*El municipio permite; la Profepa demanda
FRANCISCO CHIQUETE
Parlamento Ciudadano es una organización que podría describirse como “de dulce, de chile y de manteca”, donde participan personajes que han pasado por diversos partidos. No tienen mucho peso político, pero eso no los inhibe, de modo que sin rubor de ningún tipo, anunciaron su exigencia de que despidan a la secretaria del ayuntamiento, por ser al mismo tiempo que funcionaria, ocupa una cartera importante en su partido –Acción Nacional-.
Mientras el PRI se pierde en una representación que simplemente avala –con honrosas excepciones- cada decisión del alcalde, el PRD se balancea entre la pertenencia o no al régimen que ayudó a ganar como parte de una coalición electoral. Por ello cuando sale una exigencia como la del Parlamento Ciudadano, obtiene espacios y jala atención de la gente.
¿Por qué quieren que se vaya Rosario Torres Noriega de la secretaría del ayuntamiento? La señora ha demostrado que es una abogada eficiente, que ha atendido de manera efectiva los problemas que se le han encomendado y además ha representado al ayuntamiento durante los muchos viajes que ha emprendido el alcalde, y lo ha hecho adecuadamente, sin bajarle nivel a la institución.
El argumento del Parlamento Ciudadano es que la secretaria del ayuntamiento recibió el nombramiento de coordinadora de Promoción Política de la Mujer, en el comité directivo municipal del PAN.
-Nunca he negado mi militancia política, dijo, y sostuvo su capacidad para atender las tareas partidistas una vez que terminan sus horarios como secretaria del ayuntamiento, sin utilizar los recursos públicos que tiene bajo su responsabilidad.
Habría que consultar si existe una restricción legal para combinar las tareas partidistas, especialmente con las de secretaria del ayuntamiento. Su tarea ahí, como secretaria del ayuntamiento precisamente, le obliga a tratar con imparcialidad –o debería hacerlo- a los miembros de cada una de las corrientes y organizaciones partidistas representadas en ese organismo tan importante. Y se trata también de que haga lo propio fuera de ese ámbito, ante ciudadanos de todas las procedencias que tienen la necesidad de acudir a su dependencia.
Nadie tiene derecho a exigirle que renuncie a una militancia; incluso quienes no tienen una militancia, tienen derecho a conservar sus simpatías ideológicas o filosóficas, pero de ahí a decir que de las seis de la tarde u ocho de la noche en adelante ya dejó de ser secretaria del ayuntamiento, hay un trecho largo. ¿O no atenderá una breve llamada telefónica para consultarle una decisión partidista en horas de trabajo?
Finalmente en este proceso electoral que viene, la señora no sería una interlocutora válida en un conflicto entre representantes o miembros de partido, si al mismo tiempo está desarrollando una tarea partidista eminentemente.
Lo bueno como ella dice, es que todavía no toma posesión. Pero ¿no debería pensar seriamente en hacerlo o no? Porque si algo peleó muchos años el PAN, como muchas otras organizaciones y ciudadanos, fue que los funcionarios públicos priístas dejaran de ser representantes partidistas al mismo tiempo. ¿Ellos sí pueden hacerlo?
Exhibidos una y otra vez en sui incondicionalidad a toda prueba, los regidores Guillermo Quintana Pucheta y Loar Suzek López se lanzaron contra su homóloga Esperanza Kazuga, haciéndola reo de sospecha por una propuesta de viaje de aprendizaje a la ciudad de León. EL presupuesto era de ciento ocho mil pesos para la manutención y viaje de casi una decena de regidores (hoteles, comidas, renta de carro y combustibles).
Estos dos jóvenes (mmm) políticos andan erráticamente en busca de sus posicionamientos ante la sociedad, En cambio la señora Kazuga ha sido una personalidad reconocida propios y extraños. Su participación en las causas de la sociedad mazatleca está acreditada con un manto de honestidad absoluta, y no han sido pocas las participaciones en que ha metido dinero de su bolsillo y en que incluso ha condicionado su participación a la práctica de ese detalle, para no terminar por costarle a la causa por la que se trabaja.
