*Denuncia corrupción y ni lo pelan
*¿Para qué querría Malova ir al PRI?
*Disparidad en la publicidad policíaca
FRANCISCO CHIQUETE
El alcalde de Celaya, Guanajuato, Ismael Pérez Ordaz, le puso el cascabel al gato con una denuncia contundente: los diputados federales, y hasta funcionarios de partido, cobran un diez por ciento de comisión por los recursos que consiguen para los ayuntamientos y estados, lo que genera una cadena de corrupción que afecta lo mismo a las finanzas públicas que la calidad de las obras y en términos generales, el interés de los ciudadanos.
Este asunto, que en condiciones normales habría generado un escándalo, un debate entre partidos políticos, pasó prácticamente desapercibido por una razón: el famoso diezmo presupuestal es un mal generalizado en que incurren muchos políticos y de prácticamente todos los partidos, de modo que prefieren no descobijar al de enfrente, para no terminar descobijados ellos mismos.
Hace aproximadamente dos años, vino el entonces delegado de la Reforma Agraria, hoy Sedatu, a poner en marcha algunos programas y aprovechó para pedir al público en general que aprovecharán los presupuestos que se tenían al alcance de la gente y lamentó de paso que hubiese pocos proyectistas.
Los proyectistas, hasta donde sabíamos entonces, eran los funcionarios del Poder Judicial encargados de trabajar la parte final de los casos, usualmente las sentencias, pero ignorábamos la nueva acepción de ese término: los proyectistas en la SRA eran los encargados de promover proyectos de desarrollo económico o social que encajara en esa dependencia. Era la tarea que realizaban los líderes campesinos o colonos, quienes conseguían dinero oficial para urbanizar poblados, colonias en zonas ejidales, talleres de autopempleo en el campo, pero ahora ya no. Ahora se trata de que la dependencia capacita a “proyectistas” para que aprendan a bajar recursos de los presupuestos, cajones y apartados de la secretaría. A cambio se ganan una comisión del diez por ciento del dinero que logren aterrizar. Es decir, lo que antes era una tranza, ahora es legal.
Es más o menos lo que pasa con diputados y otros representantes que pueden conseguir presupuestos del gobierno federal para estados y municipios, aunque todavía no es una acción legal, por más que si está generalizada.
Si un diputado anuncia que consiguió quinientos millones de pesos para programas de agua potable en un estado, sabe que se queda con cincuenta millones. Por desgracia, con todo lo mal que esté eso, no queda ahí. Todavía después de eso hay un nuevo moche cuando las obras estén en proceso de asignación, y en muchos casos hay una lana adicional para la autoridad que va a manejar el caso.
Habrá alguien que acepte y hasta defienda esas situaciones, pero sáquele cuenta cómo impacta semejante cadena en la calidad de las obras que le llegan a la gente, y por supuesto, en el bajo rendimiento que pueda tener cada presupuesto. Ya no hablemos de la ética, porque corremos el riesgo de que alguien nos mande a la peluquería de la esquina, parafraseando a Luis N. Santos, quien solía decir que la moral es un árbol que da mora.
La denuncia a fin de cuentas fue canalizada, para que hiciese menos daño, a la guerra civil que se libra dentro del PAN para dirimir a la dirigencia nacional. Lo más que se consiguió fue que dijeran que alguien está tratando de contrarrestar al exgobernador guanajuatense, Juan Manuel Oliva Ramírez, con las mismas armas con que golpearon al actuado dirigente y aspirante a la reelección, Gustavo Madero Muñoz.
¿Se imagina usted a cuánto ascienden los presupuestos de inversión conjuntando los de nivel federal, estatales y municipales? Un diez por ciento de esa cantidad sería suficiente para multiplicar sustancialmente los recursos de ayuda a la gente que está en pobreza extrema. Y si le sumamos la otra mochada, la de la asignación de obras, el asunto es ya de escándalo.
¿PARA QUÉ QUIERE MALOVA
UN REGALO COMO EL DEL PRI?
