*La Ley Mordaza, táctica para mejorar la seguridad
*Primero los elementos de a pie; ahora los viaipís
*Unos defienden, otros votan y luego ofrecen reforma
FRANCISCO CHIQUETE
Por razones diversas, que usualmente tienen que ver con la concentración del poder, cada autoridad en turno procura generar condiciones de control de la información, y la que acaba de aprobar el Congreso se enmarca en ello, con dos pretextos: el público de proteger la vida de los periodistas, y el oculto de generar una condición de tranquilidad aparente que ayude a reducir, así sea estadísticamente, los niveles de criminalidad.
Dice la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría que los medios informativos no tendrán acceso a la información de un caso, como de hecho no lo podrá tener nadie que no sea la víctima o el imputado, a través de sus propios representantes jurídicos. Los medios deberán obtener información a través de partes oficiales, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
No sé cuáles son los criterios de los señores diputados para votar una disposición de ese tamaño, pero al margen de los procesos legislativos, de la técnica jurídica, de los análisis de la jurisprudencia y del marco teórico referencial, hay una cosa que no tomaron en cuenta: la realidad real, la que vive la gente de a pie.
Si los medios informativos y la sociedad nos vamos a esperar a que la autoridad emita una información para saber qué está pasando en materia de seguridad pública, nos encontraremos con que finalmente se consiguió que no pasara nada negativo. Absolutamente nada.
Si usted revisa los partes informativos de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, encontrará que durante lo que va del año no ha habido un solo asesinato. Es más, ni siquiera una muerte por atropellamiento. Los partes sólo informan sobre la detención de personas con pequeñas porciones de droga, la recuperación de carros con reporte de robo, que en su mayor parte estaban abandonados y de los que se dieron cuenta por reporte de los vecinos. Y por supuesto, se informa del valeroso combate contra el poderoso cártel de los robacalzones, aquellkos que son sorprendidos en los supermercados durante la sustracción de mercancía que escasamente alcanza los doscientos pesos de valor. Y aún ahí, la detención corre a cargo de los elementos de seguridad interna.
Si los señores diputados que aprobaron, y el ejecutivo que envió la iniciativa de Ley esperan que semejante procedimiento los ayude a levantar la bandera blanca de la seguridad en Sinaloa, están muy equivocados.
La información que ellos oculten sobre crímenes y otros delitos va a fluir por otras vías, y lo que es peor, sin el rigor de una verdad oficial, sometida al tamiz de las exageraciones, las prisas por deslizar el informe, las especulaciones de quienes piensen que la movilización policíaca fue demasiado para un herido a balazos, “aquí por lo menos hubo tres muertos”, que es una práctica frecuente en los medios policíacos.
Desde hace algunos años, en el gobierno de Felipe Calderón, se viene tratando de influir en los medios para que la información sobre crímenes dolosos no se maneje de manera tan destacada. Hubo acercamientos de la Secretaría de la Defensa Nacional para plantear el caso, para poner el ejemplo de Brasil, que tenía más asesinatos que México, y sin embargo sus periódicos y demás medios informativos no hacían tanto escándalo como el que hacíamos nosotros. Ese recurso fue utilizado pocos meses después por el propio Calderón, ya en tono de reclamo, después de ver que la campaña no había fructificado.
Sin la presión de los medios será muy difícil que haya avances en las investigaciones y sobre todo resultados de éstas. Casos como los de la estudiante asesinada en Guamúchil o el de la joven maestra Perla Lizeth habrían quedado en lo mismo de siempre: un recuento burocrático de los hechos y párele de contar.
En alguna ocasión el procurador en turno, Alfredo Higuera Bernal, decía orgulloso en una entrevista de radio, que por primera vez se habían abierto expedientes de actuación en trescientos y tantos casos de crímenes dolosos. El orgullo era porque los expedientes eran, por primera vez, apenas unos cien menos que los asesinatos cometidos hasta ese momento. Es decir que había crímenes que ni a expediente de actuación llegaban, simplemente recogían el cadáver, hacían los peritajes de rigor, los mínimos a que les obligaba la ley o el protocolo, lo entregaban a los familiares cuando era reclamado, y ya.
En la secrecía de los expedientes ocurría como en aquella vieja serie del Monje Loco, en que “nadie sabe, nadie supo…”
Eso es seguramente lo que se pretende ahora.
EL CUIDADO DE LA
ESCENA DEL CRIMEN
Hay una parte de la nueva disposición legal en que se cierra el acceso a la escena del crimen, y se ahí se aprovecha para prohibir la toma de fotos, videos y hasta audios de los involucrados en el caso.
Que se cuide la famosa escena, tan valorada ahora a partir de las series de televisión, donde supuestamente adivinan hasta el color de la camisa que llevaba el asesino a partir de una huella dejaba por el calzado puede ser entendible.
