*Ominoso anuncio, el ataque a director de Noroeste
*Dos detenidos anuncia el gobernador López Valdez
*Para Quiñones, es normal que les paguen sin trabajar
FRANCISCO CHIQUETE
El ataque contra el director de los periódicos Noroeste es una señal ominosa sobre Sinaloa. Por fortuna, según adelantó ayer el gobernador Mario López Valdez, ya hay dos detenidos en relación con este caso, pero aun concretándose una rápida solución, es algo que debe ser visto con toda la atención por la sociedad en general, no sólo por las autoridades policiacas, por el gobierno o por el gremio periodístico.
Adrián López Ortiz iba del aeropuerto a su casa, cuando lo interceptaron dos vehículos de los que bajaron sujetos para despojarlo del carro y sus pertenencias, golpearlo y dejarlo tirado, con el agravante de que cuando ya se habían retirado, uno de los agresores regresó y le disparó un tiro que le dio en una pierna.
Por supuesto que era un disparo innecesario para alguien que ya había sido despojado y que no estaba en posibilidad de seguirlos y ni siquiera de denunciar inmediatamente; innecesario también para quienes ya estaban de huida. Es obvio que se trataba de amedrentar, de establecer un mensaje de peso que fuese más allá de la propia víctima, pues si hubiese sido un asunto directo, de una vez lo ultiman, aunque López Ortiz no es alguien que genere esos rencores extremos por su conducta personal.
La preocupación de este tipo de agresiones es general, como lo muestran las condenas al hecho, condenas que no se limitaron a los organiasmos privados, sino que privinieron también de las agrupaciones sociales, las no gubernamentales y hasta del propio gobierno, incluyendo akl gobernador Lóp3z Valdez.
Anoche, tras inaugurar un importante congreso nacional de médicos pediatras, el mandatario sinaloense dio un adelanto importante: dos personas implicadas en la agresión fueron detenidas y las investigaciones continúan. Antes el procurador general de Justicia, Marco Antonio Higuera Gómez, había dicho que en torno a esta investigación se desplegó un operativo sin precedentes.
Qué bueno que el caso haya sido tomado con ese interés y esa seriedad. Mejor todavía que tan temprano empiece a generar resultados, pues nada alienta más a la comisión de nuevos delitos, como la certeza de la impunidad, que por desgracia se ha enseñoreado sobre la mayor parte de los casos que han ocurrido en Sinaloa.
Qué malo en cambio que se necesite la agresión a un alto funcionario periodístico para que se despliegue “un operativo sin precedentes”. Cada caso debe ser importante, cada crimen debe ser perseguido hasta el esclarecimiento, precisamente para evitar el grave daño de la impunidad. Mientras ésta no sea abatida, seguirán los casos de emergencia, los de contingencia y los “normales”.
Los detalles de esta agresión hacen pensar que efectivamente, se trató de un asunto relacionado con la actividad profesional de Adrián, lo que lleva a pensar en la línea editorial del periódico, como lo sostienen los representantes de Noroeste y como lo hemos temido prácticamente todos los que hemos abordado el asunto.
Ayer el gobernador descartó esa posibilidad y enfocó el asunto a un robo, un delito patrimonial, que con ser lamentable, no alcanza las connotaciones de aquella hipótesis.
LA CANSINA REITERACIÓN DE
LOS CASOS DE ALTO IMPACTO
Culiacán y Navolato tienen una larga y triste tradición de violencia que había bajado de nivel en los años previos, pero hoy de nuevo muestran cosas que hablan de una pérdida de los niveles de control que tenía el cerco tendido para inhibir crímenes, enfrentamientos y agresiones. Sin embargo, semana tras semana se advierte una escalada que pudiera llamarse “hormiga” que las autoridades ven con aparente indiferencia, probablemente confiados en que la incidencia va hacia abajo y se trata sólo de repuntes aislados.
Los casos del chamaco sacado de la secundaria para asesinarlo; el intento de hacer lo mismo con un alumno de una preparatoria; el asesinato de Fortino Valdez, alto funcionario de la delegación del IMSS en Sinaloa, y la larga lista de crímenes ocurridos en los últimos días, prácticamente todos ellos sin solución, hacen que la sociedad empiece a ver las cosas con preocupación. Incluso la sociedad de Culiacán, que suele tener un nivel de tolerancia más elevado que en el resto e la entidad, por la antigüedad que alcanza ahí la expresión criminal de los grupos delictivos.
