Ex funcionarios y servidores públicos fueron señalados y encarcelados este año por delitos como tortura, delincuencia organizada, lavado de dinero y sobornos.
Entre la clase política, algunos representantes de ésta resaltaron en 2021, pero no precisamente por su labor legislativa o algún mérito, sino por estar presuntamente relacionados con la delincuencia organizada, lavado de dinero y sobornos.
Algunos de sexenios anteriores y otros de la actual administración, de los cuales unos están en cárceles junto con narcotraficantes y delincuentes de gran talla, mientras que otros aún siguen en espera de librarse de algunas acusaciones y no pisar una celda. Entre ellos destacan los siguientes nombres.
Francisco García Cabeza de Vaca
El 23 de febrero, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para proceder en su contra por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.
Al día siguiente, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aseguró que el procedimiento en contra del gobernador de Tamaulipas se realizaría con transparencia y no habría «venganza de ningún tipo».
En conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el fiscal indicó el 24 de febrero que las pruebas de las denuncias contra el gobernador se entregarían a todos los diputados, para que pudieran tener acceso al caso.
El 3 de marzo, Francisco Javier Cabeza de Vaca, acusó que la solicitud de desafuero en su contra contenía suposiciones y especulaciones y aseguró que no existía evidencia alguna de que la investigación proceda de la actuación de agencias de Estados Unidos.
A través de su cuenta de Twitter, fijó postura sobre el inicio del proceso de desafuero en su contra; descartó que la investigación sea por huachicoleo (robo de combustible) o narcotráfico, como se ha especulado, y detalló que se le acusa de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal.
El 4 de mayo, en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó la declaratoria de procedencia de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas; un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el mandatario estatal ya no contaba con el fuero constitucional, pero indicó que el tema debía esperar hasta que fuera resuelto por la Corte, pero ésta admitió a trámite dos impugnaciones en contra de la reforma mediante la cual el actual Congreso de Tamaulipas blindó al gobernador contra un posible intento de la próxima legislatura para retirarle el fuero.
El 19 de mayo, la FGR obtuvo una orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Funcionarios de primer nivel, quienes encabezan la indagatoria, confirmaron que se emitió la orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca por dos delitos adicionales a la defraudación fiscal, por el que la Cámara de Diputados aprobó retirarle el fuero.
Jorge Luis Lavalle
Tras ser extraditado a México, Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), se dio a conocer que supuestamente envió más de 52 millones de pesos a los legisladores del PAN para votar a favor de las reformas estructurales, entre ellas, la energética; dinero emanado de la empresa brasileña Odebrecht.
Uno de los legisladores que supuestamente habría recibido dinero es Jorge Luis Lavalle, ex presidente de la Comisión de Administración del Senado quien rechazó dichos señalamientos.
“Es absolutamente falso que haya recibido algo a cambio de mi voto y trabajo para lograr la aprobación de la iniciativa panista que se transformó en la reforma energética. Esta reforma fue planeada desde hace muchos años por el PAN y resulta absurdo que se pretendan ligar los malos manejos que se hicieron en la administración anterior con la aprobación de una reforma que era y sigue siendo necesaria para México”, subrayó.
Emilio Lozoya mencionó a Jorge Luis Lavalle Maury como parte del grupo de senadores del PAN que lo extorsionaba, acudiendo a sus oficinas para exigir hasta 50 millones de dólares para votar a favor de la reforma energética. Según el ex director de Pemex, Lavalle tenía “proyectos políticos” en Campeche y esa era su excusa para pedir más dinero, llevar a contratistas cercanos para que Pemex los favoreciera y amenazaba con boicotear la reforma energética “si no recibían sus sobornos”.
***Prisión preventiva***
El 17 de enero, Jorge Luis Lavalle Maury, fue citado por la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer respecto a las declaraciones que realizó Emilio Lozoya, en su contra; institución que judicializó la carpeta de investigación que integró contra el ex senador.
El 4 abril, la FGR solicitó la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Jorge Luis Lavalle Maury, mientras se resolvía su situación jurídica. La FGR argumentó que el ex legislador no tenía domicilio fijo y los vecinos no lo reconocen en el domicilio señalado, además de que tiene varias salidas del país.
Cinco días después, un juez federal decretó dicha medida cautelar contra el ex senador por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, Lavalle Maury fue ingresado al reclusorio Norte, pero el 13 de ese mes fue vinculado a proceso por presuntamente recibir sobornos de Odebrecht para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado.
Roberto Sandoval
El 6 de junio, Fuerzas Federales aprehendieron al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, y a su hija Lidy Alejandra Sandoval López, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras un operativo en el municipio de Linares, Nuevo León.
Funcionarios federales informaron que el operativo fue coordinado por la Fiscalía General de la República (FGR), en el cual participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Coordinación Nacional Antisecuestro.
En 2019, Estados Unidos señaló al ex gobernador Sandoval Castañeda de estar vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación(CJNG). Posteriormente, fue trasladado ante un juez federal ubicado en el Cefereso El Rincón Número 4, con sede en la ciudad de Tepic, para ser presentado y rendir su declaración por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Un día después de ser detenido, un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada al ex gobernador de Nayarit en el periodo de 2011 a 2017. Durante la audiencia inicial, se determinó que Lidy Alejandra Sandoval López, hija del ex mandatario, permanecería en libertad hasta el 12 de junio.
Justamente ese día, un juez de control vinculó a proceso a Roberto Sandoval, por el delito de ejercicio indebido de funciones. Por ello, el ex funcionario se mantendría en prisión preventiva por lo menos durante cuatro meses, para el cierre de las investigaciones complementarias, y el juez de control dicte sentencia.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit informó el 16 de junio que se cumplimentó una tercera orden de aprehensión contra el ex gobernador, por delitos relacionados al llamado caso Prosa, derivado de la investigación en el manejo del programa.
En un comunicado, la FGE detalló que esta orden de aprehensión fue girada y cumplimentada por los delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado y delitos electorales en agravio de la sociedad. De acuerdo con la indagatoria, de 2013 a 2017, el Programa de Seguro Alimentario (Prosa) operó mediante una organización formada por coordinadores, gestores y jefes de familia, con base en una estructura personal y familiar de Roberto Sandoval Castañeda, conformada por su círculo familiar y colaboradores cercanos.
Fue el 11 de noviembre que un juez federal rechazó amparar al ex gobernador de Nayarit, quien buscaba enfrentar en libertad el proceso que se le sigue por presuntos delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado, y delitos electorales.
Información por MILENIO
