La historia de los 43 le cobra a AMLO; policías inútiles ante el crimen, pero implacables con los débiles; la Videotintorería del Químico
Voló una puerta en Palacio Nacional y el presidente diagnosticó tranquilo: “no pasa nada”, la puerta se manda arreglar”. Pero sí pasó: el país entero fue testigo de que esa autoridad perdió su autoridad al no saber enfrentar los cambios propios en un caso trascendental como el de Ayotzinapa y sus 43 estudiantes desaparecidos.
Ver esta publicación en Instagram
Por tres días consecutivos, el grupo de padres de los desaparecidos y estudiantes que los respaldan tuvieron violentas expresiones de protesta, que incluyeron detonaciones que en la FGR y en el Senado, se llevaron sendas puertas y cristales, para culminar con el asunto del Palacio Nacional, a donde habían acudido en espera de audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pese al portazo y a la comprensión desplegada por el mandatario, no hubo audiencia. Se envió a un subsecretario de Gobernación para atemperar las cosas con la promesa de que en tres o cuatro semanas se reunirían con él, cuando ya tuviese más elementos qué ofrecer sobre la investigación del doloroso caso.
¿Por qué el presidente evade el encuentro, si durante los años que mediaron entre la bárbara desaparición de los muchachos y el triunfo electoral, reclamantes y AMLO eran una sola cosa? Las exigencias de justicia de los padres y maestros normalistas eran alentados y hasta insuflados por el hoy presidente, quien no sólo demandaba castigo a los culpables, sino la aparición con vida de los estudiantes.
Aunque los restos no habían sido localizados, todo mundo tenía la certeza del final cruento de los muchachos. Sólo los padres mantenían la esperanza de que aún viviesen, y AMLO alentaba la versión de que podrían estar encerrados en algún cuartel del Ejército Mexicano, porque “fue el Ejército” y por tanto, “fue el estado”.
Hoy todos sabemos que al llegar al gobierno, López Obrador cambió sus ideas respecto del Ejército y se niega a sostener aquellas teorías que aún reclaman varios de los padres afectados. El gobierno se ha empeñado en negar la llamada “verdad histórica” del régimen peñanietista a pesar de que sus “nuevos” datos son muy similares, con algunas diferencias de ubicación del lugar en que habrían quedado los restos. Como Peña Nieto, hoy López Obrador rechaza las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, a quienes incluso ha llegado a llamar farsantes.
En este gobierno el cambio fundamental para el caso ha sido la persecución a funcionarios de la administración anterior, pero no por responsabilidades en el secuestro y probable asesinato de los jóvenes, sino “por torturas” a los presuntos culpables. Incluso se dio el caso de que dos de los principales ejecutores de los delitos fueron liberados al “acreditar” que sus confesiones fueron obtenidas bajo tortura. Hay quienes creen que esa salida fue impulsada por el propio gobierno para desvirtuar a la “verdad histórica” y para obtener colaboración de los delincuentes, para inculpara a funcionarios del régimen en el secuestro masivo, sin lograr nada.
Los nuevos derroteros del caso ya generaron fracturas. Alejandro Encinas renunció a su encargo de subsecretario encargado del caso, indignado porque no le permitieron avanzar en las investigaciones sobre el Ejército. En su enojo, reveló que el en esos momentos director de seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch participó en la elaboración de “la verdad histórica”. Siendo alguien tan cercano al presidente, no se le podía permitir una salida abrupta de Encinas, de modo que lo mandaron a la campaña de Claudia Sheinbaum.
¿Qué puede sacar el presidente de su mágica chistera dentro de un mes para dialogar amistosamente con los padres de familia? El caso es patear el bote hacia adelante.
¿Y LA AUTORIDAD?
Desde luego, los padres de los desaparecidos pasan por un dolor terrible que hace explicables los excesos, pero con todo y eso, el presidente puso en jaque su autoridad. Todas las acciones violentas realizadas como parte de ls protestas fueron vistas con disimulo por López Obrador y sus subalternos, mientras los mexicanos veíamos una y otra vez las escenas de la camioneta de la CFE robada para derribar la puerta de palacio.
La autoridad está extraviada, bastante extraviada.
En Tuxtla, Guerrero, un vehículo robado por estudiantes de Ayotzinapa trató de brincarse un retén policíaco y terminó cosido a balazos. Murió uno de los jóvenes.
El hecho es grave e inusual. Los estudiantes de Ayotzinapa “toman” vehículos frecuentemente para movilizarse o para reforzar sus constantes acciones de protesta, sin que haya una reacción de parte de las autoridades. Hoy se fueron al otro extremo.
Es más lamentable el acontecimiento, cuando en ese estado, Guerrero, la delincuencia incurre en verdaderos actos de barbarie, con todo y los quince mil elementos del Ejército y la Guardia Nacional que supuestamente guardan la seguridad en Acapulco, además de los que fueron destacados en otros municipios.