No se puede vivir de glorias pasadas y a veces efímeras: es absolutamente cierto que en Mazatlán el tratamiento aplicado con acciones disuasivas logró el cometido de abatir o al menos desplomar el número de crímenes dolosos, pero en cambio hay un muy peligroso nivel de delito común que ya debiera tener asustadas y en acción a las autoridades.
Los robos a casa habitación se han incrementado en muchos de los barrios porteños, y van desde el robo de cosas pequeñas –una silla, un garrafón de agua, un artículo doméstico dejado por confianza en la cochera, hasta el saqueo completo del domicilio o el asalto a mano armada dentro de la casa, previa información de que por circunstancias no cotidianas, se había reunido un botín suficientemente atractivo.
Nadie parece reparar en eso. Por cierto que en muchas de las casas donde se han vivido esas experiencias, pasaron jóvenes dejando calendarios con fotos del alcalde Carlos Eduardo Felton González en algunos casos, y del hoy exsecretario de Seguridad Pública Municipal Pablo Andrés Hernández Lizárraga, en otros. De no ser por el abrupto despido y puesta bajo investigación de Pablo Andrés, el asunto habría pasado desapercibido.
Si las casas y las colonias o fraccionamientos fuesen seguros, no habría necesidad de esos calendarios, pero alguien debe haber convencido a la autoridad sobre la efectividad de una estrategia como esas, compitiendo con las fotos que traen los tabloides amarillistas que circulan por la plaza.
No es poca cosa lo que se ha logrado en Mazatlán, como no lo había sido la relativa pacificación alcanzada en Culiacán y Navolato, pero es hora de ponerse a pensar en que algo está ocurriendo, en que deben cambiar o mejorarse las estrategias para que la sociedad tenga la garantía de que su tranquilidad es real y será duradera.
Nos daría mucho gusto conocer hoy, tras la conferencia de prensa del gobernador, que el caso de López Ortiz, el director de Noroeste, quedó solucionado definitivamente y que se aplica la ley a los responsables. Por supuesto, más gusto nos daría que esa efectividad para hacer justicia con sus características: pronta y expedita, en todos los casos que se vayan presentando. Por lo pronto ahí están los del niño sacado de su escuela y de Fortino Valdez.
LA VISIÓN DE LOS
BENEFICIARIOS
El seis de septiembre del año pasado, el secretario de Educación Pública Emilio Chuayffet Chemor vino a Mazatlán para encabezar una reunión nacional sobre calidad educativa. Ahí dijo que la reforma no tendrá marcha atrás, que se aplicará sin más limitaciones que la ley, y de paso aprovechó para fijar posición política: el interlocutor en el sector educativo es el SNTE, como titular del contrato colectivo de trabajo, y no la CNTE, con todo y su movilización en diversos estados.
En esa ocasión dijo otra cosa: en el sector educativo hay una gran cantidad de personas asignadas a tareas que aún ganando un sueldo como maestro, trabaja en una dependencia pública, donde obtiene otro ingreso, y además, genera un tercer gasto al ser sustituido por alguien que también tiene un salario.
Esa irregularidad, vista tan claramente hace seis meses, sigue siendo la misma. Bien dicen, desde la época de la colonia, que “las cosas en palacio caminan despacio”.
A instancias de Mexicanos Primero, brazo teórico de los poderes fácticos, la SEP soltó la lista y datos laborales de los comisionados y los aviadores del sector.
En la lista de Sinaloa aparecen diversos personajes, sobre todo dirigentes y exdirigentes de la sección 27 de la SNTE, quienes tienen salarios de hasta ciento nueve mil pesos mensuales.
El nombre de uno de ellos, Jaime Quiñones, apareció durante la entrevista de Víctor Torres, en Fórmula Noticias Sinaloa, con el director de Mexicanos Primero capítulo Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López Lizárraga.
Al terminar, Quiñones, exdirigente de la sección 27, llamó a la radio para tratar de salvar su honra. La defensa no pudo ser peor: son mentiras, dijo: yo sólo gano nueve mil pesos mensuales. Después pretendió que su salario lo paga el sindicato y no la SEP, cuando los datos manejados son oficiales absolutamente, surgidos de la nómina. Todavía intentó una tercera vía: que es natura que les paguen a los comisionados del SNTE, porque están en activo, y él trabaja, dedicándose a mejorar la calidad de la educación.
En términos generales, el alegato más usado fue el de la normalidad. Por supuesto: debe parecerle normal que les paguen por hacer lo que al sindicato conviene o interesa, sin justificar ni la ausencia del salón de clases o de la oficina a la que hubiesen sido asignados, ni la existencia de tres, cuatro y hasta cinco bases de trabajo, ninguna de las cuales se cumple, por supuesto.
