*Les arriman la lumbre para que regresen el bono
*¿Es importante que se gobierne para las encuestas?
*Que se vayan los policías, concluye Genaro García
FRANCISCO CHIQUETE
Treinta días para que los exregidores y síndico procurador del anterior ayuntamiento regresen el dinero que les dieron como bono de despedida. Dice el actual síndico procurador que en ese plazo deberán haber regresado el dinero, aunque por supuesto, nadie identifica a quienes recibieron ese beneficio.
En Ahome se acaba de anunciar que los señores regidores del trienio pasado serán oficialmente emplazados a regresar el dinero a partir de hoy miércoles. En Concordia el exalcalde Eligio Medina llamó a sus compañeros de Cabildo a regresar el dinero, que en este caso fue de cuarenta mil pesos por piocha, con la sola excepción del propio Medina, quien no se asignó nada a si mismo.
También llama a regresar el dinero el exalcalde de Escuinapa, Juan Manuel Cruz, aquel que se disfrazó de príncipe para desfilar por las calles escuinapenses en un mes de diciembre. Lerma tiene la particularidad de culpar a los regidores priístas, como ya comentamos, de haber presionado e instigado a los otros para que exigieran el bono y él, débil y obsequioso, no sólo lo autorizó, sino que se incluyó a si mismo. La carne es débil, como queda visto.
Se trata de la acción más importante que se ha emprendido contra la impunidad de funcionarios públicos que dispusieron para beneficio propio de los recursos del gobierno. Hay por supuesto casos con fraudes, robos o abusos mucho más cuantiosos, pero nunca se había emprendido una cacería que incluyese a tantos personajes y emn niveles a los que nadie ponía atención.
Amarrar las manos de alcaldes y regidores constituye un principio muy importante para controlar el uso de los recursos públicos. Los bonos pueden ser apenas la punta de un iceberg en cuyo cuerpo sumergido hay ne4gocios, tráfico de influencias y a veces hasta extorsiones, de esas que van más allá de amenazar al alcalde en turno con dejarlo solo a la hora de votar cosas que son de interés para el munícipe, sobre todo cuando haya intereses y por supuesto negocios que los propios alcaldes hacen a su vez.
Durante los últimos años, la tarea de la Auditoría Superior del Estado ha permitido avanzar en el conocimiento de irregularidades que por décadas fueron “normales” y por supuesto impunes, pero ha sido hasta ahora que se ve cerca la posibilidad de hacer que los beneficiarios sean obligados a regresar los recursos que se llevaron indebidamente.
Todavía no hay indicios de que esta gente vaya a ser castigada, aunque algunos, sobre todo ellos mismos, consideren que el mero hecho de exhibirlos públicamente y luego hacerlos regresar el dinero, es un castigo espantoso. Lo menos que se puede esperar es que esta etapa progrese y finalmente se llegue al momento en que quien se atreva a meter mano en el dinero público, sepa que corre el riesgo de ser sancionado.
El caso más notorio es el de Zenén Xochihua Enciso, anterior alcalde de Ahome, de quien todo mundo sabe que se asignó 260 mil pesos como bono de salida y que ha vivido una intensa presión social que lo llevó a devolver el dinero, pero bajo la explicación de que hacía un donativo al DIF. Eso dijo públicamente, sólo que ahora, cuando le dicen que un donativo no equivale a la devolución, y tiene que llevar otros 260 mil pesos, rechaza y dice que no, que lo suyo ya está hecho.
Lo disfrazó de donativo porque así no tenía que reconocer la comisión de irregularidad alguna, pero cuando vino el dictamen, pudieron más los dolores económicos que la supuesta generosidad del donante. El problema es que esa mancha lo va a perseguir toda su vida, pues aunque usted no lo crea, todavía aspira a ser candidato a diputado federal para este 2015.
LAS ESQUIVAS ENCUESTAS:
¿PARA QUIÉN SE GOBIERNA?
Las encuestas levantadas en torno al Presidente Enrique Peña Nieto son desalentadoras para los seguidores del mandatario, quien en más de una ocasión ha expresado que ni le interesa perder popularidad, con tal de sacar adelante su programa de reformas y luego por supuesto, que las reformas generen el resultado económico que él y su equipo tienen previsto.
De acuerdo con Berumen, la última encuesta arroja un 47 por ciento de aceptación para el presidente, mientras le hacen mayoría quienes no están de acuerdo o de plano reprueban los resultados de su gestión.
