*Aprobaron ya el dictamen de los nuevos hospitales
*Se deshacen del hospital incompleto: es para la Sedena
*Reconocen gobernadores del noroeste a Peña Nieto
FRANCISCO CHIQUETE
Los diputados Oscar Javier Valdez López y Francisco Solano Urías sonrieron satisfechos. Habían alcanzado el propósito tan largamente acariciado y tan pospuesto, de hacer aprobar el dictamen que da luz verde al proyecto de los nuevos hospitales, con todo y la hipoteca de una parte de las participaciones federales.
Ni las protestas ni las peticiones de reconsideración, ni la intensa marea de opiniones en contra sirvieron para que se detuviese el proyecto más controvertido de los últimos años. Más incluso que el famoso megacrédito, que tanto acaparó la atención. Durante veinticinco años, los sinaloenses pagaremos por dos hospitales cuyos costos e construcción y operación rebasan por mucho los cálculos más holgados.
Como era previsible, en la reunión de las comisiones de Hacienda, Obras Públicas y Salud, sólo votaron en contra el priísta Víctor Díaz Simental, presidente de la Comisión de Salud, el panista Adolfo Rojo Montoya, coordinador de la bancada azul, y el perredista Ramón Lucas Lizárraga. Los demás se fueron por el sí, encabezados por Valdez y Solano.
El asunto subirá hoy al pleno para su primera lectura y probablemente el martes de la semana próxima se le dé la segunda y se someta a votación.
Es posible que en las dos sesiones públicas veamos a los representantes de la Coparmex, quienes inútilmente aportaron elementos para la discusión, incluyendo corridas financieras qwue hablaban de lo riesgoso que es comprometer las participaciones federales, amén de las sospechas sobre los procedimientos y por supuesto, lo más cotizados que están en el terreno de la ética nacional los consorcios que ganaron las licitaciones del hospital de Culiacán y del hospital de Mazatlán.
Como usted recuerda, los contratos fueron asignados a los dueños de la cadena hospitalaria Ángeles, en el caso de Culiacán, y al Grupo Higa en Mazatlán. Ambos están en las listas de empresas constructoras predilectas del régimen y aparecieron incluso en los asuntos del tren de pasajeros Querétaro-Distrito Federal.
Además es del dominio público que el decreto por aprobar tiene un propósito fundamental: mejorar las condiciones de los créditos que recibirán los constructores. Sin la garantía de las participaciones federales, los empresarios recibirían un crédito con un interés más alto. Con esa hipoteca del dinero sinaloense, la reducción de la tasa de interés es tan importante, que al final, entre las dos empresas, se ahorrarían una cantidad muy cercana a los mil millones de pesos.
Desde luego, esos casi mil millones de pesos representarían una utilidad adicional para los empresarios, quienes de todos modos podían haber ejecutado las obras sin riesgo de quiebra ni mucho menos, pero que obviamente presionaron por mejorar las condiciones de su negocio y encontraron eco.
Ahora que todo parece superado, nos preguntamos qué necesidad había de involucrar a las empresas privadas, cuando el financiamiento para la construcción viene del gobierno, el dinero para pagar operación y amortizaciones viene del gobierno, y la responsabilidad por los resultados, médicos y finalmente hasta económicos, le queda precisamente al gobierno.
Es que así es como se entiende ahora a la administración pública.
LE HALLARON DESTINO
Fue un buen día para el gobierno del estado. Justo cuando halló viabilidad su proyecto de decreto para ampliar las garantías para construir los dos nuevos hospitales, también se pudo deshacer de un elemento de reclamo social que mucho enchila a los mazatlecos: el hospital inconcluso que por años ha permanecido como monumento al abuso en el manejo del dinero oficial.
El cascarón de hospital, que costó varios cientos de millones de pesos, fue ofrecido a la Secretaría de la Defensa Nacional, y aceptado por el general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda, quien ayer mismo anunció que ahí se construirá el Hospital Regional Militar.
Originalmente se trataba de construir ahí al Hospital General de Mazatlán, pero después de haber invertido la mayor parte de los seiscientos millones de pesos presupuestados para la obra, el gobierno federal que encabezaba Felipe Calderón Hinojosa dejó de enviar recursos y el proyecto, como muchos otros en el país, quedó trunco.
Al llegar el sexenio de Mario López Valdez, lo primero que se hizo fue anunciar un esfuerzo adicional para terminar la obra, cuya necesidad se reconoció sin reticencias por todos los actores políticos de moda en ese arranque, que supuesto un cambio fundamental en la política sinaloense, toda vez que se produjo entonces la primera alternancia estatal.
Pero con los meses la idea fue mutando hacia la construcción de un nuevo hospital, en otro lugar. En algunas de las entrevistas que le hicimos al secretario de salud de Sinaloa, Ernesto Echeverría Aispuro, explicó que el hospital inconcluso ya no era redituable. Había, explicó, que cambiarle muchas cosas, sobre todo la tubería para fluidos hospitalarios, que se contamina al no tener uso después de dos años de instalada.
