*Levantamiento parcial de diputados
*Pasará el endeudamiento hospitalario
*Quiénes hablaron, pero no dijeron nada
FRANCISCO CHIQUETE
La mayor parte de los observadores y especialistas considera que el gobierno de Sinaloa conseguirá la aprobación del Congreso para ampliar los financiamientos a la construcción de dos hospitales generales para las ciudades de Mazatlán y Culiacán, aunque ello requerirá de un esfuerzo acompañado de un nuevo y severo desgaste en la imagen pública.
Construir hospitales no debería ser controversial ni mucho menos, sobre todo cuando los que serán sustituidos están en tan malas condiciones como se encuentran los actuales en ambas ciudades. Baste decir que el Martiniano Carvajal, de Mazatlán, se inunda de a tiro por viaje cuando llueve más de 70 milímetros, y que una lluvia de ese tamaño saca a la calle las aguas negras de un drenaje insuficiente e ineficiente.
La buena fortuna es que esas inundaciones se quedan por lo general en los sótanos y no han alcanzado a producir un problema de virus o de bacterias entre los derechohabientes, aunque siempre está latente el riesgo.
El problema no es la construcción de hospitales, una tarea a la que nadie le puede escatimar el mínimo respaldo. El problema en esta ocasión es que los contratos de Participación Pública Privada resultan sumamente onerosos para el gobierno, y encima, el Banco Nacional de Obas y Servicios Públicos exige la ampliación de garantías, pidiendo nada menos que las participaciones federales, que quedarían en prenda nada menos que durante los próximos veinticinco años.
El diputado Jesús Burgos Pinto, quien se ha echado la tarea de encabezar la oposición a estas ampliaciones, explica que el hecho de que sea una recomendación de Banobras no alivia lo riesgoso de la situación, Por el contrario, nos la acentúa: Banobras es un banco más, que pretende quedarse con todo aquello que le pongas en garantías, si en un momento dado no alcanzas a hacer los pagos correspondientes.
Y en la coyuntura de Sinaloa ese es un riesgo muy cercano, pues además de la deuda documentada de cinco mil millones de pesos, hay otra deuda contingente de corto plazo que se maneja en otros cinco mil millones de pesos y de la que han sido reconocidos oficialmente unos dos mil millones.
Menciona además el caso de los fideicomisos a los que se debe dinero y otros compromisos en los que el gobierno no ha honrado a la palabra, entregando los recursos que le corresponden, y todavía más: menciona dos casos: el de 2012 en que se distrajeron mil millones de pesos del llamado megacrédito para gasto corriente, reconocido por el titular del poder ejecutivo y el del segundo semestre del 2013, encontrado por la Auditoría Superior del Estado.
Advierte que todo ello habla de una condición difícil, apretada en las finanzas municipales, que genera el marco ideal para que las garantías financieras que se ofrecen para otras operaciones, como las de los hospitales, terminen por hacerse efectivas, y entonces sí ¿de dónde va a salir para atender los problemas cotidianos, los proyectos corrientes o importantes, si no se dispondrá de todas las participaciones federales?
Cuando el reportero le pregunta sobre la consideración de que este activismo contra los créditos e considere como parte de la militancia en un grupo político diferente al que está en el gobierno, Burgos Pinto señala que asume el riesgo. “Bienvenida la crítica, sé que esto puede ser considerado así, pero no me importa. A estas alturas del partido, en mi tercera oportunidad como representante popular (ha sido antes diputado local, diputado federal y hoy de nuevo diputado local), lo que me importa es cumplir con el papel que la sociedad espera de mí”.
Establece que no se trata de detener las obras y dejar a la gente sin alternativas, pero aunque se aprobara todo, las obras tardarían al menos dos años. ¿Por qué mejor no asumir las dificultades financieras y trabajar mejor por módulos, por qué no ir paso a paso en los lugares que ahora están en malas condiciones, por qué no resolver los problemas más urgentes para atender a la gente y después ir creciendo como se vaya teniendo disponibilidad de recursos, sin endeudar la capacidad de atención y de maniobra de las siguientes tres o cuatro administraciones? Pregunta.
TAMPOCO EL PAS QUIERE
Ayer por la mañana los secretarios de Administración y Finanzas, Armando Villarreal y de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, comparecieron ante el Congreso del Estado para explicar el asunto del las ampliaciones del compromiso financiero derivado de la construcción de los dos hospitales. Durante la comparecencia, en la que no estuvo Burgos Pinto, quien llevó la voz cantante por la oposición fue el dirigente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda.
El coordinador de la bancada pasista estableció su oposición al compromiso de los recursos estatales por veinticinco años.
¿Cómo es posible que se pretenda legalizar algo así, preguntó, cuando existe incapacidad presupuestal, y sobre todo cuando se trata de hipotecar los ingresos de la entidad, precisamente durante veinticinco años?
Cuen descalificó lo que llamó los eufemismos con que se pretende sustituir la palabra “deuda”, a la que, acusa, los funcionarios le estuvieron sacando la vuelta durante toda la comparecencia, a pesar de que se trata exactamente de eso: una deuda que afectará sustancialmente la capacidad de respuesta a la ciudadanía quedará muy comprometida.
