*Faltan las respuestas al caso Ayotzinapa
*La óptica con que se legisla en seguridad
*Arrancan en la carrera por el presupuesto
FRANCISCO CHIQUETE
Ni el gobierno federal se decide a actuar de manera efectiva, ni el gobierno del estado de Guerrero encuentra el modo de dar un resultado final que no lo dañe. Los partidos actúan y reaccionan conforme a sus conveniencias políticas y en el fondo, los familiares de los estudiantes desaparecidos quedan sin atención, sin respuesta y sin justicia.
Ayer hubo marchas en todo el país e incluso en algunas ciudades del extranjero, para demandar que este caso doloroso no quede impune, pero nada parece capaz de empujar las pesadas ruedas de la justicia. Ni un solo indicio, ni una sola muestra de que efectivamente se hace el esfuerzo de resolver este caso, al que ya Amnistía Internacional considera tan grave como la matanza del dos de octubre de 1968.
El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dice en la televisión que ya están buscando al alcalde de Iguala, a su jefe de policía y a otros cuyos nombres no da para no advertirlos, pero mientras se hacen declaraciones periodísticas pasa el tiempo y se agotan las esperanzas de encontrar con vida a los estudiantes desaparecidos.
Lo menos que se hubiera esperado era una batida general para ubicar y detener a los hoy tristemente célebres Guerreros Unidos, ese cartel regional que operaba como guardias blancas del presidente municipal, con el disimulo o el consentimiento del gobernador Ángel Heladio Aguirre Riveros, quien hace denodados esfuerzos, no para esclarecer las desapariciones, sino para mantenerse en el puesto.
Pero no ha habido tal batida. Los elementos de la Gendarmería Nacional, de acuerdo con los reportes, se pasean por las calles de Iguala, ponen taponamientos en las entradas de la ciudad, pero sin buscar más resultados que el aparecer ante la opinión pública. Igualito que cuando vivimos aquí los famosos paseos de las Bases de Operación Mixtas Urbanas, cuyo paso esperaban los criminales para cometer el asesinato en cuanto los perdían de vista, a sabiendas de que no iban a alterar el recorrido que traían programado.
Es obvio que todas las autoridades están atadas por algo. El gobierno federal, se considera, por los acuerdos legislativos con el PRD; el gobierno del estado, por su propia sobrevivencia; el municipal de Iguala, por la incapacidad, la corrupción y la infiltración. El propio Partido de la Revolución Democrática tuvo un fatal debut de su dirigente nacional, Carlos Navarrete, quien para defender a Ángel Heladio Aguirre dijo que antes que él, o con él, deberían irse también los gobernadores priístas de Tamaulipas y el Estado de México. Es decir, yo tengo uno que está en capilla, pero no lo corras por más malo que sea, si no corres a los tuyos, que también son malos.
La izquierda en general anda en mala posición respecto del caso Iguala. Aquí mismo, el exdirigente estatal perredista Feliciano Castro Meléndrez aseveró que esto es resultado del regreso del PRI al poder. Nadie puede quitar al PRI las culpas históricas y actuales que llenan su currículum, pero la izquierda necesita también algo de objetividad: ¿no ocurrió este secuestro multitudinario en un estado gobernado por el PRD, en un municipio gobernado por el PRD, partido que busca evitar castigos escandalosos porque aspira a volver a ganar la gubernatura el año próximo?
Desde luego que las culpas del PRI no pueden desaparecer de ningún modo, pero no se limpia el panorama nacional metiendo las culpas propias debajo de la alfombra.
Para acabar de dramatizar la situación, un grupo de acelerados, vaya usted a saber de qué tendencia, agredió ayer al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, cuando éste terminó su participación en la marcha de protesta, en el Distrito Federal. Asesino, le gritaban sujetos que difícilmente podrían enarbolar una sola causa o una sola sospecha que hiciese viable el calificativo. Mucho menos puede justificarse la agresión.
Son tiempos difíciles que requieren de atención y de respuesta, una atención que sólo la sociedad ha puesto, sin recibir la respuesta que deben dar las autoridades.
