*No será rápido el parto de los hospitales
*Incertidumbre por las finanzas del estado
*Cobaes se queda sin dinero para sueldos
FRANCISCO CHIQUETE
Entre los diputados locales hay convicción de que el asunto de los hospitales será clave para su desempeño. No se trata sólo de un caso, e un contrato de asociación pública privada o dos, sino de la imagen que todos ellos van a dejar de su paso por esta legislatura. Rechazar la construcción de dos nuevos hospitales es imposible, todos están de acuerdo en su necesidad; dar pie para que las cuatro siguientes administraciones del estado queden endeudadas o con riesgo de endeudamiento grave, resulta también impensable.
Por lo pronto para Jesús Enrique Hernández Chávez lo que es claro es que no hay ningún interés en sacar las cosas sin la reflexión suficiente y sobre todo, sin la información suficiente. Lo que nos llegó no alcanza para formarnos un criterio,, de modo que solicitaremos a los secretarios involucrados más documentación, más elementos, dice, aunque aclara que en estos momentos no hay nada definido, pues los expertos están todavía revisando lo que ya fue entregado por el ejecutivo.
Los diputados locales priístas repasan el tema una y otra vez, en pláticas informales, en comentarios de pasillo. Admiten que no les ayuda la simplificación de que el tema ha sido objeto con anatemas como aquel de que “hay interesados en descarrilar el proyecto de los hospitales”, o como la pregunta de “quién está detrás de esa oposición”.
En realidad, indican, nadie está interesado dentro de la bancada, en evitar la realización del proyecto. Dos hospitales de avanzada son una obra magnífica y ayudarán de manera decidida al mejoramiento del nivel de vida de la población. Lo que falta, indican, es más información, claridad en los términos y certeza sobre el impacto económico.
Como se sabe, la legislatura anterior autorizó la celebración de dos contratos de asociación pública privada, para la construcción de sendos hospitales generales, uno en Culiacán y otro en Mazatlán. La construcción, equipamiento y administración de estos dos hospitales ya fue licitada e incluso en el caso de Mazatlán, ya hay inversiones realizadas, como la adquisición del terreno en que se piensa construir el nosocomio. En Culiacán por el contrario, las cosas parecen haberse complicado porque hay en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo un recurso de inconformidad contra el proceso de licitación.
Con todo esto, el ejecutivo envió a los diputados actuales una iniciativa para reformar los decretos 976 y 977, a fin de que se amplíen las garantías presentadas ante Banobras. La institución bancaria plantea la necesidad de que se comprometa el 25 por ciento de algunos fondos federales que recibe Sinaloa, compromiso que se extendería por espacio de 25 años.
Aunque se asevera que el ofrecerlos como garantía no significa que necesariamente se vayan a utilizar, y que hay estados como Coahuila en que ya se presentó esta situación, sin que los fondos hayan sido afectados, hay preocupación, de modo que se busca insistentemente ampliar la información recibida recientemente.
En estos momentos, indican los legisladores, nadie tiene una decisión tomada: incluso los compañeros que se han manifestado públicamente y que han sido identificados como oposición, se han limitado a pedir más elementos para saber si votan a favor o lo hacen en contra, Hasta el momento nadie ha hecho un pronunciamiento definitivo.
LA SITUACIÓN ECONÓMICA
DEL GOBIERNO SINALOENSE
En el fondo, aunque nadie lo quiera decir, la preocupación real es por la situación económica del gobierno sinaloense. Son muchos los indicios de que hay dificultades para enderezar la nave, después de experiencias tan difíciles como las que se han vivido con varios fenómenos naturales consecutivos, desde las heladas a las ondas cálidas, desde los huracanes e inundaciones a las sequías, que han influido de manera importante en el comportamiento económico de la entidad y de ahí en los ingresos de la entidad.
También están por supuesto algunos programas que no se habían ejecutado antes, como la entrega de uniformes y útiles escolares a más de medio millón de educandos, la desgravación parcial de la tenencia vehicular y un incremento importante en los costos del gobierno, especialmente en el gasto operativo.
Los rumores sobre el endeudamiento y sobreendeudamiento e incluso sobre un déficit presupuestal de proporciones astronómicas, hacen pensar en que la última salida será trabajar en una reestructuración de la deuda que consolide incluso al pasivo contingente convirtiéndolo en deuda pública. Se trata de una decisión difícil porque hay varios obstáculos legales, y sobre todo porque hay una opinión pública muy sensible a todo lo que tenga que ver con un mayor endeudamiento.
OTRO INDICIO, O COMO SE DICE EN
LA CALLE, UNA RAYA MÁS AL TIGRE
Amén de una cantidad importante de proveedores inconformes, los primeros indicios de problemas financieros en el gobierno del estado se dieron con los fideicomisos del magisterio. Sólo el Flglosnte 53, constituido por aportaciones voluntarias de los maestros estatales, recogidas por el gobierno y no enteradas al fideicomiso correspondiente, llegó a generar un adeudo de seiscientos millones de pesos. Hoy, según el profesor Silvino Zavala, ya están a punto de llegar a la liquidación de ese saldo, aunque hay otros pendientes como un fideicomiso menor, o como la renta de la Unidad de Servicios Estatales, propiedad de esa misma sección sindical, alquilada al estado en la friolera de dos millones de pesos mensuales, que están pendientes de pago desde el 2011, es decir, desde que inició este gobierno hasta acumular cincuenta meses de adeudo con el casero.
A pesar del monto, eso no le preocupa a Zavala. Lo que lo tiene en pie de guerra o casi, es la información de que el sistema Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa ya no tiene recursos para pagar los sueltos y prestaciones en lo que resta del año.
El director de la institución, Juan de Dios Palazuelos, envió un oficio al secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal, informándole que Cobaes sólo dispone de la mitad del dinero necesario para pagar la segunda quincena de septiembre, y ya no dispone de más recursos para el resto del año.
Según Zavala, harían falta cien millones de pesos para cerrar el año ahí, sin tomar en cuenta el aguinaldo más las prestaciones y algunos adeudos por actualización de personal que entró en conflicto con la administración. Sin embargo, si como dice Zavala, cada quincena cuesta 27 millones, de aquí a fin de año se necesitarán las seis quincenas de octubre, noviembre y diciembre, es decir, 158 millones, más los 13 millones de déficit para la segunda de septiembre, es decir, 171 millones de pesos, más los aguinaldos y otros piquillos.}
Al parecer todo se debe a que el estado no ha empatado los recursos que le corresponden con los que ya envió el gobierno federal que además amenaza con retirar quinientos millones ya aportados, precisamente por la falta de aportación estatal.
La pregunta ahora es si se trata de un caso único en toda la red del gobierno sinaloense.