Hasta ahora, la actitud independiente de doña Esperanza no había generado señalamientos de esta naturaleza, pero en esta ocasión no hubo respeto por la trayectoria y la evidente aportación cívica. Debe ser la desesperación de verse rebasados por una actitud aportante de quien no está en la política para hacerse de una fortuna.
¿DESCOORDINACIÓN, O IMPULSO
A TODA COSTA A LA INVERSIÓN?
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente boletinó ayer su decisión de emprender acción penal contra la empresa Desarrollo Inmobiliario Moderno, que construía una plaza comercial sobre la Laguna del Camarón, en afectación de un sistema costero y al mismo tiempo de un humedal, donde ya se causaron daños graves al entorno ecológico.
Es la primera vez que se procede de esta manera, a pesar de que en la misma zona y sobre la misma laguna se realizaron ya otras edificaciones que hoy lucen orondas, ajenas a toda noción de control administrativo.
En realidad el asunto viene de unos meses atrás, cuando la Profepa, a raíz de denuncias ciudadanas, acudió a revisar los trabajos y encontró que efectivamente había irregularidades qué enfrentar, y determinó una suspensión provisional de la obra, una suspensión parcial, pues los camiones y otras maquinarias siguieron trabajando.
En esos ires y venires apareció un elemento de gran importancia: la empresa estaba trabajando bajo el amparo de un permiso de construcción emitido por el gobierno municipal.
Por supuesto, el alcalde y sus funcionarios dijeron que ellos no tenían responsabilidad alguna, que los promotores del desarrollo sabían que debían cumplir con otros requisitos legales que debían acreditarse ante dependencias de otros niveles de gobierno.
El caso es que no es la primera vez en que los inversionistas se encuentran en la situación de iniciar trabajos gracias a un permiso municipal, y se topan con que otras dependencias los detienen. O no hay coordinación entre las leyes federales y los reglamentos municipales, o hay una actitud de dar luz verde a las inversiones por el mero hecho de ser inversionesy de que van a generar empleos.
Ya se vivió con la Plaza Senderos, donde el permiso municipal no fue suficiente para evitar la suspensión de trabajos por afectar a la flora protegida que se daba en el terreno. El alcalde Carlos Felton montó en cólera pública y acusó a la entonces subdelegada de Profepa, Maribel Chollet, de asumir actitudes de revanchismo partidista. En realidad la clausura venía de más arriba y estaba justificada. Pese a la defensa de Felton, los empresarios tuvieron que presentar su manifestación de impacto ambiental (que tampoco tienen los de la Laguna del Camarón) y remediar el daño que habían provocado.
Por supuesto, en inversiones de ese tamaño, nadie puede decir que ignoraba requisitos tan importantes como el del impacto ambiental, pero no deja de ser una justificación que el municipio les dé un permiso de construcción donde no viene ningún condicionamiento en ese sentido. O se razona un poco más el impulso a las inversiones, sin que ello signifique un freno, o se actualizan y coordinan las reglamentaciones para evitar estos equívocos, que luego se vuelven sospechosos.
¿NUEVOS ACUERDOS EN EL PAN?
Sin más ni más, dos precandidatos a sendas diputaciones plurinominales en el PAN, declinaron ayer a su participación en las elecciones interna programadas para el domingo y que ahora ya no tendrán razón de ser en los distritos sexto y octavo.
Modositos y sin explicaciones, Sebastián Zamudio, director de la U de O Unidad Mazatlán y Cecilia Sánchez Celis, exdirigente panistas, presentaron los documentos de declinación por el sexto y octavo distritos, respectivamente.
Eso hace que sólo queden con vida en la contienda Guadalupe Aguilar, por el sexto, y Nadia Vega por el octavo, aunque ello no quiere decir que ya la tengan hecha. Todavía tienen que pasar a la votación estatal y de ahí a la de circunscripción, en un sistema muy complicado y remoto-
Guadalupe Aguilar es impulsada por Alejandro Higuera, lo mismo que Cecilia Sánchez Celis, mientras que a Nadia Vega se la relaciona con el grupo de Carlos Felton, aunque ella ha mostrado ser independiente. En todo caso es posible que la negociación haya sido entre Higuera y Edgardo Burgos, quien podría haber movido a Sebastián Zamudio para que Aguilar y Nadia no salieran maltratadas en una contienda interna.
