*Alcaldes culpables; cuantas públicas aprobadas
*Protegen tradiciones como la del año de Hidalgo
*Un palacio municipal, la mayor urgencia en Mochis
FRANCISCO CHIQUETE
Del Congreso salieron las primeras filtraciones sobre aquellos alcaldes que despidieron sus trienios otorgándose bonos de liquidación, con tal efectividad que la sola mención de los hechos, llevó a algunos como Zenén Xochihua, de Ahome, a devolver los centavos, primero disfrazados de “donativo al DIF“.
Después vinieron dictámenes que fortalecieron a la indignación popular y generaron un ánimo de linchamiento contra los abusivos que dispusieron del dinero oficial en beneficio propio y de sus colaboradores, más allá de las autoliquidaciones.
Y como el ánimo era tan fuertes, que hubo alcaldes como el de Sinaloa y el de Guasave que incluso se atrevieron a lo impensable: presentaron sendas denuncias penales por malos manejos de partidas que evidentemente fueron desviadas o de plano sustraídas.
Con ese ambiente, ayer se esperaba que en el Congreso lloviera lumbre, que ardiesen en fuego purificador las almas de los infieles políticos que se atrevieron a quedarse con lo que no era suyo y a permitir que colaboradores y contratistas burlaran las disposiciones legales a ojos vistas, mediante el pago de obras que nunca se terminaron o ni siquiera se ejecutaron.
El caso de Sinaloa municipio es uno de los más escandalosos. El dictamen de la Comisión de Fiscalización del Congreso establece “observaciones realizadas durante la auditoría del segundo semestre de 2013 que derivaron en Presuntas responsabilidades Administrativas Sancionatorias y Resarcitorias, relativas a la no recuperación de saldos de deudores por concepto de anticipos de obra pública y gastos no comprobados, no utilización de los recursos de programas regionales de fortalecimiento financiero 2013 para cumplir con las obligaciones que amenazan la solvencia financiera de los municipios, conceptos de obra pública pagados en exceso y retenciones no enteradas, se exhorta al H. Ayuntamiento de Sinaloa, se instruya a quien corresponda a efecto de que se realicen las acciones necesarias para la solventación de las observaciones determinadas”.
Navolato está por el estilo: “Presuntas responsabilidades Administrativas Sancionatorias y Resarcitorias relativas a traspasos entre cuentas bancarias de fondos federales, gasto corriente y/o impuesto predial rustico, que no fueron reintegrados; omisión de avalúos y escrituras por la compra de terrenos, no acreditación de propiedad de dos camiones compactadores con las facturas originales correspondientes, aún y cuando ya están pagados en su totalidad, así como omisión de los resguardos de dicha maquinaría y no realizar la convocatoria pública correspondiente para su adquisición, se instruya a quien corresponda a efecto de que se realicen las acciones necesarias para la solventación de las acciones determinadas”.
Del paquete de diez casos analizados, en todos hay irregularidades, pero ocho se van hasta la cocina, de modo que el observador llega allá a la Cámara y a la hora de la hora se encuentra con la sorpresa de que ¡todas las cuentas públicas, las diez, fueron aprobadas!
Desde el principio de los posicionamientos se fue dando una idea de que algo estaba pasando. La siempre combativa Imelda Castro destacó que de Ahome hasta nos habíamos mofado por el asunto de las autoliquidaciones, pero no habíamos puesto atención en Escuinapa, donde se gastaron casi dos millones de pesos en bonos. A pesar de ello, como miembro de la Comisión de Fiscalización, votó y formó el dictamen, que luego nos enteraríamos, era favorable a la aprobación, aunque dejaba a salvo la obligación de regresar el dinero de los bonos y de solventar cada una de las observaciones. Después Héctor Melesio Cuen Ojeda hizo una larga serie de reconvenciones que fueron desde la crítica a prácticas como la de los bonos, hasta la falta de armonización de las cuentas públicas y la cerrazón de muchos ayuntamientos que no se han abierto a la transparencia, y aunque el PAS no tiene representante en la Comisión de fiscalización, respaldó el dictamen. Sí, el aprobatorio.
