Iguales, desde Lamberto
La impunidad política
La trampa de Ayotzinapa
FRANCISCO CHIQUETE
¿Por qué los sicarios se atreven a entrar a un hospital a rematar a un enemigo? Seguramente porque están seguros de que saldrán impunes, como han salido después de otras demostraciones de fuerza, como las realizadas durante los dos culiacanazos.vNo fue el caso. Esta vez en la Clínica Culiacán había vigilancia policíaca en torno a los dos heridos a quienes se pretendía rematar, y se armó una balacera, aunque a fin de cuentas ocurrió lo que pretendían los delincuentes: murieron los dos heridos y no sólo eso: también cayó un doctor, un joven pasante, en una de las injusticias más terribles que hayamos presenciado y que sin embargo no ha generado reacción alguna de las autoridades.
Este caso muestra una vez más que el optimismo de nuestros sucesivos gobiernos es injustificado en materia de (in)seguridad. A la hora en que los narcos y bandas, cuando sus necesidades de progreso o sobrevivencia lo marcan, reviven los enfrentamientos que tanto afectan a la sociedad, como vimos en la muerte de este joven pasante sacrificado por la barbarie.
No faltará de todos modos el momento en que alguien de las alturas o de las medianías vuelva a soltar de su ronco pecho que hemos avanzado y pacificado al estado, cuando la realidad es que estamos a expensas de que ya henos recordado aquí como “la pax narca”.
Ciertamente no es un fenómeno nuevo. Muchos recordaremos el corrido de Lamberto Quintero, que narra una ejecución, la del personaje central, y luego hubo una secuela: los sobrevivientes de la matanza fueron internados en un hospital, culiche, al que llegaron los enemigos de Lamberto a completar su obra.
El corrido, que forma parte de los hitos anuales del Facebook, reza “Clínica Santa María/ tú vas a ser mi testigo/ dos días después de su muerte/ vuelven a sonar los tiros/ ahí quedaron diez hombres/ por esos mismos motivos.
Eso pasó en 1976. Desde entonces ha habido varios capítulos semejantes en los que diferentes grupos delictivos asaltan instalaciones hospitalarias para rematar gente, lo mismo en clínicas particulares que en hospitales oficiales y hasta en la Cruz Roja de la capital del estado.
En guerra contra la delincuencia o en abrazos, no balazos, las estrategias han sido verdaderos fracasos que la sociedad paga con sangre.
LA IMPUNIDAD
EN LA POLÍTICA
A Omar García Harfuch le ha llovido en su aspiración de ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. La biografía traiciona y al exjefe policíaco le afloró la presencia en aquellas sesiones de las que salió la verdad histórica sobre los 43 normalistas desaparecidos en Guerrero hace nueve años.
La información soltada oficialmente establece que García Harfuch estuvo ahí y no lo dicen los neoliberales, sino el subsecretario encargado del caso, Alejandro Encinas. De todos modos, hasta el presidente dijo ya que sí, que estuvo, pero no participó; y si participó, no lo hizo en asuntos importantes.
En cualquiera otro caso esa sola sospecha habría bastado para descarrilar cualquier carrera política. No en la cuarta transformación, donde la impunidad es sello distintivo. Tanto, que el mismísimo doctor muerte, Hugo López Gatell, se dejó picar por el gusano de la política, y ahora quiere ser precisamente candidato a jefe de gobierno.
Que ese bárbaro, que manejó con las patas la crisis derivada de la epidemia de Covid, se crea con derecho a ser gobernante o a escudarse en la carrera política para evitar posteriores enjuiciamientos, vaya y pase. Pero que el jefe del clan, el presidente Andrés Manuel López Obrador avale la balandronada, es una muestra de que ya no hay capacidad para medir los daños cauados.
LOS 43: PROMESA
INCUMPLIDA
Desde que ocurrió la barbaridad de los normalistas de Tixtla, el presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces líder opositor, se montó en la ola de la indignación que cubrió a todo el país. Por interés legítimo y por interés político, se puso a la cabeza de las protestas. Ante la ineficacia de Enrique Peña Nieto se solidificó una narrativa según la cual, fueron las instituciones las que desaparecieron a los estudiantes y más aún: que los jóvenes estaban vivos, presumiblemente secuestrados en un campo militar.
Fue así que la lucha por la justicia se convirtió en una careada ideológica de la que no se han sustraído ni siquiera los padres de los desaparecidos, a quienes no se les ha dado una respuesta que les satisfaga, y no la tendrán, porque para empezar, los muchachos están muertos, incinerados y sus cenizas, esparcidas.
Hoy, cuando desde la presidencia, López Obrador confiesa que no ha cumplido con su compromiso y admite que no tiene más elementos de los ya conocidos, enfrenta el rechazo de los padres afectados, quienes lo golpean con lo que más le duele: acusarlo de retomar la narrativa de la vilipendiada “verdad histórica”.
La realidad es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha hecho otra cosa que perseguir a quienes bien o mal (más mal que bien), se encargaron de investigar el caso, y ocurre que mientras encarcela a exfuncionarios, quedan en libertad los que habían admitido y se les había probado participación en la tragedia de Ayotzinapa, porque no se trataba de hacer justicia, sino de “demostrar que fue el gobierno”..
