FRANCISCO CHIQUETE
¿Puede dividirse el país? No se trata de la polarización, que ya existe, sino de una fractura real, como advierten los diez gobernadores llamados federalistas, que hoy van contra el pacto fiscal, pero que si siguen ignorados, podrían escalar sus acciones o sus amenazas a límites insospechados.
Sus posturas tienen una parte correcta y otra absurda, incluso egoísta.
Todos sabemos que el pacto fiscal es injusto, que el gobierno federal desde siempre se ha quedado con la parte del león a la hora de repartir los recursos públicos del país, dejando a los estados con apenas un poco más de la quinta parte.
Por supuesto, esta concentración de recursos hace que el presidente, quien sea que allá estado en esa posición, puede hacer lo que le de su gana, toda vez que es él quien tiene la capacidad de decidir en qué se invierte y en qué no. Los estados, por su parte, reciben recursos que apenas les alcanzan para solventar el gasto administrativo.
Eso hace que los gobernadores hayan terminado por ir a la Ciudad de México a estirar la mano como si fuese para eso que se les elije, y no para planear el desarrollo, para ejecutar las acciones más adecuadas, y para establecer, en coordinación con la federación, las mejores condiciones en materias como educación, salud y seguridad, entre otras.
Al presidente Andrés Manuel López Obrador le estalló el problema sin haberlo generado, aunque sí atizó la radicalización de sus “contrincantes” porque en su gobierno se han reconcentrado facultades y presupuestos que ya se habían desconcentrado en abono al espíritu federalista que tanto se ha enarbolado en el país, pero que en la práctica nunca se ha ejercido a plenitud.
¿Cuál es la parte oscura de estos reclamos de los “federalistas”? Por supuesto la jactancia de pretender que se les regresen íntegros los recursos fiscales que sus estados generan.
Es cierto que el gran trabajo de la industria pesada neoleonesa, la industria extractiva y transformadora de Coahuila, la maquila jalisciense, la guanajuatense, la producción primaria tamaulipeca y chihuahuense, por citar algunos, han logrado grandes rendimientos, pero también deben admitir que es justo el principio de subsidiareidad en que está organizada la República, y que por ello es justo que quienes más dinero generan apoyen con recursos a los más desprotegidos, pues además muchas veces la materia prima que aquellos transforman, provienen precisamente de los estados más pobres, que también les envían buena parte de la alimentación y hasta de la mano de obra.
Así como hay razones de los estados inconformes para exigir menos concentración del dinero, la hay del presidente para buscar equilibrar el desarrollo de las zonas más desprotegidas.
El problema de fondo aquí es la falta de capacidad para dialogar, para buscar soluciones. Es absurdo que por diferencias de percepción o de concepción, el presidente decida ni siquiera recibir a un gobernador, mucho menos a los diez juntos, cuando se supone que los políticos buscan sus posiciones para buscar respuestas, no para enconar las broncas.
También es indecente que los llamados “rebeldes” deslicen la amenaza de dividir a un país que en doscientos años ha vivido problemas incluso más serios, sin que ocurra la fractura que ahora esgrimen.
Pero de uno y de otro lado se advierte la sinrazón. Ocho gobernadores de Morena se lanzaron a defender al presidente cuando éste todavía no da un paso para buscar una solución consensuada. Por supuesto que hay mucho de política y mucho más de electoral en la posición beligerante, pero también se advierte esto en el gobierno federal. Después de todo al presidente le corresponde la responsabilidad de hacer que el país marche adecuadamente, sin que se le fracture,
