El gobierno federal les puso el candado de la reserva durante cinco años con el argumento de que la Campaña Nacional de Vacunación era un tema de seguridad nacional. El INAI ordenó también que en caso de que esa clasificación sea imperiosa, no deberá ser mayor de dos años.
Desde la semana pasada y hasta el pasado miércoles, los comisionados instruyeron a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) –que ha estado al frente de las negociaciones– y la Secretaría de Salud dar a conocer estos contratos con sus respectivas precauciones, de lo contrario habría sido en 2026 cuando pudieran conocerse.
En cuanto al convenio con GAVI Alliance, el INAI resolvió el miércoles que la Secretaría de Salud debe entregar la versión pública y el monto pagado para formar parte del acuerdo, que se estima en 159 millones 876,000 dólares.
La comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena aseguró que garantizar la máxima publicidad de la información es indispensable para asegurar que la distribución y asignación de las vacunas sea verdaderamente equitativa, pues, pese a que los gobiernos ya han comprometido unos 1,400 millones de dólares para este esfuerzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha mostrado su preocupación por el acceso desigual a las vacunas, al concentrarse en los países desarrollados.
La SSa había reservado la información con el argumento de que existía una negociación internacional en trámite; sin embargo, el análisis de los comisionados del INAI arrojó que ello es improcedente, pues el acuerdo ya fue firmado. En tanto que el argumento de «seguridad nacional» tampoco sostiene la clasificación.
En otro momento, esa dependencia federal respondió que no contaba con información sobre el costo de la vacuna, pues el objetivo de ese acuerdo no era la compra de estos insumos, sino la garantía a los países miembros del mecanismo COVAX que, al menos, el 20% de su población sea vacunada.
Sin embargo, esos argumentos fueron inválidos para la reserva debido a que el recurso ya se erogó e, incluso, se localizó información oficial de la Cancillería en la que señala que realizó una transferencia por 159 millones 876,000 dólares a Gavi Alliance.
En respuesta a una solicitud de información de Expansión Política, la Secretaría de Salud expuso que el “Acuerdo compromiso suscrito por el Gobierno de México con GAVI Alliance, contiene procedimientos específicos para la obtención y distribución de la vacuna que, en caso de hacerse del conocimiento público, podría afectar los intereses económicos y sociales del gobierno mexicano para la obtención de la vacuna.
«… No respetar la confidencialidad del Acuerdo compromiso, traería repercusiones al Estado mexicano, en el caso inmediato, de no contar con las vacunas correspondientes y, posteriormente, perturbaría la confianza en nuestro país por parte de organismos internacionales, así como de otros países …».
– SSa en respuesta a solicitud de información.
Los contratos AstraZeneca, Cansino y Pfizer
Respecto a las compras con AstraZeneca, CanSino y Pfizer, que fueron pactadas en 2020, la Cancillería las clasificó como confidenciales. Al tener los comisionados acceso a los documentos se observó que no daban cuenta de la adquisición de las vacunas, pero la SRE respondió que era la única información que obraba en sus archivos y que todos los contratos estaban a cargo de la Secretaría de Salud.
Tras una reunión con parte de su personal, la Cancillería entregó la versión pública de los contratos de compraventa con las vacunas contra COVID-19 firmados con CanSino, Pfizer y AstraZeneca. La dependencia se resistió a entregar la versión íntegra porque podía menoscabar las negociaciones internacionales vigentes con las farmacéuticas mencionadas, vulneraría secretos comerciales de los que son titulares cada una de las farmacéuticas y desprotegería datos personales de particulares.
En trabajo conjunto, se analizaron las versiones públicas presentadas y se concluyó que la clasificación era adecuada, pues por una parte, permitía proteger cierta información y por otra, dar cuenta de las contrataciones que ha llevado a cabo el Estado mexicano para contar con las vacunas que buscan proteger la salud de toda la población mexicana.
“Esta clase de resoluciones se aparta del llamado secretismo de los convenios con las farmacéuticas, puesto que las versiones públicas que se analizan favorecen la divulgación de los detalles sobre la negociación entre el gobierno mexicano y dichas empresas farmacéuticas”, señaló el comisionado Adrián Alcalá Méndez.
La necesidad de nuestro país por adquirir millones de dosis y cumplir con los requisitos de confidencialidad que exigen las farmacéuticas, de ninguna manera se puede traducir en opacidad respecto de los instrumentos utilizados para formalizar estas adquisiciones.
– Comisionado Adrián Alcalá Méndez.
El comisionado consideró que con la entrega de las versiones públicas se logra un equilibrio. Por un lado, permite que la SRE continúe en negociaciones con las farmacéuticas en las mejores condiciones para adquirir dosis suficientes que garanticen el acceso universal a las vacunas anti COVID-19. Por el otro, se fortalece el ejercicio del derecho de acceso a la información.
Alcalá Méndez también destacó que el conocimeinto de los contratos «nos acercan cada vez más» a las acciones realizadas en otras partes del mundo, como Europa, donde tras una petición de la Comisión Europea la empresa AstraZeneca aceptó publicar el contrato firmado, pero ocultó información sensible.
De acuerdo con Transparencia Mexicana, con esto, México se coloca en la “corta” lista de países que abrieron contratos para vacunas COVID-19 y se abre una conversación sobre cómo vamos avanzar para hablar con «un enfoque aperturista y de protección de datos personales temas tan importantes, como es la compra de estos fármacos para la población, que no pueden decidirse a espaldas de ella».
“Si se revisa lo que ha pasado en el mundo, no solo en México, quien ha decidido los niveles de transparencia de los contratos de la vacuna no ha sido el Estado sino ha sido el sector privado, quien impuso condiciones específicas no solo fueron los gobiernos sino los desarrolladores”, dijo Eduardo Bohórquez, director de la organización, durante la Cumbre Nacional de Gobierno Abierto.
México decidió sumarse a una lista muy pequeña de jurisdicciones en el mundo, la Comisión Europea, que empieza a abrir lo que se puede abrir de los contratos para la vacuna y la reacción de la SRE ha sido la correcta». – Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.
Comentó que hay muchos temas que no se pueden litigar en el país sino en otras cortes, por lo que -señaló- esto abrirá la puerta a temas sobre el derecho a la información de los ciudadanos, así como la relación entre lo público y lo privado.
Información por EXPANSIÓN POLÍTICA
