Gustavo Mohar, ex subsecretario de Gobernación, dijo que México y EU han adolecido de una política para el combate al tráfico de armas, drogas y personas.
A pesar del discurso humanitario, el Gobierno de México ha implementado una política criminalizante contra los migrantes al delegar las funciones del control de las fronteras a la Guardia Nacional, sin que esto implique tomar medidas para inhibir el tráfico de personas, armas o drogas y se combata a grupos crimínales.
Adela Navarro, directora del Semanario Zeta de Tijuana, destacó que de acuerdo al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, actualmente se han identificado 19 estructuras criminales en el país, menos que las 80 identificadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, de estas, el Cartel Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa y el de los Arellano Félix se disputan de manera violenta la frontera norte sin que nadie haga nada por detenerlos y esto se traduce en impunidad para cometer los delitos antes señalados.
Durante el foro virtual “Las Fronteras de México: migración, violencia y fricción política”, organizado por Causa en Común, Gustavo Mohar, presidente del Grupo Atalaya y ex Subsecretario de Migración, Población y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, explicó que el país se encuentra ubicado en una zona propicia para el cruce de drogas, armas y actualmente no sólo el cruce sino la permanencia de migrantes a quienes se les criminaliza y persigue.
Abundó que a la par de este problema, México y Estados Unidos han adolecido de una política para el combate al tráfico de armas, drogas y personas, porque no se realizan investigaciones ni se persigue a los grupos criminales que no sólo lucran con el traslado de migrantes, sino que los explotan, secuestran y abusan.
Adela Navarro, resaltó la gravedad de la crisis migratoria en la frontera norte, ya que diariamente Estados Unidos expulsa hacia México a 150 migrantes centroamericanos que no son deportados sino que están a la espera de una cita en aquel país para definir su situación jurídica; actualmente hay albergues como El Chaparral con más de 2 mil personas y otros que reciben de 100 a 150 diarios en espera de cruzar.
Agregó que actualmente existen cuatro clasificaciones: los que esperan su cita en EU para asilo o Refugio; los expulsados hacia México para que este país se encargue de su seguridad; los que son abandonados por los traficantes de personas y los desplazados mexicanos por la violencia que esperan cita para solicitar asilo en aquel país.
María Elena Morera, directora de Causa en Común lamentó que en lugar de buscar una solución efectiva al flujo migratorio, México haya accedido a militarizar la frontera durante el gobierno de Trump presionado por los aranceles, luego de darle la bienvenida a los migrantes, y ahora con el gobierno de Biden a cambio de vacunas, por lo que avizoró “una crisis humanitaria que va para largo”.
