*Más de 800 familias han resultado afectadas
*A pesar de las negociaciones no se ha llegado a ningún acuerdo
Los habitantes de las comunidades afectadas por la construcción de la presa Picachos, situada entre Mazatlán y Concordia, persisten en su lucha, buscando compensación por los impactos sufridos, más de 800 familias resultaron afectadas, pero solo 7 comuneros y alrededor de 146 hectáreas cuentan con protección en el amparo, dejando a la mayoría sin respaldo.
En una declaración hecha está mañana, Alma Barraza Gómez, abogada de los 7 comuneros amparados, informó que están a la espera de que el Tribunal Colegiado en materia Administrativa ordene al Gobierno del Estado cumplir con el pago por la ocupación ilegal de parcelas destinadas a la presa.
La lucha se remonta a 2010, cuando el Juez del Décimo Distrito falló a favor de los afectados, otorgando la suspensión definitiva del amparo 738/2010 y sus acumulados 640/2011 y 2003/2014.
Barraza Sánchez reveló que, a pesar de negociaciones recientes con el subsecretario de Finanzas de Sinaloa, no se llegó a un acuerdo, pues el estado ofreció 1.35 pesos por metro cuadrado, 13 mil 599 pesos por hectárea, cifras considerablemente inferiores a los avalúos de 2014, que superaban el millón de pesos.
La abogada destacó que, según el amparo ganado, el gobernador Rubén Rocha Moya argumentó que no era posible restituir las tierras, ya que quedaron dentro del embalse.
Ante esta situación, se propone realizar un cumplimiento sustituto, es decir, un pago económico en compensación, la comunidad aguarda la decisión del Tribunal para avanzar en la resolución de este conflicto que ha marcado la vida de cientos de familias.
