Las acusaciones contra “la mafia del poder” tienen antecedentes muy importantes y muy anecdóticos. Luis Echeverría, quien presidió al país de 1970 a 1976, solía referirse a “los emisarios del pasado”, categoría en que cabían lo mismo empresarios que políticos disidentes o caídos en desgracia.
A días de terminar el sexenio echeverrista, el gran monero Rogelio Naranjo retrató el asunto en uno de sus geniales trabajos. Aparecía ahí el propio Echeverría reflexionando: “ah caray, no había caído en cuenta que a partir de pasado mañana paso a ser emisario del pasado”.
Siendo candidato presidencial en 2006, Andrés Manuel López Obrador reaccionó harto del parloteo del presidente en turno, Vicente Fox Quezada, empeñado en atacarlo para beneficiar a Felipe Calderón. “¡Ya cállate chachalaca!”, le gritó AMLO.
Diecisiete años después, a diferencia del Echeverría que dibujó Naranjo, el presidente no quiere darse cuenta de que hoy la chachalaca es él.
Ante las excesivas y abusivas expresiones contra Xóchitl Gálvez, las autoridades electorales ya le advirtieron que no debe insistir en esas prácticas y su respuesta fue que no hablará cuando empiecen las campañas, pero que incluso si ordenado por la ley debe callar, pero ve que no hay justicia en lo que está ocurriendo, volverá a hablar. Otra vez su famoso dicho de “que no me vengan a decir a mí que la ley es la ley”.
Más aún: en estos días decidió transgredir las leyes divulgando datos, reales o falsos, de la actividad económica de Xóchitl Gálvez, datos fiscales y de ingresos privados que la ley le prohíbe manejar. No es la primera vez, pero es que en las anteriores no le pasó nada.
Curiosamente, cada vez que se lanza contra la aspirante a candidata presidencial, lo que consigue López Obrador es ponerla más a la vista de la sociedad y convertirla en aglutinadora de todos aquellos que están inconformes con el gobierno, sean del símbolo que sean.
Ante ese tipo de resultados, no dude usted que cualquier rato las propias corcholatas que están a la espera de la gran decisión dejarán de lado sus diferencias para gritar al unísono “¡Ya cállate chachalaca!”.
A EVADIR LA JUSTICIA
“POR MOTIVOS DE SALUD”
Si algo ha buscado el gobierno sinaloense es concretar la defenestración de Héctor Melesio Cuén Ojeda como autoridad máxima en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pero cuando se da el primer paso formal para judicializar las acciones, la presa se le va viva a la fiscal, porque le presentaron un certificado de falta de salud.
Como recurso podría parecer absurdo, pero no lo es, a juzgar por las veces en que un simple papelito médico ha servido para posponer y nulificar la realización de audiencias de imputación, en casos que sin lugar a dudas pueden y deben ser considerados como emblemáticos.
La fiscal Sara Bruna Quiñones ha mostrado y demostrado falta de capacidad para llevar a buen puerto los asuntos que caen en sus manos.
En la semana que termina, por ejemplo, murió la señora Florencia Rubio Vázquez, mamá de la locutora Cristal Vázquez, La Chulis, quien fue desaparecida un año antes. Cuando un reportero comentó a la fiscal que la señora murió sin que la fiscalía le hubieran cumplido, la funcionaria dijo que no, que no se puede decir que no le cumplieron porque dos días antes llamó por teléfono y le dijeron que seguían trabajando en el caso.
¿Puede usted creer? O es inocencia o es exceso de demagogia.
Está el caso de Luis Enrique Ramírez Ramos, asesinado en mayo del año pasado sin que hasta el momento se haya satisfecho la exigencia de justicia. Cuando se le reclamó al respecto, dijo que la culpa era de la sociedad, que no coopera denunciando la ubicación de los presuntos responsables.
Al Químico Benítez no le ha podido concretar una sola audiencia a pesar de las muchas evidencias que dice que tienen en su poder. Cuando no es un abogado defensor que se enferma es el propio Químico o alguno de sus coacusados. Las últimas dos suspensiones fueron por un ojo enfermo y luego porque ese mismo ojo sigue bajo padecimiento.
Este viernes fue suspendida la audiencia en que se buscaba someter al rector Jesús Madueña y el jurídico de la institución, Robespierre Lizárraga, porque éste envió un certificado que lo acredita como víctima de un problema respiratorio. No le creo pero se lo acepto, le dijo la fiscal, cuyo equipo dio un motivo más poderoso para a suspensión, al no entregar copias del expediente a la defensa.
Algunos malpensados que dicen saberle al derecho, opinan que esa laxitud es apoyo disfrazado en el caso del Químico, y conveniencia en el de la Universidad, porque en realidad los casos que lleva todavía no están sólidos.
El caso es que no ha podido resolver nada. Hay otra audiencia contra Madueña la semana próxima. A ver si no le llevan otro certificado médico.
CONTRATOS EN
EL GOBIERNO
En su ristra de señalamientos contra la precandidata (tampoco precandidata) Xóchitl Gálvez, el presidente enumeró contratos y más contratos. Cuando su contrincante le dijo que su empresa es tan chingona que el propio gobierno federal le contrató los servicios, López Obrador reconoció que sí, que Banobras le contrató los servicios, pero eso fue porque no sabían que la empresa era de ella.
Si hubiera dicho que estuvo mal porque no cumplía con los requisitos o que no hacía un buen trabajo o porque tenía algún impedimento legal, su actitud habría sido válida. Pero advertir que no la hubieran contratado sólo porque era ella no fue propio de quien ofreció ordenar la administración pública y acabar con las irregularidades en la contratación de obras y servicios.
A propósito de contratos: ¿conoce el alcalde Edgar Augusto los rumores que corren en torno a la obra de reducción de la glorieta ubicada en Carlos Canseco y Atlántico?
Si no los conoce, mala señal, pues todo mundo habla de ello en el propio Palacio Municipal, sobre todo entre los sobrevivientes. Si los conoce y no los corrige, peor aún.
