Una de las piezas claves del cártel de Guerreros Unidos en EU se declaró culpable y accedió a entregar toda la información con respecto al trasiego de drogas desde Iguala hasta Chicago.
Una de las piezas claves del cártel de Guerreros Unidos en EU se declaró culpable y accedió a entregar toda la información con respecto al trasiego de drogas desde Iguala hasta Chicago, sin embargo, el gobierno ha clasificado como secreta la información del acuerdo de culpabilidad.
El narcotraficante Pablo Vega, líder de Guerreros Unidos, llegó a un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos, mientras que su socio Jorge Rodríguez otro lugarteniente del cártel, se encuentra en negociaciones que se concretarán en el mes de septiembre con lo que oficialmente quedará cerrado el caso Ayotzinapa en ese país.
Y es que según información que recabó la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA) a través de la intercepción de decenas de mensajes a su Blackberry, esta organización dedicada al tráfico principalmente de heroína, tuvo conocimiento del secuestro y desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, en Guerrero.
La liga de Vega con el caso Ayotzinapa recae en que a través de estos mensajes los investigadores encontraron que el narco coordinó el envío de droga en esas fechas en camiones comerciales, tales como los que utilizaron los normalistas el 26 de septiembre del 2004.
Y esa ha sido una de las líneas de investigación que busca esclarecer lo que sucedió la noche del 26 de septiembre en Iguala. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha revelado que esta hipótesis es conocida como “el quinto camión”, en la que se vinculan los hechos de Iguala a un operativo para proteger el tráfico de droga que Guerreros Unidos coordinaba en el estado.
Los pactos
Documentos de las Cortes del Distrito Norte de Illinois y la Fiscalía de Estados Unidos, revelan que el cabecilla de la organización desde el pasado 20 de abril se declaró culpable después de siete años en prisión, de cargos relacionados con tráfico de drogas en camiones de pasajeros de México a Estados Unidos.
Los documentos también detallan que hubo un acuerdo de culpabilidad entre el gobierno de Estados Unidos y el narcotraficante, sin embargo, en una audiencia la corte decidió clasificar como reservados los términos así como la información que intercambió.
Lo mismo sucedió con José Rodríguez, otro miembro de la organización, quien el próximo 1 de septiembre se declarará culpable de todos los cargos, luego de llegar a un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de ese país.
Y es que según la Fiscalía estadunidense la base de operaciones de este cártel con sede en Guerrero, estaba conformada por ocho personas. Se publicó en septiembre de 2019 que tres de ellos ya habían sido liberados por el gobierno de Estados Unidos por buena conducta o extraordinaria cooperación.
Los liberados fueron Alexander Figueroa, Isaías Mandujano y Eliseo Betancourt-Pereira luego de cumplir penas por tráfico de drogas; jamás fueron juzgados por la desaparición de estudiantes en Guerrero. Mientras que Arturo Martínez no se encontraba en custodia.
Los privilegiados
Otro de los integrantes de Guerreros Unidos, Wilfredo Flores Santos, según el Buscador del Buró Federal Prisiones también fue liberado en el año 2015. No solo él: expedientes judiciales revelan que en el caso de Roberto Sánchez, otro de los acusados, la corte determinó que no tenía que ser encarcelado porque no había un riesgo de fuga o un peligro para la sociedad.
Pagó una fianza de 200 mil dólares y se le dictó arresto domiciliario, sin embargo, su expediente da cuenta que se le otorgaron permisos para acudir a la primera comunión de su hijo, a la graduación del octavo grado de otro hijo, entre otras concesiones especiales. Más tarde se le concedió la eliminación de la medida que lo mantenía en casa.
Los únicos que estaban en el banquillo de los acusados de toda la organización de los Guerreros Unidos en Estados Unidos eran su cabecilla Pablo Vega y su cómplice José Rodriguez. Sin embargo, con los acuerdos celebrados apenas hace unas semanas y tras llegar a una negociación con Estados Unidos, se enfilan a seguir el destino jurídico de sus otros colaboradores.
Mientras tanto, en México, el próximo 26 de septiembre se cumplen siete años de la desaparición de 43 normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, sin que las autoridades hayan esclarecido qué pasó esa noche.
De hecho el pasado mes de mayo de este año, el presidente Andres Manuel López Obrador reveló que habían solicitado a Estados Unidos un expediente que podría estar ligado al caso Ayotzinapa y aunque no reveló más detalles todo apunta a que se podría tratar del caso de Pablo Vega y sus colaboradores.
A pesar de esto, el caso de los Guerreros Unidos se cierra en tribunales de Estados Unidos con el acuerdo de Pablo Vega, mientras que en México uno de los principales implicados en el caso, Mario Casarrubias “el sapo guapo” murió en prisión el pasado 26 de julio. Casarrubias fue cofundador de este cártel en México y según las autoridades mexicanas estaba entre los responsables de lo que sucedió en Ayotzinapa. Falleció en el Altiplano por complicaciones derivadas de coronavirus.
Información por MILENIO