ESTOS SON LOS REPRESENTANTES
DE LA SOCIEDAD SINALOENSE
El diputado guamuchilense César Fredy Montoya preside la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado. Se nota que se la dieron porque había que colocarlo en alguna parte, pero no maneja ni el lenguaje, ni mucho menos los conceptos o las teorías de esa rama, que es tan delicada para el país y en especial para Sinaloa.
A lo largo de la entrevista radiofónica con Guardianes de la Noche, Montoya Sánchez se pasó el tiempo echando porras a los agentes y sobre todo a las corporaciones, cuando se trataba de analizar la necesidad de despedir a tres mil ochocientos elementos que no pasaron los exámenes de control y confianza.
Es cierto que existe en este caso un lado humano que no puede ser desatendido, pero también hay circunstancias como la disminución brutal del número de efectivos (andará alrededor del treinta por ciento del total de que disponen las corporaciones en el estado), como la posibilidad de que muchos de los desempleados se vayan a la delincuencia, ya por proclividad, ya por falta de oportunidades.
Ni una ni otra cosa aceptó Montoya Sánchez. El diputado por el contrario, celebró que hoy nuestras policías son más efectivas están más equipadas y responden de mejor manera. Guamúchil, lugar de residencia habitual del legislador, es uno de los puntos conflictivos de la entidad. Se trata de una región que no ha podido ser pacificada después del gran estallido del 2010, aunque por temporadas presente periodos de tranquilidad.
Eso no cuenta, El diputado aspira a ser candidato a presidente municipal y considera que quedando bien con el tercer piso, tiene posibilidades de que su aspiración cuaje. Así va a ser difícil que de su comisión o actuación legislativa surja una propuesta innovadora, una denuncia contundente, algo en fin que sirva para mejorar el estado de cosas de la seguridad.
Y todavía va a estar en esa posición todo el año siguiente, y uno más si antes no se comete la insensatez de mandarlo de candidato.
EL PEREGRINAJE POR LOS
RECURSOS FEDERALES DEL 2015
En esta temporada, gobernadores, alcaldes y otros responsables de instituciones públicas acuden al Congreso de la Unión como el religioso que visita a la Meca o al Santuario de su devoción, tratando de cobijarse bajo el manto protector de los legisladores federales. Es el tiempo de pelear por recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación.
En realidad el presupuesto lo decide el ejecutivo federal, pero en estos tiempos de avances democráticos (al menos en la formalidad), los diputados han logrado arrancar unas migajas de poder y ejercen la autoridad para reubicar cantidades relativamente mínimas, con las que pueden beneficiar a sus estados o a los proyectos que les interesan.
Hasta finales de los noventa, con el presidencialismo tradicional priísta, había que ir a la Secretaría de Hacienda prácticamente a mendingar unos cuantos centavos más, o un proyecto que muchas veces era incomprendido por los señores que manejan desde las alturas el dinero de todos los mexicanos. Juan Sigfrido Millán descubrió ese resquicio a su paso por el Congreso, y lo aprovechó como gobernador, haciendo cabildeo con personajes claves del Poder Legislativo,. Jesús Aguilar lo extendió echando montón con el paisanaje de los legisladores de esta entidad, y Mario López Valdez lo ha mantenido así, extendiendo la participación a todas las representaciones partidistas.
Como cada año, el gobernador y su equipo empezaron ya a plantearse metas y aspiraciones. Se trata esta vez de alcanzar los sesenta mil millones de pesos en asignaciones federales, de amarrar proyectos como la Presa Santa María, el distrito de riego de la Picachos, la modernización de los puertos de Topolobampo y Mazatlán y la construcción de nuevas plantas generadoras de energía eléctrica en la entidad.
Pero aparte están los proyectos municipales, que en el caso de Mazatlán se concentran en recursos para sustituir el sistema de drenaje y construir el acueducto. Y están instituciones como las universidades. La UAS, que requiere desde ahora de un apoyo adicional de mil cuatrocientos millones de pesos para sacar los compromisos laborales del año, y de un extra para superar sus actividades durante el año próximo; la Universidad de Occidente busca convertirse enUniversidad Pública para tener acceso a bolsar y apoyos educativos adicionales a su presupuesto.
Es una lucha fuerte y desgastante, aunque se practique en la comodidad de las oficinas y en la amabilidad de los restaurantes de moda.
