*La muerte de la madre aclaró la desaparición del hijo
*Harán hoy nueva entrega de propuestas legislativas
*Veinte profesionistas pretenden ser el Auditor Estatal
FRANCISCO CHIQUETE
La Procuraduría General de Justicia de Sinaloa necesitó que Sandra Luz Hernández fuera asesinada, para empezar a dar con datos que esclarezcan la desaparición de su hijo Edgar Guadalupe, y que el procurador no quiso compartir cuando dio la conferencia de prensa triunfal, y en cambio sí soltó en una entrevista con la televisión nacional.
En efecto: entrevistado para Atando Cabos de Tele Fórmula, Higuera Gómez tuvo toda la claridad que no quiso tener un día antes, durante la conferencia de prensa en que dio a conocer la detención de Jesús Fernando Rodríguez Valenzuela, como presunto responsable del asesinato de Sandra Luz.
Esta señora empezó a luchar desde febrero del 2012 para que las autoridades investigaran la desaparición de su hijo, sacado por la fuerza de su domicilio particular, sin que en todo este tiempo se hubiese de su paradero ni de las causas que generaron esta acción ilegal.
Ante esto, ella empezó a indagar por su cuenta y a tener acercamientos que aparentemente no había logrado la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa. En eso estaba cuando la asesinaron. Sandra Luz murió sin saber nada de su muchacho. Irónicamente, al justificar nacionalmente la detención del presunto asesino, el procurador que nunca puso o quiso darle un solo dato, soltó información amplia y bastante para darnos un panorama de lo ocurrido.
A la periodista Denisse Maerker le explicó que Edgar Guadalupe García Hernández, hijo de la asesinada, participó en el secuestro de un hombre llamado Manuel Alfonso Ruiz Haro, quien apareció muerto al día siguiente. La esposa y el padre de Ruiz Haro identificaron plenamente a García Hernández como uno de los seis secuestradores.
Se trataba de arrebatarle 120 mil dólares, según dijo el procurador.
Los datos los habría dado el detenido Rodríguez Valenzuela, quien reconoció que él era amigo de Edgar Guadalupe y que había un tercer amigo, Ángel Benítez Zazueta, alias El Zucaritas.
La señora Sandra Luz sabía de esta relación y por ello presionaba a ambos para que le dieran información sobre el destino de su hijo.
Aquí es donde empiezan las dudas sobre el proceder de la Procuraduría. Si una señora trabajando por su cuenta tuvo la capacidad de dar con quienes podían develar el misterio ¿por qué la Procuraduría no, si dispone de elementos calificados en la investigación, recursos técnicos y financieros, y sobre todo autoridad para llegar hasta donde no puede llegar un particular?
Edgar Guadalupe era empleado de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa. Si andaba en tan malos pasos, alguien de dentro tenía que haberlo sabido, sobre todo en estos tiempos en que se supone que hay grandes controles sobre el personal, vigilancia y técnicas para ir verificando los niveles de confiabilidad. ¿Es posible que nadie sospechara sobre un caso tan notorio? ¿Se trataba de proteger la buena imagen de la Procuraduría? ¿Alguna complicidad estorbó la posibilidad de esclarecer el caso de Edgar?
Dice el procurador que el detenido Jesús Fernando Rodríguez Valenzuela se amiedó por la muerte del Zucaritas, a quien asesinaron a balazos el pasado mes de abril y consideró que era Sandra Luz o su presión lo que habían generado ese desenlace, por lo que decidió matarla para detener el riesgo que consideraba correr.
Vale la pena insistir: ¿por qué no se trabajó en esa investigación inicial? Muy probablemente doña Sandra Luz estaría viva. Indignada, incrédula si se quiere, pero viva, como ocurrió con la señora Marisela Escobedo, aquella mujer que protestaba contra la liberación de su yerno, confeso de haber asesinado a la esposa –hija de Marisela-. Un juicio adecuado habría evitado esa muerte, pero por lo que se está viendo, ninguna autoridad aprende en proceso ajeno.
Hay que esperar a que esos datos conseguidos por la procuraduría a costa de sangre, sirvan para que el caso quede plenamente esclarecido. Tanto el del hijo desaparecido y ahora “malandrinizado” como el de la señora Sandra Luz, despejando las dudas que genera la versión del asesino solitario.
