*Cómo dejar crecer problemas que no existían
*Nuevos encuentros de Malova con Jesús Aguilar
*Aarón Rivas lanza culpas por las inundaciones
FRANCISCO CHIQUETE
Reacciones lentas.
Un gobierno debe caracterizarse por la rapidez con que reacciona ante los eventos. Fue así frente a la contingencia generada por Manuel, el huracán que será recordado durante muchos años. Ha sido así ante el caso de el retiro de los cruceros, con los que además ha tenido el don de la persistencia.
Sin embargo, ante situaciones propiciadas por acciones propias, no ha tenido esa virtud.
El caso de las verificaciones a autos cuyos propietarios buscan el emplacamiento o bien la baja, llegó a provocar una inconformidad generalizada entre la población, o por lo menos entre los automovilistas, sin que hubiese quién tomara la iniciativa de corregir la situación.
Como ha sido profusamente informado, el estado decidió incorporar a los requisitos para el emplacamiento o la baja de placas, una revisión física a los vehículos en cuestión, tras la cual se emitiría una constancia que abriría las puertas al trámite de las placas. Pero resulta que a la Procuraduría General de Justicia del Estado se le ocurrió que los módulos de revisión irían muy bien en las cinco principales ciudades del estado, y que los habitantes del resto de los municipios tendrían que ir al centro urbano que más le acomodar.
Eso significa que un habitante de La Concha, municipio de Escuinapa, tendría que venir de los límites con Nayarit hasta Mazatlán, para que le revisen su carro, independientemente de que se trate de una charchinita antediluviana que difícilmente soporte el viaje. O alguien del Cuatantal, o del Platanar de los Ontiveros, en la sierra de Concordia. Y así en cada una de las regiones. Un habitante de las estribaciones de la Sierra Madre Occidental en Badiraguato, deberá ir a Culiacán, como si estuviese a la vuelta de la esquina.
Pero eso no es todo: cada módulo tenía apenas dos operadores, de modo que el ritmo de trabajo era infinitamente lento. Además, para ir a revisión, se necesitaba primero ir a conseguir una cita, y eso costaba en ocasiones hasta cuatro horas de colas. El último caso que conocí fue el de una persona que recibió su cita para el 18 de diciembre, pero en Los Mochis comentaron que las citas llegaban ya hasta febrero.
Cuando aquí entrevistaron al subprocurador de Justicia, Antonio Sánchez Solís, dijo que no podían ir más rápido debido a la falta de personal. Eso se entiende, pero no podemos entender que alguien ponga en operación un programa como ese, a sabiendas de que no tiene el personal necesario. Menos asimila uno que el subprocurador sea tan contundente como para decir que “la gente tiene que entender” que hay que esperar el turno. “La gente tiene que entender”. No son ellos los que están ahí para atender y entender a la sociedad, sino al revés. ¿Es eso servicio público, espíritu de servicio?
Más consciente, el director de Vialidad y Transportes, Domingo Ramírez Armenta, reconoció que el problema es serio y convocó a Poncio Pilatos al establecer que el asunto no estaba en sus manos, sino en las del procurador. De paso se asumió como víctima, al decir que normalmente en Culiacán, en el transcurso de un mes, emplacan unos siete mil quinientos vehículos, pero a partir de la operación de los módulos, apenas han podido hacerlo con quinientos cincuenta.
El caso es que ni Vialidad, ni la Procuraduría General de Justicia, ni la flamante Secretaría de Innovación Gubernamental decían “esta noca es mía”.
Terminó por intervenir la secretaría general de gobierno, que mandó al subsecretario Marcial Liparoli a pedir disculpas a la sociedad y a anunciar que se suspende el tortuguismo: que habrá un módulo en cada municipio, que sacará los casos en la misma jornada, al día siguiente, cuando se trate de un carro de origen extranjero. Es decir, se hará todo lo que debió hacerse desde el principio, pero ls autoridades responsables se tardaron un mes completito en darse cuenta, un mes en que les llegara la información.
El otro caso es el de una escuela pública, modesta por supuesto, a la que un día le llegó el recibo por consumo de energía eléctrica con la nada simpática cantidad de cincuenta y dos mil pesos. En la Secretaría de Educación Pública y Cultura dijeron “nosotros no pagamos”, les toca a los padres de familia y los padres, por supuesto, preguntaron “¿de dónde?”
El caso es que la escuela lleva tres semanas sin energía eléctrica, y los padres fueron y tomaron el edificio porque no querían que sus hijos tomaran clases en esas condiciones tan desventajosas.
La noche del miércoles entrevistamos al secretario Francisco Frías Castro quien dijo estar enterado del caso y anunció que asumirían el pago del adeudo, aunque reclamó que cuando se crean las escuelas, los padres de familia anuncian que serán ellos quienes carguen con los gastos a cambio de que la Secretaría aporte los maestros.
Incluso advirtió que se hará una investigación sobre la toma de la escuela, porque es algo ilegal y son los hijos los que sufren las consecuencias. Que me tomen a mí las oficinas, no hay problema si lo hacen, porque de alguna manera podemos platicar y solucionar las cosas, pero que no incurran en la ilegalidad de tomar las escuelas, insistió.
Los paterfamilias ya le habían ganado el jalón. No tomaron las oficinas del secretario porque éstas se encuentran en Culiacán, pero fueron y protestaron ante las oficinas administrativas de la Sepyc en la región, pero no hubo pláticas ni solución, simplemente otra lavada de manos porque en efecto, Toribio no tiene aquí la chequera ni la facultad de extender esos pagos.
