*Inició el proceso electoral: ya buscan plazos
*Los diputados que quisieran dar el brinco
*Advertencia de Malova a los de Atamsa
FRANCISCO CHIQUETE
Con el proceso electoral formalmente iniciado, muchos actores políticos se aprestan a decidir su futuro inmediato. Funcionarios públicos, diputados locales y hasta dirigentes partidistas revisan sus plazos con la idea de solicitar licencias de manera oportuna, para evitar una derrota por defoult, sin llegar si quiera al terreno de juego.
De acuerdo con el calendario electoral oficial, las precampañas arrancan en la primera semana de enero. Lo que indica que las renuncias tendrían que darse a más tardar en la +última semana de diciembre, aunque también esto tiene sus asegunes, pues si el Congreso, por citar un caso, declara vacaciones invernales, el trámite tendría que realizarse antes de ese periodo. Y los funcionarios públicos estarán igualmente ante un periodo vacacional, que podría generar suspicacias con permisos o renuncias presentados en la orilla del plazo.
En esto de los plazos hay cosas que resultan curiosas e incluso francamente deleznables. Hay una proclama de que las campañas duran solamente sesenta días, pues arrancan en la última semana de marzo. Pero resulta que las precampañas corren desde enero, y los procesos internos de los partidos se mantienen a lo largo de ese primer trimestre, de modo que los pretensos andan en exposición durante todo un semestre, como ocurría antes de las reformas de que tanto se ufanan los partidos políticos.
De los veinte diputados locales del PRI, hay dos o tres que están esperando que les den línea para ir en pos del Congreso de la Unión. Son por cierto los más oficialistas. Óscar Javier Valdez López, presidente de la Comisión de Hacienda, Óscar Félix Ochoa y César Fredy Montoya Sánchez andan que brincan por ser postulados nuevamente.
En las filas del PAN, las cosas se dificultan porque los dos aspirantes más notorios acaban de ser promovidos: Adolfo Rojo Montoya pasó a ser coordinador de la bancada panista, y Martín Pérez Torres ascendió a presidente de la mesa directiva de la Cámara para el siguiente año legislativo, una posición muy apetecida en la Cámara y que en esta legislatura está reservada en exclusiva a los diputados de procedencia blanquiazul.
Rojo además busca ser candidato a gobernador del estado, de modo que tendría que pensarla antes de emprender la larguísima ruta de tres elecciones consecutivas, aunque en la primera haya alcanzado su curul por la vía plurinominal. Martín Pérez Torres con sus aspiraciones, desnuda la estrategia de Alejandro Higuera Osuna, quien dic por todos los rumbos que busca ser de nuevo candidato uninominal y plurinominal, como lo ha sido en dos ocasiones: la más reciente en 2013, cuando compitió y perdió con Fernando Pucheta en el Distrito XIX, y una postulación en el lugar número diez de la lista de la Coalición Unidos ganas tú, que no le permitió llegar ni siquiera cuando se midió la alternativa de resto mayor, ganada por el PRI con Jesús Burgos Pinto. La primera ocasión en que corrió por las dos vías, Higuera compitió y perdió contra Jesús Manuel Meléndez Franco, del PRI, en el entonces cuarto distrito electoral, que abarcaba al sur de Sinaloa. La diferencia en aquella oportunidad es que sí pudo ser diputado federal plurinominal porque iba en un buen lugar de la lista pluri del PAN. Si Martín Pérez intenta la uninominal en el octavo distrito, es porque el grupo higuerista ya está desunido, o porque el famoso Diablo no tiene realmente la intención de buscar la curul federal “por tierra”.
LA REUNIÓN SECRETA
QUE TODOS CONOCEN
Hoy se espera aquí al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y a los gobernadores de los estados de la región noroeste del país, para analizar avances y estrategias en materia de seguridad pública. Normalmente en estas reuniones participan también funcionarios de alto nivel de las secretarías de Seguridad Pública, Marina, Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República.
En realidad nadie ha hecho un anuncio formal de este encuentro, aunque se notan los preparativos, los desplazamientos de funcionarios, si bien la agenda del gobernador dice “actividades privadas”. En cambio la agenda del alcalde Carlos Felton González hablaba de “gira con el C. Gobernador del Estado”, “diversos eventos”. Después se divulgó una nueva, que sólo incluía un desayuno en l iv Zona Naval Militar, con el Vicealmirante.
Como quiera, en la reunión deberían considerarse los problemas más fuertes de los estados en materia de seguridad, y probablemente el que concentre más la atención común sea el despido de los agentes policíacos que no aprobaron los exámenes de control y confianza, que en el caso de Sinaloa alcanza a tres mil ochocientos elementos.
Por supuesto, el secretario de Gobernación trae papas todavía más calientes que esa. Está el caso de Guerrero, donde el gobernador Ángel Heladio Riveros acaba de anunciar al mundo, campante y jocundo, que la investigación sobre los estudiantes desaparecidos está “prácticamente terminada”, en lo que parece ser un resultado al gusto.
Cualquiera que sea la conclusión que entregue el gobernador, carecerá de credibilidad entre la sociedad mexicana, y por supuesto, corresponde al secretario de Gobernación encaminar el asunto de tal manera que no queden dudas de que hay una versión real y sobre todo un castigo con todas las de la ley a los responsables en todos los niveles.
UN ULTIMATUM PARA EL
ASUNTO DEL TRANSPORTE
El gobernador Mario López Valdez fue enfático ayer al referirse a un problema que parece ir creciendo y que podría llevar de nuevo a tiempos difíciles para la actividad turística en Mazatlán. No se permitirán desórdenes y se aplicará la ley, advirtió el mandatario.
Es el conflicto desatado por Atamsa, que quiere prestar el servicio de taxis de la ciudad al aeropuerto, a pesar de que formalmente su concesión es sólo del aeropuerto a la ciudad. Hace varios lustros, un juez de distrito obsequioso agarró la concesión de Atamsa y le escribió encima “viceversa”, como si fuese él autoridad competente para emitir concesiones. Desde entonces ha sido motivo de pleitos y bloqueos, sobre todo cuando escasea el turismo. Y como en estos meses no sólo ha escaseado en el aeropuerto, sino que los atamsistas han enfrentado competencias antes inexistentes, se lanzaron de lleno a la vía del conflicto, olvidando que en acuerdos anteriores recibieron hasta concesiones como compensación por un derecho que originalmente no tenían.
Hacía falta que una autoridad, en este caso el gobernador, tuviese un pronunciamiento así definitivo, porque el asunto amenaza con escalar. Lo siguiente será que en cuanto se llegase a presentar un primer caso, se proceda contra los responsables, pues en los anteriores episodios no ha habido decisión –en ninguno de los sucesivos gobiernos- para llegar hasta el fondo.
En todos los aeropuertos del país hay un servicio concesionado de taxis que se limita a la modalidad aeropuerto-ciudad, y que convive con otros servicios, sobre todo colectivos, pero en el caso de Mazatlán parece ser costumbre que las épocas malas se enfrentan con amenazas y desorden.
La advertencia del gobernador debe servir para poner quietos a los atamsistas, pero también para meter en actividad a los funcionarios relacionados con el ramo, pues hasta el momento no se ha visto que tengan ganas de entrarle al asunto. O busquen alguna reacción de Domingo Ramírez, el director de Vialidad y Transportes en el estado.
