*Diputados incómodos con los hospitales
*Heredia se cobró los ochenta millones
*Asignaciones especiales, con dedicatoria
FRANCISCO CHIQUETE
Cada vez resulta más evidente la incomodidad de los diputados locales ante el compromiso de sacar adelante las reformas a los decretos referentes a nuevos hospitales generales de Mazatlán y de Culiacán. La carga de una posible hipoteca por los siguientes veintitrés o veinticinco años es muy pesada, sobre todo cuando está tan expuesta a la opinión pública.
Ello no significa que el proyecto vaya a quedar truncado. El gobierno de Sinaloa cuenta con un número suficientes de legisladores a favor de su proyecto y seguramente que podrá sacarlo adelante, aunque también entre los institucionales hay preocupación y pretensiones de que al menos les den una manera de justificarse ante la sociedad.
El punto actual es que oficialmente el Congreso está en espera de más información, porque la enviada hace dos semanas por el secretario de Salud les resulta insuficiente, no sólo en las corridas financieras, sino incluso en los requerimientos del Banobras para ampliar las garantías en que pretende convertir a las participaciones federales del estado.
El presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso, Óscar Valdez López es de los convencidos. Si por él fuera, el tema estaría agotado desde hace tiempo: agotado, votado y aprobado por supuesto. Como él hay muchos más que se sienten identificados con el caso, obligados con el gobernador, o temerosos a disentir.
Es curioso que entre los dispuestos a apoyar, y los que dudan en hacerlo, hay un motivo común: las aspiraciones futuristas. Los primeros piensan que si no se portan bien con el gobernador, éste no los apoyará e incluso podría vetarlos en la comalada de candidatos a alcaldes priístas del 2016; y entre los que dudan en dar su voto aprobatorio, está el temor de quedar tan exhibidos ante la sociedad, que ser candidatos les resulte inútil.
Desde luego la bancada del PAN está íntegra a favor del proyecto, abrazada por dos elementos ígneos: su malovismo a toda prueba (salvo el caso del diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, cruzado de la oposición interna; y su adoración por todo lo que huela a libre empresa, más si ésta viene en sustitución de las odiadas estructuras gubernamentales.
En la oposición franca están los dos diputados perredistas; en la denuncia, Jesús Burgos Pinto y Ramón Barajas López; en el cuestionamiento, Sandra Lara y Víctor Díaz Simental. La preocupación de éste por cierto, es más que válida: nos vamos a endeudar por tantos años para construir hospitales de punta ¿y quién los va a poder utilizar? Porque al margen de la atención al Seguro Popular, habrá atención al público en general mediante el llamado sistema de cuotas de recuperación, que actualmente existe, pero con el criterio de servicio social que difícilmente podrá perdurar con una empresa privada que administre los nuevos hospitales, especialmente cuando una de las justificaciones para darles entrada está en la eficacia que los propios administradores actuales niegan a su propio trabajo.
Con todo y esas prevenciones, es seguro que las iniciativas de reformas van a pasar. Quizá se logre una modificación de importancia relativa. Si los esquemas de asociación público-privada lo permiten, podría darse una pequeña aflojada a los términos de la contratación. Lo importante será ver cómo resuelven los diputados este, su primer gran dilema de la legislatura.
UN ANTECEDENTE O
UNA JUSTIFICACIÓN
En noviembre del 2013, a punto de entregar los bártulos, los diputados de la sexagésima legislatura aprobaron la suscripción de dos contratos de participación público-privada para la construcción de otros tantos hospitales generales. Era la coronación de las buenas relaciones entre una Cámara que aprobó todas las propuestas del gobernador, pero cada vez hizo un pancho que parecía llegar a la ruptura, bajo la conducción del Chino Cenobio Ruiz.
Como Cenobio se fue a la loca aventura de construirse una candidatura para la alcaldía de Culiacán, su lugar fue ocupado por Rosa Elena Millán, quien llevó la relación con el tercer piso por aguas tranquilas, siguiendo los lineamientos de convivencia entre priísmo ortodoxo y priísmo malovista.
Pero resulta que por esos días se decidía el relevo formal en la dirigencia sinaloense del PRI y sonaba la propia Rosa Elena, de quien todo mundo decía que ya tenía seguro el puesto. No ocurrió sin embargo. Inopinadamente designaron desde el centro a Martha Tamacho Morales, quien estaba allá en el comité ejecutivo nacional.
Sólo una explicación trascendió para el viraje que sacudió al panorama priísta: -Esta señora le aprobó unos hospitales al gobernador, se vio demasiado cercana, dijeron allá en el comité ejecutivo nacional a modo de justificación.
¿Sería mucha inocencia preguntar cómo les irá a ir a los actuales?
¿NO HABRÁ SIDO UNA
REASIGNACIÓN POLÍTICA?
Los famosísimos ochenta millones de pesos que el diputado Martín Heredia anunció para el mercado municipal José María Pino Suárez han andado para arriba y para abajo, como manojo de jediondilla durante una limpia en La Barrigona. Hoy parecen haber terminado ya en el Centro de Usos Múltiples que crece casi clandestinamente detrás de los últimos matorrales que quedaron por los alrededores de la Marina.
Primero fueron algunos locatarios los que rechazaron las obras incluidas en los ochenta millones; después fue el ayuntamiento el que decidió llevarse el dinerito por otros rumbos, que fueron variados hasta aterrizar en el nuevo edificio de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. O así parecía.
Como todo mundo sabe, no fue así. Pudo más el enojo del diputado Heredia, quien tenía ya traía bronca con el municipio, aunque la haya llevado con toda la civilidad del mundo. El alcalde Carlos Felton sostiene que en realidad se trata de una medida administrativa para aprovechar los recursos federales, pero se trata de una posición política ostensiblemente enfrentada entre ambos personajes.
UN “ERROR” DERIVADO
DEL PACTO POR MÉXICO
No hay alcalde que no se queje de la asignación directa de recursos federales para los diputados. Como se sabe, en el Presupuesto de Egresos de la Federación hay una partida especial cuyo destino puede decidir cada diputado. Ello les permite favorecer a grupos sociales marginados que no tendrían que esperar a cubrir todos los trámites que a veces son interminables.
También por supuesto, permite a los diputados irse construyendo una clientela electoral que en la medida de lo posible, les garantice la continuidad de sus respectivas carreras políticas.
Para los alcaldes esto tiene dos efectos: uno, que les llega dinero que de otro modo no habría llegado nunca; otro, el enojo de ver cómo recursos que podrían servirles para complementar sus proyectos, se aplica a capricho o disposición del legislador.
Pero sobre todo, ocurre que ese dinero se utiliza en lo que ellos dicen, y a través de quien ellos dicen, porque los proyectos de obras llegan etiquetados con contratistas, ejecutores y toda suerte de beneficiarios, sin que se tengan que rendir cuentas ni mucho menos aplicar licitaciones u otro tipo de controles.
Y esto lo hacen todos los diputados de todos los partidos, según la queja de los alcaldes, quienes nomás ven pasar, en todos sentidos, el dinero que se asigna directamente gracias a la necesidad que había de contar con las simpatías de cada legislador durante la discusión de los temas del Pacto por México.
