*Malova le revira a Martha Tamayo
*Buen propósito, pero no es su campo
*Divisiones acentuadas en el panismo
FRANCISCO CHIQUETE
El gobernador Mario López Valdez tomó las cosas con tranquilidad. Ante la advertencia de Martha Tamayo en el sentido de que el PRI no tomaría en cuenta la opinión del mandatario en la sucesión, éste dijo simplemente que ni el PRI ni ningún otro partido tendría por qué considerarla.
Así, lo que nació como una descalificación severa, proveniente de quien e supone que llegó para consolidar la relación PRI-Gobierno, terminó simplemente como un incidente, una anécdota que no dio para más en los vaivenes de la política local.
Martha Tamayo, la presidenta estatal del tricolor, ha pintado su raya respecto del gobernador Mario López Valdez en varias ocasiones, pero lo ha hecho con un tono más enérgico a partir de la enésima ruptura de Edgardo Burgos Marentes con el gobierno malovista. A partir de ahí han menudeado las referencias a que López Valdez no es un gobernador surgido de las filas del PRI, sino que fue lanzado por el Partido Acción Nacional, no con un propósito informativo, sino para irse desmarcando de los niveles de aceptación del propio Malova.
Pero a la presidente no le salió gratis la última referencia delimitativa, pues si bien Malova le dio la razón y le dijo que no tenían por qué tomar en cuenta su opinión, aprovechó el raite para restregarle que en el 2010 se propuso aparecer en las boletas y no sólo apareció, sino que ganó la gubernatura –se la ganó al PRI-. Nomás le faltó referir a la dirigente de ese partido, que en buena medida ganó la gubernatura con activistas y con votos de esa organización.
La verdad es que a Malova, como a cualquier otro hombre de poder, sí le gustaría que su opinión fuese tomada en consideración, en el mejor de los casos para determinar quién sería el sucesor, y en el peor para determinar, conforme ocurría normalmente antes de la alternancia, quién no fuera el candidato del PRI. Uno y otro extremos tienen nombres y apellidos, por supuesto: Gerardo Vargas Landeros sería la joya de la corona en el primer caso; Jesús Vizcarra Calderón sería el objetivo prácticamente único, del añorado derecho de veto.
(Ese veto por cierto, fue intentado y falló en los casos de Alfonso Genaro Calderón Velarde, quien en 1985, sabiendo que no tenía posibilidades reales, se opuso con todo a una posible candidatura de Antonio Toledo Corro, que finalmente llegó. Después fue Toledo Corro el que a sabiendas de que ni estaba en el ánimo del presidente, ni podía contra una carambola política de altos vuelos, se opuso a la designación de Francisco Labastida Ochoa. Inútilmente, pues por un lado estaban las presiones de Carlos Salinas de Gortari para sacar a Labastida de la competencia presidencial, y por el otro estaba la convicción del propio Miguel de la Madrid, quien adelantó: “Paco va a ser mi mejor gobernador”. Labastida sólo aspiraba a que Juan Sigfrido Millán Lizárraga no fuese el agraciado, pero en realidad puso su mayor esfuerzo en colocar a Lauro Díaz Castro; Renato Vega Alvarado la jugo limpia: Millán y Lauro lucharon en una inédita interna y el gobernador en turno se allanó dejando piso parejo, lo que ya era mucho, dada la fuerza de Labastida, padrino de Lauro. Juan Millán y Jesús Aguilar escribieron sus propios destinos.)
Mario López Valdez quiso dar un cierre institucional y el altos vuelos a la naciente polémica con Martha Tamayo. En su referencia a la oportunidad que buscó para ser gobernador, indicó: “la tuve, soy gobernador y hoy como gobernador lo que yo tengo que tener es dar las garantías que todo aquel que se interese en participar tenga la oportunidad y no se le cierre la puerta a nadie”.