Desde que llegó a la presidencia del comité directivo estatal del PRI, Martha Tamayo ha insistido en el tema. El sábado en Mazatlán, donde el gobernador Mario López Valdez festejaba sus 57 años de vida, la señora Tamayo volvió a decir, a guisa de regalo de aniversario, que las puertas del tricolor están abiertas para Malova.
¿Para qué le sirve al gobernador una invitación de esas? Ya quedó claro que un regreso al PRI sería una pérdida para el mandatario estatal.
Si en estos momentos el PRI tiene la posibilidad de sentirse en casa dentro del Palacio de Gobierno, el PAN no es de ninguna manera ajeno, pese a la ruptura teórica de Edgardo Burgos Marentes, ni el PRD se decidió a tomar las de Villadiego.
A pesar de todas las broncas que se generaron con la elección anterior, el gobierno sigue teniendo comal y metate en todos los partidos, y seguramente que habrá una demostración en ese sentido durante la designación de candidatos a diputados federales del año próximo.
En el ágape del sábado, como parte de la mesa principal, estaba el coordinador de los diputados priístas y presidente para los tres años de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Jesús Enrique Hernández Chávez. Durante la legislatura anterior, la presencia ahí de Cenobio Ruiz Zazueta era un serio motivo de tensión, que terminó cuando se fue y lo relevó Rosa Elena Millán Bueno.
Todo esto implica que Malova tiene de su lado y hasta en su mano al PRI, y no necesita renunciar a la relación privilegiada con los demás partidos., Al menos no le daría nada más de lo que en estos momentos tiene. Para hablar en los términos actuales de la política, sería una muy mala inversión.
Durante el primer año de gobierno y todavía hasta el segundo, un tema recurrente era “dar vuelta a la página” de las elecciones, pero entre más se decía, la lejanía parecía mayor. Si Martha Tamayo, que estuvo del lado vizcarrista del PRI, hoy le abre las puertas, y su el festejo de cumpleaños fue organizado por empresarios que se la jugaron abiertamente con Vizcarra, es obvio que ya la hoja está volteada.
Por si fuera poco, hoy, los aspirantes a la dirigencia nacional del PRD vienen y despotrican en público, pero a la hora de establecer posturas oficiales, terminan manifestando su respecto al gobernador; un militante del PAN se acaba de dar un agarrón feisbuquero con el dirigente estatal Edgardo Burgos Marentes. Entre otras cosas lo acusó e que se lleva más en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico que en las del propio PAN. Se sabe en efecto, que el secretario Roberto Ramsés Castro Cruz es uno de los grandes operadores de Malova dentro del PAN.
¿Cómo creer entonces que pudiera tomarles la palabra y decir “ái les voy con mi afiliación?
HAY UNOS MÁS IGUALES
QUE OTROS PARA LA SSP
En este momento el proceso interno municipal del PAN provoca todo tipo de especulaciones sobra las acciones que se realizan y las que no habiéndose realizado, parecieron estar a punto.
Mucho se habla por ejemplo de la detención de dos hombres que grafiteaban. No se trata de jóvenes imberbes, aunque tampoco es gente de mucha edad. Los grafiteros usualmente andan entre los 13 y los 18 o hasta 19 años. Después se retiran por su propia cuenta, empezando a entrar en la madurez, pero los detenidos tienen 27 y 28 años. Los detuvieron en flagrancia, pero lo llamativo es que fueron divulgados inmediatamente.
Por supuesto, fueron presa fácil de la opinión pública, pues estos dos inquietos fueron funcionarios del Instituto Municipal de la Juventud, específicamente del área e combate la grafiti, nada menos. Luego resulta que como miembros del IMJU, estuvieron bajo las órdenes de Roberto González Gutiérrez, actual candidato a la presidencia del comité directivo municipal del PAN, a quien le han llovido críticas por la relación.
Lo llamativo, dicen los enterados, es que esta misma policía municipal fue obsequiosamente discreta cuando se trató de guardar el caso del regidor (entonces electo) Heriberto Reséndez Hernández, quien protagonizó un accidente automovilístico con heridos y todo, y su caso fue sacado de la circulación para evitarle bochornos.
