Durante la campaña presidencial del 2006,el candidato Andrés Manuel López Obrador, harto de la locuacidad del presidente Vicente Fox, le lanzó un grito que marcó a toda esa época: “¡ya cállate chachalaca!”.
Fox, en efecto, opinaba todos los días sobre la contienda política que se vivía en el país y lo hizo por supuesto para denostar a su enemigo más odiado y favorecer al candidato panista Felipe Calderón, que a esas alturas no terminaba de despuntar.
Pero no es problema de Vicente Fox o de López Obrador, sino de la concepción que los presidentes tienen del poder, independientemente de sus procedencias partidistas.
En 1987 un grupo de destacados priístas que integró la Corriente Democrática decidió abandonar a ese partido para buscar por fuera una candidatura presidencial.
La gente del poder (que ya encabezaba Carlos Salinas de Gortari aunque sólo era secretario de despacho) reaccionó atacando desde el gobierno al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas cabeza del grupo y luego candidato de una coalición de izquierda.
El propio Salinas rompió la institucionalidad para poner orden en la candidatura de su partido con aquel famoso “no se hagan bolas” que pretendía zanjar las diferencias entre Luis Donaldo Colosio y Manuel Camacho Solís. Luego dio un video-dedazo público para destapar a un segundo candidato tras el magnicidio de Lomas Taurinas.
Contra Cuauhtémoc Cárdenas se usó todo lo posible, incluyendo reclutar a un par de hijos desbalagados del general Lázaro Cárdenas para que fueran a Televisa y desautorizaran a su medio hermano “en defensa de la memoria del expropiador del petróleo.
Fox en su oportunidad consiguió enderezar un proceso judicial contra López Obrador para evitar su candidatura y luego durante la campaña pasaba los días denostándolo para tratar de frenar su crecimiento. Por eso fue el “¡Cállate chachalaca!”. No se calló, por supuesto, a tal punto que los tribunales concluyeron que sí había violado la ley con su locuacidad, pero no tuvieron capacidad jurídica o mental para aplicarle una sanción.
Tanto Salinas como Fox terminaron por fortalecer a sus respectivos enemigos con tanto ataque. Entre más intensos y frecuentes fueron éstos, más apoyo conseguían los candidatos opositores.
Diecisiete años después, López Obrador hace con la oposición y particularmente con Xóchitl Gálvez, exactamente lo mismo que hicieron contra él: violentar la legalidad para frenar a sus enemigos políticos a punta de denostaciones, confiado en que su influencia sobre la población le permitirá incidir sobre sus decisiones del año próximo.
Desde que la senadora panista reveló sus propósitos de contender por la presidencia, Andrés Manuel no la ha soltado. Le ha endilgado una larga serie de epítetos descalificándola porque cree que así la detiene, sin ver que por el contrario, cada vez que la golpea la fortalece, como hicieron los priístas con Cuauhtémoc Cárdenas, como hizo Fox con él.
Por más que al presidente le enoje que se le compare con los demás políticos, sobre todo con los del pasado (que él quisiera sepultarlos allá, en el pasado), sus reacciones son exactamente las mismas, independientemente de los resultados que obtenga.
No sólo es cosa personal de AMLO. Es parte de la mecánica del poder, es la tendencia de aferrarse al mando, aún cuando sea por interpósita persona, incluso por encima de las leyes y de las buenas maneras de llevar la vida de las instituciones.
No cabe duda que como dice la profunda filósofa veracruzana Yuridia Valenzuela, “¡todos son iguales!”.
LA UAS EN LA CALLE
No es porque no tenga dinero. Pese a los ataques gubernamentales, no le han faltado las ministraciones que a fin de año alcanzarán la friolera de siete mil millones de pesos. Está en la calle para protestar.
El arranque fue el viernes, con una marcha supuestamente ajena, a la que se convocó anónimamente “para defender la paz” y protestar contra la inseguridad. Aunque la motejaron de “ciudadana” la marcha fue encabezada por el rector Jesús Madueña Molina y el dirigente del PAS, Héctor Melesio Cuén, quienes dijeron haber ido “en lo personal”, no con sus representaciones formales. El resto, que formó un buen contingente, fue de universitarios, mayormente burócratas y cuadros activistas del PAS, en un gran esfuerzo que volcó al aparato cuenista.