En realidad la intención es buena, y la nueva restregada a quienes no le permitieron ser candidato priísta son fuertes, pero el gobernador se equivoca: él no es autoridad electoral ni árbitro en los partidos, de modo que no tendría cómo garantizar a lso aspirantes que no se les va a cerrar la puerta. Es una solidaridad impracticable.
UNA FRACTURA PAREJITA
EN EL CUERPO DEL PANISMO
Mazatlán domina en las principales posiciones de la mesa directiva del Congreso del Estado. El panista Martín Pérez Torres fue nombrado presidente de esa instancia (que por reparto legal en esta legislatura corresponderá al PAN durante los tres años), mientras que el priísta Fernando Pucheta Sánchez fue designado vicepresidente. La otra vicepresidencia está en manos de Robespierre Lizárraga, del Partido Sinaloense, quien ya estuvo en esa misma posición durante el año pasado.
Pero mientras la designación de Pucheta Sánchez y de Robespierre generaron alegría en sus respectivos partidos, la de Martín Pérez fue cuestionada, no por su persona, sino por la división profunda que existe en su partido. Tanta división, que de diez diputados que conforman la bancada blanquiazul (cuatro de mayoría y seis plurinominales), cinco se pronunciaron en contra de los cambios que ayer formalizó el presidente del comité directivo estatal, Edgardo Burgos Marentes.
Hasta ayer, los diputados de Acción Nacional en el Congreso de Sinaloa eran coordinados por el ingeniero Francisco Solano Urías, una designación que en su momento sonó justa, toda vez que Solano ha sido diputado en dos ocasiones anteriores y ha dirigido también por dos veces a su partido en la entidad. La otra posición importante, la de presidente de la mesa directiva de la Cámara, estaba en manos de Adolfo Rojo Montoya.
Ayer, al iniciar el nuevo periodo ordinario de sesiones, se anunció que Francisco Solano quedaba relevado en la coordinación de la bancada. Se bajó para allá a Adolfo Rojo Montoya y se elevó a la presidencia a Martín Pérez Torres.
Simultáneamente, cinco diputados locales: Guadalupe Carrizosa Cháidez, Judith del RIncón, Miguel Ángel Camacho, Lucero Sánchez y Laura Galván Uzeta, se manifestaron en contra de las designaciones, especialmente contra el dirigente estatal por tomar las decisiones sin tomar en consideración a los propios interesados, que son los diputados.
Por supuesto, Burgos Marentes dice que todos sabían desde hace tiempo que habría rotación, pero ellos lo desmienten.
Tenga la razón quien la tenga, el hecho es que están embroncados: hay diez diputados locales del PAN y cinco están en rebeldía contra lo que decide su dirigente estatal. Lo más curioso del caso, es que todos pertenecen a la corriente maderista, de modo que a estos pleitos, todavía habría que sumar los que subsisten entre maderistas y corderistas, que tienen una buena influencia en Sinaloa, aunque no tengan tantos liderazgos ni controlen estructuras. Además, todos, disidentes e institucionales, se inscriben también en el malovismo. Mientras los legisladores del PRI polemizan, aunque sea por formalidad o focalizadamente, entre los panistas la marcha es parejo, con la excepción única de Miguel Ángel Camacho.
Con el caso de Martín Pérez intervino hasta el diputado federal Martín Heredia, quien asegura que él mismo promovió ante la dirigencia nacional el ascenso de Pérez Torres bajo el esquema de buscar el ascenso de los nuevos cuadros. En ese tenor, Heredia jura y perjura que el actual director de Conalep, Alejandro Higuera, no tuvo nada qué ver, que no se metió en el asunto, lo que parecía obvio dada la cercanía política del exalcalde y el actual presidente de la mesa directiva del Congreso.
Por cierto que a pesar de esas fracturas tan evidentes, Heredia jura y perjura que el PAN está en muy buena posición para enfrentar de manera adecuada y con grandes posibilidades de éxito los procesos electorales del 2015 y sobre todo del 2016, del que no dice nada concreto, salvo que se siente muy honrado de que lo mencionen como posible candidato a gobernador.