Martín Pérez, del PAN, hizo una verdadera proeza oratoria para condenar las irregularidades, buscar salvación o justificación a algunos de los alcaldes involucrados, mediante la advertencia de que los actuales alcaldes también tienen responsabilidad en las fallas porque no han entregado la documentación que les ha pedido la Auditoría Superior del Estado para resolver algunos de los casos. Pareciera que están empeñados en meterse los piés unos a otros”, dijo en obvia referencia a la queja de Alejandro Higuera por lo que a su juicio no ha hecho el gobierno de Carlos Felton, y de paso en defensa de Zenén Xochihua, que se ha declarado perseguido políticamente por Arturo Duarte. Con todo, sew sintió obligado a reiterar que no había de otra, como no fuese devolver el dinero que hubiese sido recibido o entregado indebidamente.
Gómer Monárrez hizo gala de malabarismo. Cuatro, cinco artilugios en el aire para tratar de quedar bien con una sociedad ofendida especialmente por los bonos y por todo lo que es corrupción en general; para tratar de cumplir con algún acuerdo parlamentario aprobando las cuentas públicas más cuestionadas de la historia por ellos mismos; para salvar la cara personal aclarando que la aprobación de las cuentas no significaba exoneración; para mantener la posibilidad de negociación con las demás fuerzas, dejando salidas para los que enfrenten la posibilidad de un castigo; y practicando el socorridísimo deporte nacional de pasarse la bolita, dejando en manos de los ayuntamientos la responsabilidad de hacer algo legal contra los que hicieron algo malo.
Al final, lo de casi siempre: condenas generales, vagas, sin carnes y huesos qué roer o aprehender, pero un discurso severo, condenatorio para los que se aprovechan del cargo para quedarse, como emotivamente suele decirse en esos discursos, “con el dinero del pueblo”.
La diferencia en esta ocasión es que chueco o derecho, el asunto de la transparencia tan invocado y tan desatendido, ha tenido el suficiente avance como para que estos casos sean conocidos masivamente y sea imposible que un acuerdo en lo oscurito llegue a echar un misericordioso velo sobre el asunto de los bonos.
Si la laxitud de nuestros legisladores permite a los infractores irse sin castigo, hay un asunto ineludible: la opinión pública -a pesar de todo- no olvida: aquellos que como Zenén Xichihua pretenden seguir sus carreras con nuevas posiciones electorales, se enfrentarán siempre a ese antecedente del dinero que se autoasignaron. Eso está ya en sus biografías.
Eso no quita el enojo por una posible falta de castigo, que se sustenta en un antecedente inapelable: todo aquel que por pobreza se mete a la Ley y se roba unos calzones, va y da con sus huesos en la cárcel, indefectiblemente. Pero un alcalde, un regidor o síndico procurador que se asigna cientos de miles de pesos que no le estaban presupuestados, puede pasar la molestia de devolver el dinero (algunos caraduras están pensando en ampararse para no hacerlo) y quedar tan tranquilos, sin que los toquen ni con el pétalo de un oficio.
LAS TRADICIONES SOBREVIVEN:
AHÍ SIGUE EL AÑO DE HIDALGO
La diputada perredista Imelda Castro Castro señalaba entre otros problemas de las cuentas públicas, hechos como el crecimiento de las observaciones: en la cuenta del primer semestre de 2013, el municipio de Badiraguato tuvo una observación; en la del segundo semestre tuvo 31. Y la de Navolato pasó de 13 a 34 o algo así. Igual en cada uno de los casos revisados.
¿Qué es lo que pasa? Se pregunta la diputada y concluye que es el descuido, la desatención de no ir atendiendo las observaciones que les va presentando la Auditoría Superior del Estado, las que se les plantean en las calificaciones de las cuentas públicas, permitiendo que se acumulen y generen situaciones mucho más numerosas.
