*Sinaloa concreta su propio pacto político
*Los problemas del predial siguen creciendo
*¿Pagará Higuera los siete millones de pesos?
FRANCISCO CHIQUETE
La reunión de ayer en palacio de gobierno de Sinaloa tuvo un antecedente bastante publicitado, pero que a fin de cuentas no sirvió de mucho. Hoy las cosas parecen distintas, pues a pesar de las broncas, ésta es la época de los pactos y eso es el Acuerdo por Sinaloa, una versión marismeña del Pacto por México a que convocó Enrique Peña Nieto y que le permitió sacar adelante su programa de reformas constitucionales.
Se recuerda que el pacto inicial el motivo fue la búsqueda de consensos para una reforma política de gran calado, como ahora se dice. Un gran acuerdo de fuerzas políticas que evitara la polarización que en esos tiempos vivía el estado, con un PRI dolido por la derrota y una coalición malovista que seguía inmersa en la embriaguez del triunfo.
El dato curioso es que en esos tiempos toda vía mantenía una actitud de convivencia el entonces dirigente priísta Jesús Burgos Pinto, quien meses más adelante empezaría a radicalizar su posición de dignidad priísta, hasta llegar al punto de no acudir ni siquiera al informe de gobierno.
Luego ocurrió que el tiempo se comió los propósitos de cambio y no se alcanzó a hacer una reforma política de altos vuelos como se había proyectado por unos, pretendido por otros y aceptado –a regañadientes- por los otros.
Se vino la elección intermedia sin transformaciones de trascendencia. La elección presidencial y legislativa, ganada por el PRI arrasadoramente dio otra orientación al eje político y dejó a PAN, PRD y compañeros de viaje, sin fuerza como para exigir aquello que al principio se sentían capaces de conseguir.
Si el color de las federales fue verde, o rojo, el de las intermedias locales fue de los mismos tomnos, pero iridiscentes. Nadie se veía empeñado en insistir en la reforma electoral, hasta que la oposición del ámbito nacional consiguió colar la reforma política como condición para alcanzar la energética.
El propio gobernador Mario López Valdez dejó pasar sin mayor aprecio la propuesta del diputado Héctor Melesio Cuen Ojeda para crear un gran acuerdo interpartidos en Sinaloa. Interrogado sobre el tema durante su primera visita del año a Mazatlán, Malova dijo que su gabinete era una muestra de pluralidad tan grande, que nadie podía dudar de la vigencia de un pacto amplio en las estructuras estatales, aunque de todos modos dejó establecido que no sería él quien dejara pasar una oportunidad de convocar a un acuerdo de esa naturaleza.
Ayer sin embargo, con perfecto cálculo, fueron reunidos en palacio los dirigentes de los ocho partidos políticos que tienen registro en Sinaloa; del PRI, PAN y PRD, los más asiduos contendientes electorales, a los partidos pequeños que viven como dijo López Velarde, “de milagro, como la lotería”, a la novedad del Partido Sinaloense, todos estuvieron y todos manifestaron su disposición e interés para hacer realidad el proyecto plural de armonización de las leyes sinaloenses con las nuevas disposiciones que tendrá el país en materia electoral una vez que se acuerden las leyes secundarias de la reforma política.
De por sí, esas leyes van a constituir un galimatías cuyas materias de trabajo ya fueron revueltas y confundidas extraordinariamente por el apresurado acuerdo de hace unas semanas. Se necesitará, efectivamente, de mucha voluntad, mucho estudio y mucho trabajo conjunto para que las leyes sinaloenses queden armonizadas con las nuevas disposiciones.
El encuentro fue tan efectivo, que marcó el regreso formal de Edgado Burgos Marentes a la sede del gobierno con el que rompió tras la derrota en la elección de alcalde de Ahome. Se le veía cómodo, sin problemas de ningún tipo, sin ekl ánimo beligerante que le ha llevado a mantener una fuera de saliva contra un régimen en que sus correligionarios participan con toda la soltura del mundo, como si su dirigente estatal no los hubiese convocado a dejar solo al gobernador.
Al final el gobernador puede darse el lujo de decir que los tiene a todos comiendo de su mano y que no hay en Sinaloa quien disienta de sus iniciativas, al menos de las principales. Si hubiese quién no lo quisiera aceptar, ahí está la foto en que todos le sonríen al luminoso futuro de la concertación.
COMO UN PONCIO PILATOS
DE LA BRONCA IMPOSITIVA
Como era previsible, ayer creció el número de inconformidades por el nivel de cobro que pretende el ayuntamiento con el impuesto predial. Los reclamos hablan de cobros de hasta trescientos por ciento más de lo que se había pagado el año anterior. Al respecto, el alcalde Carlos Felton González practicó el bonito deporte bíblico de imitar a Poncio Pilatos, lavándose las manos.
Fue cosa del Catastro, dijo, y a Catastro derivó todas las quejas presentadas.
Seguramente tiene razón. De catastro vienen usualmente los errores que se cometen en materia de cobro del impuesto a la propiedad raíz, pero una explicación de esa naturaleza no les sirve de nada a los afectados, quienes van a tener que dar muchas vueltas y esperar largo tiempo antes de ver resuelto su problema, si es que lo consiguen.
Por naturaleza, la burocracia niega que haya alguna cosa qué corregir, y luego, cuando ya no puede negar, enreda las cosas hasta que el interesado desiste. Sólo los más fuentes sobreviven a tan brutal tratamiento.
Lo más grave es que por más generalizados que sean los errores, no habrá una solución colectiva. No va a pasar que un día anuncien que las cosas han quedado resueltas, y que cada quien puede ir a preguntar por el nuevo monto de su recibo.
NO HAY MODO DE
EVITAR BRONCAS
El gobierno de Felton parece haber entrado en el cauce de la conciliación. No puede indicar otra cosa el dictamen del director de Servicios Públicos, Julio Guerra, en el sentido de que no hay locales del Mercado Flores Magón que hayan sido asignados a funcionarios del anterior gobierno o a sus familiares. Guerra dice que investigó y no encontró nada, aunque aquí vale recordar el sabio dicho popular que sentencia: nada encuentra el que nada busca, pero en algún momento tenía Felton que empezar a mandar señales de conciliación.
Pero las cosas conspiran contra los buenos propósitos.
Al discutirse la cuenta pública del primer semestre del 2013, apareció una recomendación de la Auditoría Superior del Estado para cobrar siete millones de pesos como castigo por descuentos ilegales del impuesto predial a grandes empresas mazatlecas.
Felton, de quien dicen que suele cuidar la hacienda pública como propia, y la propia como sagrada, respondió sin hacer grandes reflexiones: la sanción resarcitoria no la va a pagar el ayuntamiento como institución, sino los funcionarios responsables de semejante atropello.
Habida cuenta de que se trata de descuentos que no encuadraban en los acuerdos de Cabildos, sino decisiones tomadas por el alcalde, cuando Alejandro Higuera ocupaba ese puesto, resulta que si será el funcionario responsable el que pague, el dinero tendrá que salir de los bolsillos de Higuera.
Después de todo, esa misma fue la actitud de Higuera respecto de su antecesor. Cuando la ASE hizo diversas observaciones. Disponiendo él de la documentación correspondiente, determinó que fuesen los funcionarios involucrados quienes respondiesen al procedimiento.
¿Y la concertación? ¿Qué van a decir en el tercer piso?