Alguna ocasión, cubriendo el caso de un crimen en la vía pública, nos tocó estar antes que los Ministeriales, a pesar de que dimos un tiempo prudente para llegar. Cuando quisieron organizar el asunto aquello era ya un caos de vehículos, gente que cruzaba la carretera, mirones que se acercaban a ver si conocían a las víctimas. Sólo los militares pudieron tender un cerco a partir de los listones amarillos. Cuando todos nos empezamos a ir, mis compañeros y yo notamos que nosotros y aún los ministeriales que se estacionaron detrás, habíamos parado sobre casquillos de bala y que al final hasta los taxistas curiosos jugueteaban con alguno de ellos no recogido ni ubicado por los peritos.
Pero eso es peccata minuta. Después que detuvieron a Joaquín, El Chapo Guzmán Loera en el edificio Miramar, el departamento quedó solo. Ni un guardia para resguardar el lugar de los hechos y hubo reporteros que entraron a grabar escenas, pero también hubo curiosos que acudieron y pasaron, viendo la oportunidad, aunque la mayoría se conformó con quedarse afuera a tomarse una selfie.
Horas después apareció la vigilancia y a los dos días volvió la Marina no a continuar el operativo, sino como anfitriona del periodista Carlos Loret de Mola, a quien pasearon por el Miramar, por la casa de Culiacán y hasta por los túneles del drenaje pluvial de la capital del estado que recorrió Guzmán Loera en su finalmente frustrada huida.
Si la ley aprobada ya hubiese estado vigente, nuestros compañeros ya habrían sido encarcelados sin importar que el descuido hubiese sido de las autoridades. Pero Loret seguiría libre porque cuando las autoridades quieren presumir resultados, no les importa pasar hasta por guías de turistas con tal de salir en la película.
APARECEN LOS DEFENSORES
Y DESAPARECEN LAS CULPAS
A lo largo del día, los compañeros reporteros de todo el estado recogieron expresiones múltiples en torno de este caso.
Pero la primera reacción concreta fue la vivida por el periodista Carlos Iván Orduño, de Altavoz Guamúchil, a quien militares pretendieron despojar de su teléfono porque con él estaba tomando fotos de un operativo en la vía pública. Está prohibido, le dijeron y pretendieron obligarlo a borrar el material que había tomado.
Es una constante que aparentemente provenía de los policías y los elementos militares como reacción personal, como fobia hacia las cámaras que evidencian cuando incurren en abusos, en excesos, pero esta nueva legislación evidencia que no, que la fobia les ha sido inculcada, que es parte de los protocolos de operación, que hoy alcanzan rango de ley.
Dice la señora Martha Tamayo que está de acuerdo con la legislación porque está hecha para proteger “a nuestros amigos los periodistas, que están en una profesión que se torna peligrosa”. Hasta donde se sabe, sólo a los locos y desequilibrados se les protege amarrándoles las manos para que no se hagan daño a sí mismos.
El Partido Sinaloense ofrece la presentación de una iniciativa que reforme los aspectos lesivos e la ley, lo que por supuesto es bienvenido, pero uno tiene que preguntarse cuál era la necesidad de llegar a esto, si esa organización tenía tres votos y tres voces que pudieron haber llamado la atención oportunamente, pero en lugar de ello votaron a favor como los demás legisladores de los demás partidos.
La diputada Silvia Miriam Chávez reconoció que en muchos casos los diputados votan las iniciativas sin conocerlas a fondo. Ha sido quizá la voz más sincera.
Como siempre ocurre, ante el escándalo generado, el gobernador Mario López Valdez ha debido salir a escena a través de un comunicado en que se manifiesta dispuesto a aceptar y asumir una reforma si la decide el Poder Legislativo, además de protestar su convicción de que el ejercicio periodístico no debe entorpecerse, sino por el contrario. No es la primera ocasión, ni mucho menos, en que el gobernador se ve precisado a intervenir en un asunto que sus colaboradores le presentaron como bueno y no lo fue, cuando se supone que el equipo correspondiente debió analizar a fondo cada una de las aristas.
Es muy positivo que haya disposición a la rectificación, aunque hasta el momento ni el procurador, ni el gobernador, ni el Congreso como entidad, más allá de las fracciones, hayan asumido aún el compromiso de promoverla. Sería una buena señal, aunque haya quedado evidenciada la idea de control del proceso informativo.
Finalmente, en las disposiciones hay una prohibición a l personal de la Procuraduría, que no podrá dar informaciones sobre los casos, a menos que tenga autorización expresa del procurador. Si usted entra a la página web de la Procuraduría, verá que no incluye un área de prensa o comunicación social. No hay ahí información sobre las actividades diarias o por lo menos, no sobre las novedades. ¿Habrá esperanzas de que un día el procurador dé permisos para que alguien informe?