Al día siguiente se realizaron manifestaciones estacionarias en avenidas, sobre todo afuera de instalaciones de la UAS por todo el estado. Es el aviso de que se van a defender con todo de los procesos judiciales que se les vayan abriendo de parte del gobierno estatal para echarlos del mando universitario.
La cosa es ver hasta dónde llega ese “todo” con que se piensan defender. Si no es mucho mayor que este primer paso, de poco va a servir. En 1981 la comunidad completa de la UAS se lanzó a las calles a una intensa lucha política que puso en jaque al gobierno de Antonio Toledo Corro. Pero aquella vez era la defensa ante una amenaza que indignó a todo Sinaloa: se trataba de cercenar a la UAS quitándole sus preparatorias. Hoy los argumentos del gobierno son actos de corrupción fácilmente vendibles (los 18 millones de pesos pagados por tortillas son un ejemplo). Eso puede hacer que se movilice la estructura universitaria, pero no se obtenga el respaldo social.
Por lo pronto el gobernador Rubén Rocha Moya supo reaccionar diciendo que “la UAS tiene derecho a manifestarse”. Es una obviedad, pero de repente Rocha sale con unas respuestas que dejan helados a sus propios colaboradores.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
Durante mucho tiempo el Poder Judicial del Estado se ha mantenido fuera del alcance de las miradas del público. Poco trasciende lo que ahí se decide y cómo se decide. Ello le permitió a Enrique Cázares Inzunza romper las amarras tradicionales con el Poder Ejecutivo y pintar sendos violines a los gobernadores Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel en sus aspiraciones de influir en algunas cosas.
Pero la independencia se acabó porque ahora Inzunza Cázares es el número dos en el ejecutivo y tiene que empatar en sus decisiones los intereses de uno y otro lado, con preferencia por supuesto a lo que necesita el ejecutivo para sacar adelante sus proyectos orgánicos y políticos.
De ahí salió la recomendación para que el Congreso votara en marzo pasado a los dos más recientes magistrados de la Sala Superior: Leobardo Gallardo Beltrán, muy cercano al gobernador Rocha Moya, y Jesús David Guevara Garzón, miembro del Poder Judicial y cercano a Inzunza Cázares.
Hoy Guevara Garzón aparece en los alegatos contra un supuesto cartel jurídico que habría sacado negocios jugosos a través de demandas por expropiaciones mal hechas o mal defendidas por el municipio. Lo menos que se recuerda es que él aprobó una indemnización de 300 millones de pesos al grupo Arhe, que luego terminó recibiendo aparentemente 142 millones porque el fallo fue excesivamente generoso.
Es un caso en que el estado tiene muy a la mano la posibilidad de resolver y corregir lo que haya estado mal, y si así fue, de revisar los mecanismos mediante los que se selecciona a loa nuevos magistrados. Ojalá lo hagan en serio.
DISTINTOS DESTINOS
Apoyar a las Corcholatas en horario de trabajo está penado, según se ha visto. A nivel municipal el director del Rastro fue cesado por haberse ido a la campaña (que no es campaña) de Marcelo Ebrard. Luego se conoció la renuncia de Jesús Ernesto Sandoval Landeros a la delegación de Vialidad y Transportes en Mazatlán. Los que están cerca dicen que en realidad se fue porque no atendió los llamados de atención previos a causa de su activismo a favor de Claudia Sheimbaum.
Sobre aviso no hay engaño, pero no a todos les pasa igual. La delegada regional de Bienestar, Lorena Tamayo, se exhibió durante la visita de Adán
Augusto López Hernández, en cuyo acto se vio también a personal bajo su cargo, manejando mobiliario, agua embotellada y otros servicios en la “asamblea informativa”. A ella no le ha pasado nada, como tampoco les pasó a las funcionarias de la SEPYC que se salieron de sus áreas para ir a “vestir” el evento.
Por cierto que la salida de Sandoval Landeros sirvió para demostrar que el exalcalde Alejandro Higuera Osuna todavía tiene poder para colocar a personas que le son cercanas. Francisco Iván Ibarra García fue su jefe de tránsito municipal y ahora se le colocó en la delegación que quedó libre.
