Con total falta de probidad por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y una evidente intención de sólo ensuciar la imagen de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y sus autoridades, en audiencia que duró 10 horas, el Juez de Control Carlos Alberto Herrera vinculó a proceso a integrantes del Comité de Adquisiciones y al doctor Jesús Madueña Molina y estableció como medida cautelar la separación temporal de su cargo como Rector a pesar de que está separado de dicha responsabilidad desde octubre de 2023.
Los fiscales en un afán por conseguir la imputación y vinculación insistieron en que los universitarios son servidores públicos, que los recursos utilizados para la adquisición de servicios de mecánica en general, cambio de llantas, mantenimiento de unidades automotrices, entre otros, realizados en 2022, se hicieron con recursos de Gobierno del Estado sin ser licitados, que los actos se realizaron de manera dolosa y expusieron montos de manera confusa.
El abogado defensor Alfonso Carlos Ontiveros Elguezabal argumentó que es práctica recurrente de la Fiscalía la deficiencia en la integración de las carpetas de investigación y sus investigaciones no son congruentes ni exhaustivas, pues no presentaron datos de prueba que sustentara la conducta dolosa, además recurrieron los fiscales a una jurisprudencia que no está vigente y que señala que los recursos que llegan de la federación a Gobierno Estatal son estatales cuando en realidad nunca pierden su carácter de federales o federalizados.
El defensor Milton Ayala Vega aseguró que en 2022 Gobierno Estatal no entregó a la UAS recursos fiscales propios y como prueba de ello precisó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) los auditó porque eran recursos federales, se auditó el 94.3 por ciento de los recursos como muestra representativa y no se encontró ninguna irregularidad en la aplicación de los recursos.
Indicó que el monto de las facturas presentadas no corresponde al que señaló la Fiscalía quien también expuso que sólo se encontraron 9 facturas canceladas cuando en realidad son 103, además cuestionó que se haya puesto de ejemplo el pago de un radiador y su instalación y la instalación de una llanta a sobre precio sin determinar el tipo de carro al que se le dio el servicio pues los costos varían de un tipo de unidad a otra.
El Representante Legal de la UAS, licenciado Yamir de Jesús Valdez Álvarez, externó al Juez que la Fiscalía se dirigía sin probidad, la calificó de corrupta, que sólo busca dañar la imagen de la Universidad con sus argumentos que sólo trataban de confundir al Juez, mientras que el Asesor Victimal, doctor Ramón Bonilla Rojas, manifestó que todos pueden desconfiar de la Fiscalía Estatal porque realiza procedimientos “desaseados e irregulares” que ocasionaron la renuncia de su titular Sara Bruna Quiñónez por lo que se podía asumir que esta carpeta está viciada.
Al respecto el abogado Ontiveros Elguezabal presentó formalmente de manera oral en plena audiencia denuncia o querella en contra de la ex Fiscal y quien resulte responsable por la forma en que se llevó la investigación de los hechos ocurridos el 25 de julio, se la presentó a los 5 fiscales para efecto de que se aboquen a las investigaciones correspondientes.
El Juez dictó como medida cautelar para todos los imputados acudir a firmar cada mes y no salir del país previo permiso del Juez, y separar temporalmente del cargo que ostentaban en 2022 al doctor Madueña Molina, al arquitecto Jorge Pérez Rubio y a la doctora Soila Maribel Gaxiola Camacho, a esta última la Fiscalía planteó se le separara de su cargo actual como directora de la Facultad de Veterinaria, pero el juzgador no accedió.
Los abogados defensores calificaron de incongruente, ilegal, como un exceso y medida desproporcionada la resolución del Juez quien dio tres meses para la investigación complementaria y dejó cancelada la orden de aprehensión que había contra el doctor Héctor Melesio Cuén Díaz para que se presentara a declarar, lo cual hizo esta ocasión vía zoom.