A nuestro juicio la conclusión de la diputada es generosa o superficial. Si en el primer semestre hay sólo una observación y en el segundo hay treinta, quince, diez veces más, es por una sencillpisima razón; es el último periodo de la administración. Los señores servidores públicos entraron en la desesperación del año de Hidalgo. Sigue tiznando a su madre el que deje algo, y para no tiznarla, hay que arrasar con todo, con lo que sea y como sea. Hay que dejar que el compadre se lleve el carro que traía bajo su cuidado, o la cámara de video, o las computadoras de las últimas compras, no le hace que estén inventariadas, como quiera se les hará un acta de baja. Hay que licitar la obra en los términos que se puedan, siempre y cuando garanticen que la gane el proveedor favorito.
Al fin que nunca pasa nada y las cuentas públicas, aun las que no llegaren a ser aprobadas, un día con otro quedan bajo arreglo, cosa que mi compadre se faje desde el partido.
¿ASOCIACIÓN DELICTUOSA?
En alguna ocasión reciente participábamos en una entrevista radiofónica con el alcalde Arturo Duarte, quien entre otras cosas decía que la seguridad no era un problema para su municipio. En el recuento policiaco que Guardianes de la Noche hace en su recorrido por el estado, la zona norte del estado y señaladamente Mochis y sus alrededores, concentran el mayor número de casos, los más graves y dramáticos y por supuesto, el mayor tiempo de recuento. Pero el alcalde tiene sus cifras y sostiene que ese no es problema o por lo menos no lo es de especiales dimensiones.
Sus perspectivas son magníficas. Sólo ve progreso en el horizonte, a tal punto que cuando le preguntamos cuál es su principal preocupación, el asunto cuya solución le quite el sueño, dijo muy orondo: “ninguna”.
Debe ser cierto, porque ayer él y los regidores, de manera unánime, acordaron la construcción de un nuevo palacio municipal.
Los Mochis debe ser la ciudad que tiene resueltos absolutamente todos sus requerimientos urbanísticos y que no necesita una sola obra de infraestructura. Lo que le urge es endeudar sus finanzas para construir un palacio municipal.
Por supuesto, responderán el alcalde y los regidores que no se va a pedir un crédito ni tampoco se va a invertir dinero del ayuntamiento, que mediante los contratos de Asociación Público Privada se puede construir un palacio municipal o cualesquier otra cosas, sin tener que hacer nada como no sea pagar una renta por el lugar y una módica cuota de mantenimiento durante un plazo a cuyo final se acredita la propiedad. Eso por supuesto, no es deuda, una obligación de pago no es deuda, es otra cosa.
Una sociedad donde los productores agrícolas están golpeados, como es el caso de los trigueros del carrizo, los cañeros y todos los demás que están en el asunto de los granos; con los trabajadores del ingenio sin salarios, y con muchos otros problemas para la economía popular, se apresta gozosa a la construcción nada menos que de un palacio municipal.
Allá por los ochentas, bajo el rectorado de Eduardo Franco, la Universidad Autónoma de Sinaloa se preparaba para un Congreso en que uno de cada tres maestros, trabajadores y alumnos, sería delegado. Los trabajos serían en Mazatlán y la Universidad pagaría transporte, hospedaje y alimentación para todos ellos, además de las fiestas que se organizasen, sobre todo para socializar sobre las conclusiones quela clase dirigente ya llevaba preparadas.
Hubo un maestro que protestó diciendo que el Congreso era a la UAS lo que una fastuosa fiesta de quince años a una familia miserable. Nadie lo escuchó y el congreso se hizo.
Ayer los regidores hicieron unanimidad en el cabildo ahomense. Todos estuvieron convencidos de la urgencia, ya impostergabilidad de esa obra que los pobres, las clases medias y los ricos mochitecos aplaudirán al unísino, aunque no a todos les toque parte del negocio, del gran negocio.
No son los únicos, por cierto. EN Mazatlán están que brincan por construir un palacio municipal nuevo (primero le decían “una nueva plaza pública”), aunque en el ínter a la ciudad le revienten las tripas del drenaje.