A partir de entonces salieron dificultades, irregularidades y fallas que terminarían por convertir a la obra inconclusa en un verdadero adefesio que carecía de cualquier posibilidad de fin útil, a no ser que se dedicase a la tarea de Hospital Siquiátrico.
Pero ahora resulta que nada de eso es impedimento para que ahí funcione un hospital de altas especialidades como el que busca construir el Ejército Mexicano, tan exigente de los estándares de calidad en sus servicios de salud, que son de excelencia.
Por lo pronto el gobierno de Sinaloa borra de un plumazo todas las acusaciones de que el dinero invertido ahí se tiró a la basura: ahí habrá un hospital, aunque sea de acceso restringido a los militares de la región, que están tan expuestos por la lucha permanente contra el narcotráfico.
COORDINACIÓN Y UNIDAD
TIENEN MUCHOS COLORES
Tres gobernadores panistas (Baja California, Baja California Sur y Sonora), uno del PRI (Durango) y un aliancista de todos los colores (Sinaloa) mostraron que en estos tiempos la política no se hace ya con colores de procedencia, sino con un discurso de unidad y efectividad que borra cualquier frontera, incluso las partidistas.
Al terminar los trabajos de la reunión regional en que participó en Gabinete de Seguridad Nacional, los mandatarios del noroeste describieron no sólo el panorama optimista que ven ej sus respectivos estados (el de Baja California fue casi delirante al describir la jauja económica y social que se ha generado con el progreso y desarrollo consolidados a partir de la seguridad creciente; el de Sonora se declaró “el estado fronterizo más seguro del país”.
Todos coincidieron en que los buenos resultados alcanzados se deben fundamentalmente al apoyo otorgado por el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto, a la coordinación y unidad con que se está trabajando, y a las decisiones acertadas con que han sido conducidas las estrategias de combate a la delincuencia.
Si eso lo hubiera dicho Jorge Herrera Caldera, el gobernador priísta de Durango, se habría entendido como normal, pero lo dijo también, y con gran énfasis, Mario López Valdez, quien a lo largo de su gobierno ha ido dejando atrás las cuestiones partidistas y al cambio de régimen se integró al trabajo con los priístas recién llegados. Pero además lo dijo Francisco Kiko Vega, gobernador del primer estado en que gobernó el PAN, y el único donde se ha mantenido varios sexenios sin una nueva alternancia; lo dijo el gobernador panista de Baja California Sur Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor que en realidad procede del PRD, donde no lo lanzaron y se les peló para el PAN, pero sobre todo, lo dijo y con mucha enjundia, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, panista que acaba de pasar un agarre de época con el gobierno federal, y que sigue en el puesto de puro milagro, gracias a una nueva negociación PAN-gobierno.
Por supuesto que hubo reciprocidad. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, estableció que la región noroeste del país es una de las zonas en que más avance se ha tenido en el combate al delito, y que esos resultados satisfactorios se han logrado “gracias a la participación decidida de los señores gobernadores”.
Por cierto que Osorio Chong aprovechó la conferencia de prensa y las preguntas de los medios para hacer un desmentido tajante a las versiones que pretenden relacionar al Ejército Mexicano con los acontecimientos de Iguala. Incluso informó que ya desde diciembre se había invitado a la CNDH para que se organizara un recorrido por los cuarteles de la región, a fin de demostrar que no había nada en ese sentido, y condenó el que haya habido una provocación a las fuerzas armadas con el intento de entrar a las instalaciones militares de Iguala, hace unos días. La invitación está abierta, estableció, pero esos no son modos.
La reunión, por supuesto, movilizó a las corporaciones policíacas, provocó recorridos intensos en helicópteros, tanto para prevenir como para transportar a los personajes. No hubo ni excesos ni bloqueos, salvo el del propio Centro de Convenciones, que no tuvo otras actividades. Un ala completa fue separada para la reunión y otra contigua, pero separada, para la prensa.
Fue tan cerrado el encuentro, que ni siquiera los colaboradores de los funcionarios o de los gobernadores tuvieron acceso.
Los que más se notaron fueron los de Sinaloa, por supuesto. El secretario general de gobierno, Gerardo Vargas Landeros, el procurador de Justicia Marco Antonio Higuera Gómez, y por cierto, sin tener puesto público, Quirino Ordaz Coppel, cuya presencia llamó la atención y fue explicada después por él mismo: hay una relación familiar de amistad cercana con el secretario de la Defensa, Cienfuegos Zepeda, a quien acudió a saludar y le otorgó un buen espacio dentro de las carreras y las movilizaciones casi atropelladas que se realizan en esos encuentros.
