En el lenguaje cifrado de los políticos, no siempre dos más dos dan cuatro.
A veces la crítica de un alcalde como Carlos Felton a quienes se oponen a un proyecto como el nuevo edificio de la policía municipal no va dirigido a los que se oponen estrictamente al proyecto, sino a quienes son correligionarios o por lo menos compañeros de viaje en las posiciones que se detentan dentro del gobierno o de las esferas oficiales.
A veces las contracríticas de los que en realidad fueron objeto de la crítica no van dirigidas al hecho cuestionado, sino a los autores del hecho.
Es el caso de Carlos Felton, presidente municipal, y de Martín Heredia Lizárraga, diputado federal, que se mandan mensajes a través de los medios informativos, aunque la crítica no termine por reflejarse en los cambios por los que inició la disputa.
Es que Heredia Lizárraga gestionó y obtuvo ochenta millones de pesos para la regeneración y rescate del Mercado Pino Suárez, pero ante la oposición inicial de los locatarios, el dinero fue asignado al edificio que Felton sacó de algún lado como la necesidad más imperiosa de cuantas pudiesen haberse enfrentado con esos recursos.
Fue Heredia el primero que brincó por la decisión, y aunque no hizo señalamientos directos, e encontró con una declaración contundente: lucharé contra los que se opongan al desarrollo de Mazatlán, dijo Felton.
La contrarréplica no pudo ser menos fuerte: “es un error histórico” haber reasignado los recursos al edificio de la policía, dijo Martín Heredia, quien incluso advirtió que el alcalde deberá cargar con los costos políticos que seguramente le va a arrastrar esta decisión, que a su juicio va a contrapelo de las necesidades de la ciudad.
Pero como siempre en la política, una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace, pues el propio Heredia Lizárraga reconoció que ya había firmado, en su calidad de secretario de la Comisión de Presupuesto, el redireccionamiento de los recursos. Aunque aclara que Felton estaba en libertad de hacer lo que hizo, prefirió allanarse y sólo se conformó con ejercer el derecho de pataleo.
En realidad todo mundo sabe que la relación entre ambos políticos no es la mejor. Heredia ha sido, desde su llegada al PAN, socio político de Alejandro Higuera Osuna y por tanto, parte del frente antifeltonista que Higuera creó sostuvo e impulsó durante varios lustros. Apenas antes del periodo vacacional de verano, Felton fue a la Ciudad de México a hacer gestiones para obtener recursos, y fue visto por los panistas, y en particular por Heredia, cumpliendo citas y compromisos con los priístas, entre ellos Heriberto Galindo Quiñonez, el coordinador de los priístas, antes de acercarse por las oficinas blanquiazules.
En principio Heredia Lizárraga era el proyecto del grupo para la Presidencia Municipal, pero las condiciones dentro del PAN, con el desgaste de Alejandro Higuera, hicieron que Felton se impusiera. Todavía ahí hubo negociaciones muy tensas- que acordaban un reparto casi equitativo de las posiciones municipales: tesorería para los higueristas, Jumapam para los de Heredia y la policía para el gobernador. Al final le habría cumplido sólo al gobernador, para cumplir con el programa de mando único en las policías sinaloenses. Higuera ni siquiera alcanzó posiciones en el cuerpo de regidores. La guerra, por lo visto, no tiene visos de finalización.
ALEJANDRO HIGUERA YA
LA CONSIDERA LIBRADA
Alejandro Higuera Osuna apuesta doble contra sencillo que ya pasó la crisis, A sus cercanos les jura y perjura que no habrá nada en contra suya, al extremo que ni siquiera considera que pueda ser llamado por la Auditoría Superior del Estado.
Ya se sabe que por un lado, Higuera está convencido de que su generosidad de fin de trienio está a salvo de cuestionamientos jurídicos. Confía en que hubo ya experiencias en Veracruz y Coahuila, en que la Corte falló a favor de los ayuntamientos que gastaron recursos en forma heterodoxa, considerando la autonomía municipal para el manejo de sus recursos, a condición de que comprobara suficientemente la entrega adecuada de las cantidades.
Por el otro, se siente protegido por el hecho de no haberse entregado dinero a si mismo.
En lo segundo, su homólogo concordense está igual: Eligio Medina no se autoliquidó ni se asignó bono, pero igualmente fue observado por entregar bonos a sus regidores y funcionarios.
En lo primero, el auditor superior del estado ya dijo que el dinero extra de ese tipo a regidores, alcaldes y síndicos procuradores, no tiene ningún respaldo legal. Y el que se entregó a funcionarios y colaboradores, también es ilegal si no cuenta con un respaldo presupuestal.
Pero según los que conocen del asunto, esos asuntos de los bonos son peccata minuta en los parámetros de la cuenta pública mazatleca. El asunto del dragado sigue siendo el gran misterio. La última revisión alcanzaba los ciento veinticuatro millones de pesos destinados a un trabajo que no parecía dar tanto, pues sólo iba del Jacarandas al puentecito de la Avenida Universidad.
Pero sobre todo, siguen sin aparecer documentos que acrediten la ejecución de las obras, que hasta el momento sólo han comprobado la realización del proceso de licitación para asignar los trabajos, pero no necesariamente su ejecución.
Eso sí: entre los cuates circula la versión de que aún en eso ya hubo ayuda de arriba, sin que se trate de una referencia religiosa.
FIRMADA LA SENTENCIA DE
DEROGACIÓN A LA LEY MORDAZA
El gobernador Mario López Valdez no se anduvo por las ramas. Mientras sus colaboradores intentaban un control de daños gradual, derivando responsabilidades, en suma escurriéndole a un bulto que ya se les había venido encima y los había exhibido en el estado, en el país y en el mundo.
López Valdez reconoció que la llamada Ley Mordaza era en realidad un error, aunque se dio la salida tradicional: al mejor cocinero se le va un tomate entero.
El asunto escandalizó al mundo e hizo reflexionar a Los Angeles Times sobre el intento: Sinaloa, uno de los estados más violentos de México, intenta limitar la cobertura sobre hechos criminales, dijo la cabeza, desusadamente enorme para un asunto de una provincia mexicana.
Sin embargo, el gobernador lo explicó como un error de redacción mientras se buscaba armonizar la legislación sinaloense con las disposiciones nacionales, a fin de incorporarse al nuevo sistema de justicia penal.
Es, como se ha dicho en varias ocasiones, la enésima ocasión en que el gobernador tiene que salir a enmendarles la plana a sus colaboradores, en lugar que sean ellos quienes le quitan golpes.
Pero no sólo entre los colaboradores directos del ejecutivo hay quienes sueñan con cristalizar un gol de ese tamaño. También se inscriben en esa lista los diputados panistas Adolfo Rojo Montoya y Judith del Rincón. De él ya habíamos comentado en la entrega de ayer. De ella apareció publicada una declaración en que dice con todas sus letras que ella sí sabía lo que estaba aprobando, y que la votó consciente del asunto, porque a su juicio es hora de una reglamentación al ejercicio periodístico. Los autoritarios nunca andan solos. Las manadas se van juntando, más allá de las diferencias o militancias partidistas.