En las primeras manifestaciones se ha advertido la oposición de corrientes que son notoriamente minoritarias. Por lo pronto dos diputados priístas –Jesús Burgos y Ramón Barajas-, aunque durante la comparecencia otro elemento de ese partido, Víctor Díaz Simental, tuvo una posición crítica, aunque no abiertamente de rechazo como sus dos compañeros de bancada.
Luego están los tres legisladores del PAS, cuya postura crítica ya fue adelantada por Cuen Ojeda, y finalmente los dos miembros del PRD, que tienen el antecedente de haber abierto el fuego. Siete seguros y un octavo posible. PT y Movimiento Ciudadano no han dado color, como tampoco los otros diecinueve diputados priístras la panalista-priísta Silvia Myriam Chávez López y los diez legisladores del Partido Acción Nacional, en cuya combinación se funda la cuasicerteza de que las modificaciones van a pasar, y sin problema.
DECIR TANTO PARA
QUEDAR DONDE MISMO
Para el presidente de la Junta de Coordinación Política y pastor de la bancada tricolor, Jesús Enrique Hernández Chávez, lo importante de la comparecencia de ayer fue su convicción de que “en la Sexagésima Primera Legislatura estamos convencidos de que la transparencia el acceso a la información juegan un papel esencial en la construcción de gobiernos más abiertos al escrutinio público, capaces de fomentar una participación creciente de la sociedad en el diseño y evaluación de las políticas públicas gubernamentales y por lo tanto de una mayor rendición de cuentas públicas, la transparencia y el acceso a la información se han arraigado como derechos ciudadanos inalienables y preciados bienes públicos”, para referirse luego a la posibilidad de escuchar la pluralidad de los análisis en torno a este tema.
Díaz Simental en su oportunidad aclaró: “no estamos en contra de la construcción de hospitales de cualquier nivel, sobre todo porque se trata de garantizar la salud de la población, sin embargo, tampoco podemos aprobar obras sin un análisis serio más, cuando se trata de enfrentar prestamos muy fuertes y con una deuda mayor a 25 años y que afectarían hipotéticamente aportaciones federales para entidades federativas”. Fue el único miembro de la corriente oficial que incluso se refirió al asunto como una deuda.
Menos definido, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, el diputado panista Adolfo Rojo Montoya se manifestó satisfecho por lo que llamó “la disposición de todos los actores involucrados en esta iniciativa por transparentar lo mayor posible la misma ante las demandas de la sociedad de legitimar el trabajo que se realiza”. Después de escucharse esas palabras, tampoco la distancia de la luna a la tierra tuvo la menor modificación.
¿POR QUÉ LO QUE HAY QUE
PAGAR NO ES DEUDA?
Cuando usted platica con el doctor Echeverría Aispuro y le pregunta por la deuda que generarán los hospitales, se encuentra con que el pago multimillonario que debe hacerse a lo largo de los veinticinco años siguientes, simple y sencillamente no es deuda, aunque usted no se expliqué cómo puede ser que haya un compromiso de pago amarrado y hasta garantizado con las participaciones federales, pero no vamos a debe nada.
Los pagos son por servicios. Los inversionistas van a ser dueños del edificio, dueños del equipo, que se anuncia de primera línea y última generación, y además van a administrar los hospitales. Los servicios y la renta se van a pagar mensualmente con el dinero que envía el gobierno federal a una paraestatal llamada Servicios Hospitalarios.
El problema es que a pesar de que esas transferencias federales y los ingresos propios del hospital son en teoría suficientes para pagar las cobros a que se obliga el gobierno, Banobras exige que además se les entregue en garantía una parte de las participaciones federales (la cuarta parte de lo que envía el Fideicomiso para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, uno de los ingresos más fuertes, más otros ingresillos no menores, pero tampoco tan grandes como aquel).
Si no hay tropiezos y las condiciones no cambian y no se produjo una catástrofe económica que permita incrementar las rentas y el costo de los servicios, a los veinticinco años el gobierno entra en posesión de los hospitales, aunque como usted sabe, en ese plazo ya el equipo ultramoderno pasó a ser viejito y hasta a desaparecer, a sus sustituido por las novedades y a generar modificaciones en la contratación, si las líneas de letras chiquitas no consideran otra cosa.
Cuando le preguntamos al doctor Echeverría Aispuro cómo era que al gobierno no le alcanza para mantener los hospitales en buenas condiciones con el mismo dinero que le van a pagar a la empresa, que además alcanzará a obtener utilidades, nos refirió la proverbial ineficiencia gubernamental en comparación con la empresa privada.
Por cierto que al menos en el caso de Mazatlán, y suponemos que en el de Culiacán igual, la asignación de los nuevos hospitales ya está licitada y en Mazatlán ya hasta el terreno compraron, lo que pasa es que las garantías no alcanzan y hay que ampliarlas de la manera que ya quedó descrita.
¿Y el hospital que dejaron empezado? Bien gracias. Ahora lo quieren hacer siquiátrico.