Guerrero se ha convertido en el ejemplo más claro de la falta de autoridad y el empoderamiento del crimen organizado. Entre más se refuerza la vigilancia más impunemente actúan los delincuentes que exigen derecho de piso, se apoderan de las actividades económicas y siembran el terror entre la población.
Lamentablemente esos problemas se extienden por otros territorios, y aunque hay estados donde parece reinar la calma, también se dan casos que luego van escalando.
Por eso extraña mucho la insistencia en que sí funciona el plan de seguridad que el gobierno tiene en marcha y que se resume en la ya manida frase de “abrazos no balazos”, que con tanta emoción defiende hasta la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.
Por lo pronto, regresando al asunto de Tixtla, la Fiscalía General de la República anunció que atraía el caso del estudiante muerto a balazos y de entrada advierte que hará justicia ante lo que calificó
como un abuso de la policía municipal. Ojalá después de esto se decida a atraer los casos tan graves y frecuentes que el crimen organizado comete en esa lastimada entidad.
No sólo pasa en Guerrero. El viernes ocho de marzo mujeres de distintas organizaciones tomaron las calles del país para visibilizar los problemas que enfrentan en una sociedad incapaz de cambiar los patrones de conducta y ante un gobierno incapaz de mostrar al menos empatía con sus causas, más allá de la enumeración mecánica e interesada de propósitos que nunca intentan cumplir.
En la Ciudad de México el presidente mandó blindar el palacio en que vive, para asumir que como dijo su odiado Carlos Salinas, “ni las veo ni las oigo”.
En Sinaloa la indiferencia también fue la especie de respuesta ante consignas callejeras, sentidas algunas, interesadas otras: “un violador no será senador” suena mucho a PAS, pero tiene antecedentes que le dan espacio.
Pero en Zacatecas aplicaron la política guerrerense de “a ustedes sí”. La policía se lanzó contra jóvenes estridentes que manifestaban sus inconformidades. Los elementos policíacos fueron a detener salvajemente a varias menores de edad, a pesar de las exigencias de cientos de mujeres que incluso lloraban al ver los excesos.
El gobernador David Monreal, con esa sensibilidad que caracteriza a su familia y a su clase política, explicó que los elementos policíacos fueron acosados con las consignas que gritaban las muchachas y terminaron reaccionando, pero que magnánimamente ellas ya habían sido puestas en libertad.
El estrés de ese acoso, por lo visto, es más poderoso que el acoso que generan los delincuentes en un estado que pese a su reducida población, está entre los primeros lugares de asesinatos (Fresnillo, uno de sus municipios, es la ciudad de país en que la población tiene la más alta percepción de inseguridad). Claro que es más fácil ir a garrotear a unas chamacas gritonas e indefensas, que enfrentarse a asesinos armados hasta los dientes que además tienen influencia dentro de las propias corporaciones. Así serán buenos.
EL QUÍMICO Y LA
VIDEOTINTORERÍA
El problema de la impunidad es que además de evitar la justicia, alienta a la comisión de nuevas barbaridades.
Luis Guillermo Benítez Torres, El Químico, estimó que ya era tiempo de aparecer públicamente a defender su inocencia, a limpiar con un video su honra y la de su familia.
Todos los que tuvimos acceso a esta expresión, esperábamos grandes revelaciones o por lo menos grandes acusaciones, pues termina responsabilizando al gobernador y su delfín, En rique Inzunza Cázares, de lo que le pueda ocurrir. El caso es que al menos por sus dichos no puede ocurrirle nada porque no dijo nada. Que es inocente, que es víctima de una conjura, que él nunca ha robado nada, son aseveraciones huecas y superficiales.
Dice que él ganó la encuesta por la candidatura a gobernador. ¿Cuál encuesta? Morena las anuncia, pero no las lleva a cabo. Si en Mazatlán nadie lo quería mucho menos lo iban a preferir en
el resto del estado. Él sabe que si fue candidato a la reelección fue gracias a las decisiones verticales de su partido y sabe que si ganó fue porque tuvo al final el apoyo de brigadas extralegales que otros le acercaron y que “gradeció” peleándose con ellos.
Si este señor creyó que se limpiaría saliendo a anunciar que diría lo que no dijo, le salió el tiro por la culata, porque la reacción de los usuarios de las redes sociales fue airada y contundente. Si la indignación en su contra parecía haberse atemperado, aquí se reavivó. Es más: el Químico es en este momento un imoortante activo de campaña: quien use adecuadamente el caso tendrá de su lado a buena parte del electorado.
Qué pena que el Poder Judicial y la Fiscalía sean incapaces de hacer justicia a una sociedad que ha demostrado palmariamente estar harta de personajes como este.
Sólo me pregunto si el gobernador Rubén Rocha Moya realmente toma en cuenta expresiones como esta, cuando se encuentra bajo metralla no sólo local, sino nacionalmente, al parecer por la coyuntura electoral.