La gente del gobierno considera que se trata de los efectos de un mal tratamiento a la reforma fiscal, que ja impactado severamente a los causantes, sobre todo a los pequeños que hasta el año pasado sólo tenían que pagar una cuota fija, mínima, pero ahora no sólo están condenados a pagar impuestos en los años siguientes (en una tasa progresiva que va del diez al cien en una década, sino que además tienen que llevar una complicada contabilidad que a veces resulta más cara que el propio impuesto a pagar.
Los burócratas de Hacienda siguen insistiendo en publicitar una reforma fiscal que simplifica los trámites, pero la realidad es otra. Cada vez que se intenta hacer las cosas de por vía de la autogestión, se topa con alguna traba, que va desde la mala calidad del internet doméstico hasta las caídas de sistemas en los servidores del SAT, lo que a veces lleva a perder hasta dos días para hacer una factura. ¿Habrá algún cliente ocasional que aguante ese ritmo?
Pero no es sólo la inconformidad por la reforma fiscal. Es la insatisfacción por la marcha de la economía. No hay empleo, no hay oportunidades. El ingreso es bajo y las perspectivas de mejora no se aprecian, a pesar de las optimistas versiones de que en cuanto empiecen a operar las llamadas reformas estructurales (“las que el país necesita”, dijeron siempre) esto va a ser jauja y no vamos a hallar qué hacer con tanta prosperidad..
En más de una ocasión se ha respondido de parte del gobierno que el presidente Peña no está gobernando para las encuestas, que su vista está posada en resultados duraderos, que por supuesto, no van a llegar de inmediato, pero que a su juicio, están al alcance de la mano, a condición de que las reformas funcionen como fueron concebidas.
El problema es que quien no gobierna para las encuestas, no gobierna para la sociedad. Si las encuestas arrojan resultados negativos, no es porque la gente no sepa lo que está pasando en su país, ni porque su falta de formación académica en Harvard, Yale y el Massachusetts Institute of Technology lo priven de juicio para evaluar. Es porque la gente ya no halla la puerta. Si la economía está mal, la gente pierde el control. Y en México la economía está mal desde hace muchos años, de modo que a la gente ya le queda poco control, y aunque con Peña han sido “sólo” dos años de vacas flacas, la paciencia se acaba. Por eso tendrían que buscar aprobación en las encuestas, porque ello reflejaría a una sociedad con mayores niveles de satisfacción.
SE IRÁN LOS POLICÍAS Y NO
PASARÁ NADA: GENARO
El gobierno federal tiene reprobado al menos a un treinta por ciento de los elementos policíacos del país. Y Sinaloa, no faltaba más, refleja esa misma proporción, de modo que si no hay una medida de último momento, al promediar el mes de octubre casi cuatro mil agentes deberán dejar las filas de sus respectivas corporaciones.
De acuerdo con las cifras del gobierno del estado, indemnizar a esos agentes significa un gasto de alrededor de trescientos millones de pesos, una cantidad enorme si se ve que uno de los programas sociales más apreciados por el gobierno de Mario López Valdez es la entrega de uniformes y útiles escolares, que precisamente con una inversión de trescientos millones de pesos lleva un importante apoyo y respiro a los padres de familia.
Claro que no todo lo tendría que erogar el gobierno del estado. Tam,bién deberían soltar marmaja los ayuntamientos, nomás que si el estado anda mal de dinero, los municipios están francamente a la quinta pregunta, incluidos los grandotes, que siempre se han jactado de orden y capacidad de respuesta ante las emergencias.
A pesar de todo esto, el secretario estatal de Seguridad Pública, Genaro García Castro, dijo ayer a la mesa de análisis Sinaloa en la mira, de Fórmula Noticias Sinaloa, que los agentes se van a ir si es necesario que se vayan, y que no va a pasar nada, que el estado le apostará a una mejor cantidad de elementos, pero a mayor calidad entre los que queden.
La cosa no es fácil. Jamás van a vigilar mejor veinte que treinta policías, por más capacitados que estén los primeros, sobre todo cuando se trata de espacios territoriales amplios. Pero además está el efecto colateral: ¿qué van a hacer casi cuatro mil elementos policíacos desempleados y sin muchas posibilidades de incorporarse al mercado laboral? ¿Cómo convencer a los que se van con el rencor de haber dejado su vida –bien o mal- en una tarea policíaca que cuando ya está cercana la jubilación los echa a la calle sin la menor consideración? El rencor social es cosa muy canija, y cuando se suma a prácticas e costumbres que suelen acercar a policías y delincuentes, la combinación llega a ser fatal.
