La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación dictaminó iniciativa para crear en Sinaloa la Ley de Austeridad, a través de la cual prohíbe a los servidores públicos atención médica privada, utilizar vehículos del Estado para uso particular o familiar, disponer de aeronaves oficiales para asuntos particulares, entre otros.
El objeto del presente dictamen, es establecer en Sinaloa criterios de austeridad, racionalidad y transparencia a los que debe sujetarse el gasto de los Poderes de Estado, los municipios y órganos autónomos.
Con excepción de las áreas de salud, seguridad pública, procuración de justicia y protección civil, ningún otro ente público, dependencia o entidad, podrá asignar nuevas líneas de telefonía celular a los servidores públicos.
Todo gasto que realicen los Poderes del Estado, los municipios y los órganos autónomos, así como el de sus respectivas dependencias y entidades públicas, estará sujeto al principio de máxima publicidad.
No se dispondrá de partidas presupuestales destinadas al pago de servicios médicos privados para el personal de mandos medios y superiores, y sus dependientes económicos.
Todo servidor público, con independencia de su cargo o jerarquía, tendrá derecho al mismo servicio médico general.
Sólo en casos extraordinarios, cuando peligre la vida y siempre que el servicio médico general que se presta al Estado al municipio no cuente con la especialización médica o tecnológica que se requiera, se podrá autorizar el pago de gastos médicos particulares, cuando la pérdida de salud sea inherente a su trabajo en el servicio público.
Los servidores públicos en ningún caso podrán cubrir con cargo al erario, viajes con motivos personales al extranjero.
Sólo se autorizarán las plazas que requieran las áreas operativas de salud, educación, seguridad pública y protección civil.
No se otorgarán licencias sindicales con goce de sueldo, a excepción a las que establezcan los convenios sindicales y contratos colectivos.
No se podrán utilizar recursos del erario para financiar planes de crédito para la adquisición de cualquier tipo de vehículo, propiedad de los servidores públicos.
En el dictamen se establece bajo en que circunstancias los vehículos podrán sustituirse y las nuevas unidades que se adquieran no tendrán un valor superior a 9 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, con excepción de patrullas, carros recolectores, ambulancias.
Los vehículos propiedad del Estado o los municipios y demás entes públicos en ningún caso podrán ser destinados para el uso particular o familiar de los servidores públicos.
No se podrá disponer de aeronaves oficiales o mediante alquiler para el traslado de los servidores públicos, quienes en todo caso utilizarán aeronaves comerciales.
Este dictamen fue elaborado por la Comisión de Puntos, analizando dos iniciativas: una presentada por diputados de Morena de la actual legislatura, así como por los petistas Mario Rafael González Sánchez, Marco César Almaral Rodríguez y Eleno Flores Gámez; y por la pesista, Karla de Lourdes Montero Alatorre.
La otra iniciativa que se analizó, fue la presentada por el ciudadano Mario Ímaz López y ratificada el 16 de octubre de 2018.
El dictamen para crear la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa fue firmado por Horacio Lora Oliva, Gloria Himelda Félix Niebla, Édgar Augusto González Zataráin, María Victoria Sánchez Peña y por Flora Isela Miranda Leal, diputados de la Comisión de Puntos.