Frías Castro estuvo aquí este jueves, platicó con los padres y les ofreció pagar dos terceras partes del adeudo e insistió en la búsqueda de motivaciones detrás de la toma de la escuela.
¿Por qué antes de rechazar el pago del recibo el funcionario encargado no razonó que finalmente es ineludible un pago como ese? ¿Por qué generar movilizaciones, protestas y bloqueos? Todo tiene que llegar hasta arriba, de modo que el secretario es siempre el que tiene que tomar el toro por los cuernos, cuando no hay necesidad de llegar a tanto.
Gay quien piensa que al menos en el caso de los emplacados, la orden de corregir el entuerto provino directamente del gobernador Mario López Valdez, a quien le llegó el comentario de que las cosas andaban mal con ese programa. Lo peor es que los encargados todavía se defienden diciendo que con todo esto, ya consiguieron detectar ¡ocho carros robados que iban a emplacar! Toda una hazaña.
LAS GIRAS DEL MORBO
Por la actividad primordial de Sinaloa, era evidente que las acciones posteriores al huracán Manuel obligarían a encuentros ya ocurridos, pero cuya repetición genera siempre una buena dosis de morbo.
Se trata por supuesto de las visitas a Sinaloa, en plan oficial, del exgobernador Jesús Aguilar Padilla, quien vino la semana pasada con el secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez a hacer una primera evaluación de los daños y de las necesidades de apoyo en la entidad.
Ayer regresó, ya encabezando al grupo de la Sagarpa y le tocó recorrer viejos caminos, como los pasillos que llevan al Salón de Gobernadores. Encima le acompañaban dos personajes que fueron sus colaboradores: Jorge Kondo López y Oscar Lara Aréchiga, también encumbrados funcionarios federales.
Por supuesto, nada huno fuera de lo normal. Tanto Aguilar Padilla como el gobernador Mario López Valdez cumplieron con sus roles, con las tareas encomendadas sin dar nada qué decir,. Con la civilidad que exigen las elevadas posiciones que uno y otro desempeñan. De todos modos no faltaron quienes escudriñaran las actitudes, las referencias, las formas de tratarse entre sí, en fin, algo que delatase una mala relación o algo por el estilo. Nadie puede decirse que se tengan cariño o empatía, pero los cazadores del morbo se quedaron con las ganas.
YA HAY CULPABLE
Dice el alcalde de Culiacán, Aarón Rivas, que su ciudad está levantándose, que al día siguiente del paso de Manuel se puso de pie y empezó a trabajar, y que los problemas se están solucionando, incluso uno que parecía ser el más impactante después de la tragedia humana de miles de viviendas inundadas y dos vidas perdidas en la urbe (la otra muerte ocurrió en el mar): la pérdida del valor de enormes fraccionamientos privados que simbolizaban el desarrollo, el progreso y modernización de Culiacán, y que fueron anegados por las aguas como cualquier colonia creada por un impreparado líder invasor de terrenos.
Habida cuenta de que el primer señalado había sido el propio Aarón Rivas, por haber estado al frente del Desarrollo Urbano Tres Ríos cuando se creó la Isla de Musalá, el lugar donde se perdieron grandes inversiones en vivienda, o por lo menos se devaluaron, Rivas estaba expuesto al señalamiento, que le cayó casi inmediatamente después de la tragedia.
Por lo pronto dice que ya se están haciendo obras de mantenimiento, reponiendo compuertas y generando otras acciones que ayudarán a prevenir situaciones como ésta, de modo que el valor de los terrenos se mantiene. Cuando le preguntamos si con esas acciones puede venir otro Manuel sin generar riesgos, aclara que de acuerdo con los técnicos, un río debe recibir mantenimiento cada tres años, y que la última vez que lo recibió fue en el año 2007, precisamente cuando él estaba en la gerencia del DUTR.
Así las cosas, el responsable sería su sucesor, dentro del mismo gobierno, que encabezó por cierto el citado Aguilar Padilla- o estirando un poco la liga, el sucesor de su sucesor, que corresponde ya al actual gobierno, de Mario López Valdez.
Claro que la prioridad es limpiarse a si mismo y después que ruede el mundo, pero ¿para quién sería la culpa rebotada? ¡Para el gobierno de Aguilar, con quien él participó muy estrechamente y que hasta lo hizo diputado por el PRI, lo que le dio plataforma para luego ser alcalde sustituto? ¡O al gobierno de Mario López Valdez, de quien ha sido también hombre cercanísimo, al punto de que se dice que si el gobernador pudiese retrasar la sucesión en el PRI,. Lo haría por tal de generarle a Aarón ese espacio?
LA POLÉMICA ANDANTE
Hoy a las diez de la mañana, quien ha sido uno de los personajes más polémicos de México estará en la Plazuela República, para dar a conocer la postura de una corriente de la izquierda acerca de las llamadas reformas estructurales.
Se trata del ex diputado federal Gerardo Fernández Noroña, quien se ha enfrentado a todo y a todos prácticamente por todos los temas.
La visita de Noroña, como todos lo identifican, es promovida por Movimiento Mazatleco y por Morena, aunque en su afán cuestionador, Fernández Noroña, que de ninguna manera ha defeccionado de su forma de pensar ni de las corrientes en que ha militado, ya llegó al ´punto de cuestionar al mismísimo Andrés Manuel López Obrador.
Se anuncia que el acceso a su disertación será gratuito, donando un libro, aunque tratándose de la Plazuela República, será difícil que haya un control sobre quién dona o no.
