*El juego con el minisalario y con la gente
*Sigue la Ley Mordaza generando reacciones
*¿Quiere un Acuario? ¿Tiene quince millones?
FRANCISCO CHIQUETE
De pronto el mundillo político se acordó de que en México existe un elemento que se llama salario mínimo, aunque al parecer todavía a estas alturas, nadie parece haberse percatado de que detrás de esa cosa llamada salario mínimo existe una masa, la de trabajadores que sobreviven apenas con la escasa capacidad adquisitiva que le da ese ingreso.
Al jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera se le vino de repente el afán reivindicador del trabajador. Puso el tema sobre la mesa para demandar que el salario mínimo se incremente de manera importante para que se recupere capacidad de compra y para que haya más justicia en el país.
No podía esperarse una cosa distinta de un funcionario electoral surgido de la izquierda en un país donde el mercado está por encima de cualquiera otra cosa, especialmente los derechos de los trabajadores. Lástima que parezca más una estrategia para recuperar niveles de popularidad perdidos escandalosamente, luego de haber sido el hombre con mayor legitimidad electoral en la historia reciente del país.
A Mancera le siguió el Partido Acción Nacional, que repentinamente se olvidó de sus doctrinas de siempre, de la proclama de doce años (Fox y Calderón) contra lo que se consideraba “un alza irresponsable de los salarios”, argumentando las eternas explicaciones de los economistas, que sobre todo en México, prefieren constreñir los salarios “para mantener la competitividad”.
Por supuesto que detrás de esta propuesta está la necesidad de ganar simpatías entre la población, tan perjudicada por la ortodoxia financiera con que se ha manejado al país de los años ochentas para acá. Si un partido se ha visto en situación de pérdida tras los dos ejercicios presidenciales recientes, es el propio PAN.
Pero no es solamente el uso del populismo lo que lleva al PAN a proponer una consulta popular para que la gente decida si quiere o no que aumenten el salario mínimo (¿alguien tiene dudas sobre el resultado?). En el fondo es la convicción panista de que deben preservarse las reformas hechas al sector energético, que no le importa hacerla de palero del PRI, amenazando con una consulta pública que estorbe a la que pretende la izquierda para cuestionar la permanencia de esas reformas.
El PRI por supuesto, no le entra al asunto. Simplemente espera a que el gobierno fije posición, y el gobierno la fija.
Como han hecho los gobiernos priístas de Salinas para acá, y los dos panistas, el régimen de Peña Nieto dice que no se puede aumentar desproporcionadamente el salario mínimo, porque ello iría en perjuicio de los propios trabajadores, toda vez que esas alzas serían inflacionarias y por tanto lesivas al poder adquisitivo de los trabajadores.
Es así como nos han defendido a lo largo de estos años. No se pueden autorizar mejores salarios porque la economía se vería afectada y hay que cuidarla. No importa que el salario en México sea el más bajo de toda América Latina, incluido el caso del paupérrimo país de Haití, ellos nos siguen defendiendo.
El equipo económico del gobierno federal dijo que está dispuesto a dialogar sobre este tema. El secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, dijo que de acuerdo con el programa general, al final del gobierno de Enrique Peña Nieto, sin reformas en el renglón salarial, terminaría con “una recuperación del salario mínimo por el uno y medio por ciento”. Una gran expectativa.
La diferencia entre México y los demás países latinoamericanos en estos tiempos de crisis es la carencia en nuestra nación de un mercado interno fuerte. La miseria salarial, no sólo en el renglón de los mínimos, sino en general impide que haya un crecimiento real. Cualquier avance en el producto interno bruto tiene que venir de las exportaciones, que por supuesto, dependen de cómo ande el mercado norteamericano, casi nuestro único cliente, y en ocasiones, de los precios internacionales del petróleo.
Por lo pronto el gobierno quiere ganar tiempo proponiendo que se tomen medidas para evitar que el salario mínimo “siga siendo” inflacionario. Que se le elimine como referencia para el establecimiento de multas, de intereses en créditos hipotecarios y otras que se han venido estableciendo a lo largo de los años (hasta el predial y el agua potable deben aumentar cada año en la misma proporción del minisalario, aunque normalmente se le rebasa).
Al final tenga usted por seguro que entre ellos se van a poner de acuerdo, y propondrán un proyecto gradualista que ofrece recuperación real al salario mínimo “sin poner en riesgo lo ganado con la macroeconomía”, pero sin garantías elementales de una mejora real. Total, ya en la siguiente elección presidencial se podrá volver a enarbolar el tema y ofrecer ser “el presidente del empleo”, “bienestar para tu familia”, “para que ter alcance más” y cuanta frase se les ocurre a los mercadólogos de la política.
SIGUE LA RABIA POR
LA LEY MORDAZA
La Ley Mordaza, que se encuentra en proceso de extinción, sigue dando qué decir. Los opositores no sólo a la ley, sino al régimen, mantienen un activismo que va a seguir dando qué decir respecto de la clase política, de los medios informativos y por supuesto, de Sinaloa.
El fin de semana pasado, el gobernador Mario López Valdez lamentó en Mazatlán que el perro está muerto o por morirse, pero sigue la rabia. Aunque aspiraba a ser coloquial, el mandatario evidenció su incomodidad y hasta desconcierto porque es un hecho la desaparición del artículo 51 bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa, y sin embargo se siguen haciendo manifestaciones que no sólo llaman la atención de los sinaloenses, sino del país y de otras naciones.
Para el gremio periodístico era indispensable manifestarse, no porque haya dudas del cumplimiento del compromiso (aunque cada quien es libre de tenerlas o de generarlas) sino porque había que dejar un precedente para quienes en el futuro consideren que es viable introducir ese tipo de disposiciones para limitar o controlar a los medios.
Por supuesto que dentro de estas expresiones hay muchos intereses que hoy convergen en esta defensa, y que quizá luego diverjan en las ópticas con que debe manejarse el tema, sobre todo cuando se habla de los tonos de la información policíaca, que también forma parte de la polémica generada.
ACUARIO BARATUS
HARBANUS, BÁSELE…
El alcalde Carlos Felton González no suele darse por vencido bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en la económica, que es tan difícil. No dice que no cuando hay un proyecto que le interesa, por más que se habla de cifras estratosféricas. Todo se puede conseguir, es cosa de saber buscarle, dice en las reuniones de trabajo a la hora de analizar proyectos.
De pronto sin embargo, en el Acuario se encontró con que necesita quince millones de pesos (¡quince millones de pesos!) para poner en funcionamiento el tiburonario.
No es una cantidad menor para un particular, pero un organismo que maneja más de mil millones de pesos, que tiene opciones de financiamiento estatal y federal, según sus propias expresiones, los quince millones, por cierto destinados para ambientar la pecera y comprar tiburones y especies asociadas (habría que hacerle una auditoría a ese presupuesto) no tendrían porqué ser un obstáculo.
Pero de repente le apareció la respuesta: una asociación público privada para financiar el final de la pecera. Eso significa nada menos que entregar el acuario por una cantidad ínfima, es seguir desmantelando lo poco que le queda a la estructura gubernamental, como si se tratara de ver quién deja más pelón al de por sí depauperado municipio. Y por cierto, alguien saldrá necesariamente beneficiado.
