FRANCISCO CHIQUETE
Los agricultores sinaloenses compraron esperanzas. Como era previsible, la reunión del viernes con el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández terminó con la promesa de una nueva reunión, pero no una solución definitiva, ni siquiera una propuesta que pudiera encaminar hacia algún logro.
Desde la semana pasada se advirtió que el gobierno federal quería dar un escarmiento a quienes tenían tomadas las instalaciones de Pemex en varias plazas de Sinaloa. Por eso les canceló un encuentro ya pactado y una vez que soltaron Pemex se dignaron a darles nueva fecha.
El encuentro finalizó con una promesa: adquirir dos millones de toneladas de maíz, es decir, doscientas mil más de las que originalmente se había ofrecido, pero casi cuatro millones menos de lo que se necesita.
Hay una propuesta, la del gobernador Rubén Rocha Moya, quien habló de cotizar las cosechas mexicanas en una bolsa nacional, y no en las internacionales, que han tratado muy mal a nuestros maiceros.
El problema de esta propuesta es que todo redunda en la necesidad de que el gobierno mexicano subsidie los precios de garantía. De otro modo no se podrá mantener un nivel de pago aceptable. Los precios internacionales son una referencia demasiado importante como para desoírlos. La otra parte del problema es que el presidente no quiere entregar subsidios indiscriminados a los productores, insistiendo en que sólo respaldará a los pequeños, es decir, a la agricultura social y no a la comercial. Ya veremos si la semana próxima hay avances, como esperan los productores, quienes prácticamente han depuesto la actitud de guerra a que los empujó la inflexibilidad del gobierno federal.
EL AYUNTAMIENTO SUFRE CRUDAS REZAGADAS
Si los cálculos del alcalde Edgar González resultan acertados, Mazatlán habrá de renunciar a prácticamente todas las obras públicas proyectadas al menos para este año y el siguiente, pues las demandas de particulares afectados por decisiones anteriores, arrebatarán a la comuna prácticamente cada peso que no esté comprometido en el gasto fijo, y aún éste se verá muy ajustado.
Ocurre que hubo alcaldes llevados por el entusiasmo, que en su afán de concretar algún proyecto, arrasaron con intereses de particulares, y durante los años subsecuentes han abundado los juicios que no recibieron respuesta o por lo menos no una respuesta adecuada. Hoy están en condiciones de cobrar no sólo las indemnizaciones que originalmente exigían, sino unos enormes rendimientos financieros que no habrían alcanzado ni siquiera con las inversiones más jugosas del mercado.
Curiosamente muchos de esos casos se originaron en alguno de los tres gobiernos que encabezó Alejandro Higuera Osuna, quien por décadas ha presumido su gran capacidad ejecutiva, misma que hoy queda al desnudo, como ocurrió con el ya consabido caso del grupo ARHE. Recordemos que Higuera les otorgó un permiso para construir una gasolinera sin contar con la anuencia de los vecinos. Cuando éstos hicieron valer sus derechos, pararon el proyecto y el alcalde se desentendió del procedimiento jurídico. El resultado ya se conoce: hubo necesidad de indemnizar a los empresarios con 140 millones de peos, y eso porque la opinión pública presionó para evitar el abuso consentido por el exalcalde Luis Guillermo Benítez Torres, quien quería pagar 300 millones.
Así como esas gracias y desaseos han aparecido varias más, que podrían llegar a costar hasta mil millones de pesos. “Ay nomás pa’l gasto”. Algunos asuntos todavía se pueden enfrentar, pero más de la mitad de esa cantidad parece ya muy comprometida.
La borrachera del poder siempre trae resacas. Por desgracia no son los responsables los que sufren la cruda, sino la sociedad.
CON EL QUÍMICO, PASITO TUNTÚN
A propósito de impunidades, el evidenciado expresidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres va a paso de tortuga, pero seguro, de alcanzar la impunidad.
¿Qué ha hecho el Químico? Muy simple: por angas o por mangas ha conseguido que se posponga la audiencia inicial de su proceso judicial. La última vez fue un súbito ataque de alta presión del defensor de uno de los colaboradores del ex alcalde y por supuesto, en el juzgado fueron tan humanos que se decidió posponer la sesión.
El exfuncionario fue separado de su cargo como alcalde de Mazatlán el 26 de octubre del año pasado, con la modalidad de renuncia. Ese mismo día se le designó como secretario de Turismo en Sinaloa- En febrero anterior lo despidieron de esa secretaría para que enfrentara el procedimiento judicial, y después de tres meses sigue sin determinarse su situación jurídica.
Desde el momento en que se conoció la acusación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (en realidad desde antes) se supo que el Químico no sería enjuiciado a fondo, y que su proceso sería un formulismo para declararlo culpable pero sin que se le sancione con el encarcelamiento tan exigido y mucho peor aún: sin devolver las grandes cantidades de dinero que andan volando, según las auditorías estatales y federales.
Es la ventaja de la pertenencia, aún cuando se sea la oveja negra de la familia.
LAS VÍAS COMPLEMENTARIAS DE LA JUSTICIA SINALOENSE
Aunque a estar alturas todo mundo la sabe, no deja uno de asombrarse ante la confirmación de lo que parecía un mal chiste: nuestra fiscal sinaloense, Sara Bruna Quiñones, dedica cinco mil pesos mensuales y el tiempo de sus colaboradores más cercanos, a desestresarse mediante la práctica del yoga.
En un estado donde la criminalidad está oficialmente abatida, pero revive cada día, la persona encargada de procurar la justicia prefiere andarse con el ejercicio a la orden del día sin olvidar la savasana, las asanas, los mantras y los pranayamas.
El gobernador ya reaccionó a la revelación confirmada por ella misma y dijo que es una buena mujer. No nos extrañemos de que en Sinaloa cambiemos el “abrazos no balazos” por el namasté para cada criminal al que se requiera someter a juicio.
