*Aceptan transportistas extender tarifa de estudiantes
*El Instituto Nacional Electoral se pone de oferta
*La reinserción de los malovistas a la militancia del PRI
FRANCISCO CHIQUETE
Hasta hace poco, la radio repetía hasta el cansancio una canción cuyo estribillo preguntaba una y otra vez ¿a cambio de qué?
Esa misma interrogante se pude hacer al muy positivo anuncio de que todos los estudiantes, desde jardín de niños hasta profesional, pagarán en los camiones urbanos una tarifa única y universal de tres pesos con cincuenta centavos, lo que hasta ahora está limitado exclusivamente a los estudiantes de preparatoria y universidades.
El gobernador lo había planteado como propuesta hace dos lunes, al recibirlos después del apagón de aires acondicionados en el servicio de transporte público de Culiacán, y amenazaron con un paro general en todo el estado, para protestar por lo que consideró un incremento insuficiente en sus tarifas.
Ayer, sin que se hubiese manejado previamente el asunto, al menos no públicamente, el gobernador lo anunció como un hecho y los dirigentes del transporte cetemista y cenopista lo corroboraron tratando de hacer ver que lo hacían con gusto, voluntad y responsabilidad, después, dijeron, de haber consultado a los diecinueve mil permisionarios que hay en esa actividad.
En realidad esta medida no puede dar gusto a los transportistas porque implica una baja importante en sus ingresos. Es sin duda un acto de justicia social que ayuda a una gran cantidad de familias, sobre todo aquellas que tienen hijos en secundaria, nivel en que seguramente se encuentra la mayor cantidad hasta hoy no beneficiada, de muchachos que utilizan el transporte público, pues los de primarias y jardines de niños usualmente se quedan en sus respectivos barrios o colonias.
Se trata de una de las grandes decisiones del régimen, quizá hasta más impactante que la entrega de uniformes y útiles escolares, que también son importantes.
Pero es sin duda una medida impuesta a los concesionarios después de aquella algarada que les puso como rebeldes.
¿Qué esperan recibir a cambio? Es cierto que de entrada iban ya heridos. Cuando se produjo la huelga de los aires acondicionados, el gobernador amenazó con abrir nuevas concesiones para que nuevos actores prestaran el servicio de transporte refrigerado. Fue lo más cercano que se ha llegado a la temida liberación del transporte o a la cancelación de los permisos en vigor.
Eso por supuesto, es suficiente como para tener apergollado a cualquiera. Si las cosas van a terminar así, con una generalización de la tarifa para estudiantes, y el sostenimiento del aumento en sólo cincuenta centavos, se trata de una derrota para los transportistas en toda la extensión de la palabra. Es, como se dice en la calle, una verdadera madriza.
Sin embargo, siempre queda la mosca zumbando en la oreja: ¿no hay letras chiquitas en el acuerdo que asumieron Miguel Luna Ley, de la CTM y Miguel Loaiza Pérez, eternizados dirigentes en esas centrales? ¿no nos van a aparecer luego con la reconsideración de un aumento de emergencia con el pretexto de que en enero todo sube y por supuesto, los costos de operación de los camioneros se ha ido de nuevo a las nubes. La otra opción sería el subsidio de treinta litros diarios que piden los camioneros para cada unidad, pero a como andan las finanzas del gobierno estatal, esa sería una respuesta punto menos que imposible.
Por lo pronto las familias tendrán que esperar a que se emita la credencial con códigos infalsificables, y que los transportistas instalen en sus camiones los verificadores de esos documentos (otro gasto adicional para poder cobrar menos).
EL COSTO ELECTORAL DEL 2015
SERÁ UNA OFERTA IRRESISTIBLE
Durante el periodo ordinario de sesiones que arranca el lunes próximo con el informe del presidente Enrique Peña Nieto, se analizará lo correspondiente al presupuesto de egresos de la federación correspondiente al año que entra, por lo que dependencias, institutos e instituciones se preparan ya para presentar sus peticiones, que en algunos casos son verdaderas cartas a santo clos, sin importar que el invierno esté todavía algo lejano.
Uno de los casos que más llama la atención es el del Instituto Nacional Electoral, que había pedido 19 mil millones de pesos como presupuesto para el 2015, año en que habrá elecciones de diputados federales (también locales en dieciséis estados, pero esas corren por cuenta de las arcas de cada entidad federativa.
Pero he aquí que a los directivos del INE se les ablandó el corazón y en una repentina actitud de recato, honestidad y moderación, presentaron un nuevo presupuesto, haciéndonos una rebaja importantísima de mil millones de dólares, de manera que para el año próximo, el presupuesto sería nada más de diecinueve mil millones de pesos.
Por supuesto, mil millones son muchísimo dinero aquí y en China, pero la cantidad restante sigue siendo tan enorme, que uno se pregunta si de veras se trata de organizar una fiesta cívica o hay que asegurarse de dinero para una verdadera francachela en que por supuesto, haya modo de que se beneficien los que operan como mercenarios de la política, sobre todo de la política electoral.
Estamos, no cabe duda, en un país al que le sobra dinero para gastarlo en lo que debiera ser gratuito o casi, procesos que debieran operar literalmente por el fervor cívico, y en cambio no hay para las cosas indispensables, sobre todo las que se refieren a la educación y la atención del hambre en extensas comunidades.
¿POR QUÉ LES EXTRAÑA
UN INOCENTE REGISTRO?
Gerardo Vargas Landeros y Marcial Liparoli han sido objeto de múltiples comentarios, desde que trascendió que habían quedado registrados para asistir a la instalación del Consejo Político Estatal del PRI, del que por supuesto, serán parte más por usos y costumbres que por determinación estatutaria, pues no representan a ningún organismo o corriente dentro del PRI, a menos que el malovismo tenga ya una representación formal, pues todo mundo jura que existe, pero es de facto.
En realidad Gerardo Vargas Landeros mantiene a salvo su militancia dentro del PRI, y la mantiene irónicamente gracias a alguien que quiso echarlo definitivamente. El exdiputado Fernando Zapién enderezó un proceso de expulsión, denunciándolo por haber participado en la campaña electoral de partidos distintos al PRI, con el evidente propósito de que ganaran candidatos ajenos al PRI.
Según los estatutos que entonces estaban vigentes, con eso bastaba para que Vargas Landeros fuese echado de las filas tricolores, pero no era tan sencillo. En la misma situación estuvieron cientos de militantes, cuadros de diversos niveles que integraron una diáspora electoral cuyo resultado fue la derrota priísta en la lucha por el gobierno de Sinaloa, una parte importante del Congreso y la mitad de las presidencias municipales. Una catástrofe inédita.
Además de esa consideración, pesó la siempre cercana posibilidad de un reencuentro con el gobernador Mario López Valdez, para no cerrar las puertas a un apoyo a la oferta priísta en la campaña presidencial y legislativa del 2012, de modo que Vargas Landeros fue ratificado en su militancia y sus derechos partidistas.
La destacada participación del actual secretario general de gobierno en la derrota de su partido quedó borrada, como el pecado original después del bautizo, y los pecados posteriores (como el ejercicio de la guillotina con los derrotados) después de la confirmación.
Como consta sobre todo al hoy diputado local Jesús Burgos Pinto, la decisión de la dirigencia nacional que encabeza César Camacho es mantener buenas relaciones con los malovistas y darles cartas de naturalización en el priísmo. Y eso que fue Camacho mismo quien advirtió antes de ser presidente del PRI, que los malovistas tendrían que hacer cola si querían regresar.
Hoy se ve con toda naturalidad que el acceso es libre.