PARA JUSTICIA, LA NUEVA
ENTREGA DE COMPROMISOS
Como ya es costumbre semanal, el secretario general de gobierno, Gerardo Vargas Landeros estará hoy en el Congreso, acompañado de los dirigentes de los ocho partidos, para hacer una entrega de propuestas legislativas, que en esta ocasión se refieren a aspectos de justicia, sobre todo de la defensa de los acusados.
Por supuesto, lo más importante es lo que se refiere a la defensoría de oficio, una institución muy importante a la que se propone reformar de cabo a rabo.
También aparece un capítulo sobre protección de datos personales, algo que está en consonancia con las reformas federales recientes, y que obliga a los funcionarios a respetar la privacidad de la información que tienen bajo su resguardo. Muchos casos se han dado de mal uso de esos datos, desde la venta de registros levantados para controlar los teléfonos, hasta el padrón creado exclusivamente para expedir credenciales de elector, amén de casos personales o gremiales que han sido mal utilizados y todos han quedado impunes a pesar de que en torno a ellos ha habido grandes escándalos nacionales.
En esta ocasión se incluye un capítulo de sanciones para los funcionarios públicos que incumplan con la ley, de modo que si estas propuestas se aprueban y se promulgan, por primera vez en nuestra historia existirá la posibilidad de que no haya más impunidad en este renglón
Probablemente se dé la ironía de que siga siendo válida aquella advertencia de Manuel Cárdenas Fonseca cuando era diputado local, en el sentido de que la Ley de Responsabilidades está hecha para que ningún funcionario sea castigado por hacer mal uso de los recursos que tienen bajo su responsabilidad, pero sí se podrá castigar a quien haga mal uso de los datos personales de los ciudadanos.
Vargas Landeros anunció un nuevo paquete para la semana próxima, cuando por fin de concrete la propuesta de una reforma política, que todos los partidos anuncian y se acreditan.
A este paso las tareas de los diputados van a ser intensas, pues además hay que ver qué otros asuntos les envían los legisladores federales. Habrá seguramente periodos extraordinarios y muchas horas extras, algo que no parece estar en las costumbres de los señores legisladores.
MUCHOS ABNEGADOS BUSCAN
CUIDAR DE NUESTROS RECURSOS
El puesto de Auditor Superior del Estado está sujeto a grandes presiones y encarna una responsabilidad que no muchos puestos públicos tienen. Hay que cuidar de los recursos públicos, sancionar a quienes hacen mal uso de ellos, rechazar presiones de políticos, gobernantes, partidos y otros poderes, hasta fácticos, pero a pesar de todos esos inconvenientes, hay muchas personas abnegadas que se quieren sacrificar por nosotros, desvelándose para cuidar el dinero de los sinaloenses.
En la lista hay profesionistas de la contaduría, personas que tienen carrera administrativa y hasta hijos de otros que fueron personajes de la política.
Se trata de los contadores Néstor Osuna Pedroza, Gabriel Castro Álvarez, Antonio Humberto Vega Gaxiola, Carlos Fernando Sánchez Angulo, Carlos Edgardo Mendoza Valdez, Martín Humberto Juárez Medina, Rafael Arturo Vargas Díaz, Rigoberto Monjardin Zazueta, José Herrera Aispuro, José Antonio Pérez Cruz, Enrique Ferrer Borboa, Marlene Salcido Gallardo, Pedro Tapia Arellano, Edwiges Haros Bojórquez, Francisco Javier Ames Cebreros, y Carlos Alberto Trapero Montoya ; el abogado Ignacio Castelo Arreola, el economista Santiago Arturo Montoya Félix y los ingenieros Carlos Álvarez Lafarga y Jorge Manuel Cervantes Cadenas.
El más conocido por supuesto es Antonio Humberto Vega Gaxiola –Toño Vega-, quien fue subsecretario de ingresos en los dos sexenios estatales más recientes. Jura y perjura, como le dijo a Carlos Rosas, que no es el candidato oficial, versión que corrió mucho desde el principio, antes que alguien lo anunciara como propuesta oficial. Seguramente los partidos rivales del PRI se van a lanzar en su contra, dada la identificación con ese partido. Si los priístas lo quieren designar, aprovechando la enorme experiencia que tiene en el servicio público, tendrán que negociar mucho y con mucha efectividad.